Tras tocar sus mínimos bursátiles del año durante un mes de octubre en el que Enagás dejó frío al mercado con su presentación trimestral de resultados, la empresa presidida por Antonio Llardén recibió un capote en materia ESG por parte de una Standard & Poor's que, sin embargo, proyectó sombras en cuanto a su gobernanza.

En su último informe sobre la gasista española, S&P otorgó a Enagás una puntuación de 72 sobre 100 en su evaluación ESG.

Una nota que, si bien era inferior a la de otras empresas españolas del IBEX 35, como Red Eléctrica o Acciona Energía, se situaba ligeramente por encima de los estándares medios de la industria gasista.

"La evaluación ESG de 72 sobre Enagas refleja la opinión de S&P Global Ratings sobre la gestión de los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza de la empresa, combinada con su adecuada preparación para responder a posibles futuros problemas", matizó el informe de S&P.

"A pesar de que los operadores de transporte de gas se enfrentan a riesgos medioambientales moderados, Enagas ha definido un plan ambicioso y claro para reducir su huella ambiental indirecta, que representa más de tres cuartas partes de sus emisiones de gases de efecto invernadero", añadió.

Desde S&P, además, se señaló que la empresa española "supera a sus pares en la gestión de residuos, y en su estrategia de capital natural y de biodiversidad".

La agencia también resaltó que "la red de infraestructuras de Enagás es fiable", y que su seguridad está bien gestionada, destacando el compromiso de su plantilla a la hora de apoyar "la responsabilidad pública de la empresa de garantizar la seguridad del suministro de gas en toda España".

La preocupación de S&P, no obstante, pasaba por el hecho de que el equipo directivo de Enagás, a pesar de contar con "la experiencia relevante para las necesidades de negocio y la estrategia de la empresa", puede ser muy nuevo, y estar influido por la esfera política.

Las cartas de Enagás para hacer frente a dos riesgos de la transición energética

Tal y como explica el informe de S&P, los transportistas de gas como Enagás tienen que buscar soluciones a dos riesgos medioambientales fundamentales.

Uno pasa por cómo reducir las emisiones de gases invernadero como el metano, y el otro es cómo transformar su modelo de negocio y dejar atrás el transporte de gas.

"Debido a la aceleración de la transición energética, la infraestructura del gas tendrá que adaptarse a combustibles más respetuosos con el medio ambiente, como el biogás y el hidrógeno, o corre el riesgo de convertirse en un activo inmovilizado", detalló el informe de S&P.

"Las empresas de gas están expuestas a posibles riesgos normativos y de reputación derivados de la generación de residuos peligrosos, y del impacto en el hábitat de los corredores de los gasoductos", agregó.

Desde S&P, sin embargo, se valoró positivamente que la empresa haya explicado al mercado su objetivo de reducir sus emisiones en un 25 por ciento para 2030 y en un 50 por ciento para 2040, así como el hecho de que contemple "un gasto total de 690 millones de euros en infraestructura de hidrógeno renovable en el periodo comprendido entre 2022 y 2030".

El tamaño y experiencia del equipo directivo de la compañía hace dudar a S&P

Al margen de la buena opinión de S&P respecto a los planes de futuro de la compañía, que no tuvieron la misma buena recepción por parte del mercado, otro elemento destacable del informe de la agencia era la valoración que hacía de su equipo de gobierno.

Con un 72 sobre 100 en la evaluación general, la gobernanza de la empresa es uno de los puntos más fuertes del análisis de S&P.

Sin embargo, la institución también destacó que "la composición actual del consejo es bastante nueva, dado que casi el 50 por ciento de los miembros fueron nombrados en 2021 o 2022, incluido el consejero delegado".

El informe ESG de la agencia, además, apuntó que, con 15 miembros, "el consejo es más grande que el de otras empresas que cotizan en bolsa (normalmente entre 9 y 12), lo que podría hacer compleja la toma de decisiones".

"Además, la mayoría de los consejeros nombrados han tenido responsabilidades públicas vinculadas al gobierno actual, o a otros partidos políticos (11 de 15 miembros), lo que limita nuestra opinión sobre su independencia", afirmaron los analistas de S&P.

Un factor que, a ojos de la agencia, "aumenta el riesgo de influencia indebida y de sobrerrepresentación gubernamental (por encima de la participación del 5 por ciento de SEPI), así como de infrarrepresentación de los accionistas minoritarios".