Las vertiginosas sesiones vividas la semana pasada por el sector energético español todavía no han terminado. Mientras que los analistas trabajan a contrarreloj para ajustar la valoraciones del sector energético y de las empresas de renovables, el sector espera que, públicamente, el ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que lidera Teresa Ribera, matice alguna de las partes más polémicas del Real Decreto publicado la semana pasada. No obstante, este encuentro no aparecía en la agenda de la ministra para el lunes.

Está previsto que la ministra participe en el acto del Enerclub, que entrega sus premios anuales este lunes 20 de septiembre, y la expectativa del sector es que dé a conocer alguna rectificación sobre la aplicación de las medidas para reducir los precios de la luz en el sector de renovables.

En concreto, estas compañías estarían esperando un paso atrás a la hora de aplicar el ajuste del precio del gas en los contratos PPA (Power Purchase Agreement), que fijan un precio de compra y venta entre el vendedor y el comprador, y que no se ven afectados por la evolución del precio del gas.

Muchos proyectos de renovables cuentan con esta estructura -el precio de venta de la energía se pacta en su firma-, lo permite, además, financiarlos.

De hecho, desde una la perspectiva financiera -y aquí también están expuestos los bancos u otros posibles inversores que otorgan crédito a los promotores de este tipo de instalaciones-, estos contratos se consideran de bajo riesgo porque es fácil calcular el retorno y las retribuciones se pactan a largo plazo.

En los términos actuales del Real Decreto, estas instalaciones también tendrían que 'devolver' coste, a pesar de que los precios no están vinculados a la evolución de los precios de los hidrocarburos.

Desde el sector de renovables han insistido en que les fuerza a entrar en pérdidas, colocándolas en quiebra.

Mitigar el golpe en bolsa

España no cuenta con un buen 'track récord' en lo que a cambios regulatorios se refiere en materia de renovables, que han acabado en litigios en varias ocasiones con inversores y que ahora podría abrir una nueva batalla legal con las empresas del sector.

Estos antecedentes fuerzan un mayor escrutinio para España, por lo que una matización rápida de Teresa Ribera tranquilizaría a unos inversores, a los que se les están requiriendo fuertes inversiones para que España pueda cumplir con sus objetivos en materia de descarbonización.

El impacto en las empresas del sector, que son numerosas y algunas muy relevantes para la evolución de la bolsa española, está siendo muy fuerte:

Iberdrola. Las acciones del valor que más pesa en el IBEX se dejaron la semana pasada un 7,11 por ciento, golpeadas por los cambios normativos.

Endesa. Fue el peor valor del principal índice español la semana pasada, con pérdidas de 9,5 por ciento en cinco sesiones.

Naturgy. La compañía que lidera Francisco Reynés también despidió la semana en números rojos -aunque de tan solo un 0,64 por ciento-, gracias al sostén de la OPA de IFM. El consejo no venderá títulos en la oferta, aunque no ha podido justificar que el precio no sea razonable.

Solaria. La cuarta energética del IBEX se dejó un 2,06 por ciento la semana pasada.

Independientemente de su comportamiento, el sector se puede ver sometido a medio plazo por más presión desde el mercado si las puntualizaciones no son claras.

Por el momento, España ha sido el único país europeo en dar una respuesta de este tipo a la subida de los precios energéticos, algo que podría perjudicar a las empresas españolas respecto a sus competidoras en Europa.