El activismo climático no está dispuesto a perder protagonismo tras la COP 26 y ha empezado el año prometiendo que va a dar que hablar los próximos meses.

El mayor asesor de voto del mundo ya ha anticipado que será más exigente con las compañías objetivos de Climate Action 100+ durante la temporada de juntas de 2022 y las ONGs que se han ido especializando en esta materia continúan alentando campañas.

El británico Share Action mantiene una abierta sobre la banca firmante de la Net Zero Banking Alliance, y ahora Milieudefensie, que se ha hecho famoso por forzar a Shell a limitar sus emisiones en Holanda (le ganó en los tribunales) ha lanzado una campaña para que otros pesos pesados mundiales (a los que señala como los más contaminantes) den pasos en su proceso de descarbonización.

España escapa a la diana de Milieudefensie. Las empresas señaladas son ABN AMRO, ABP, Aegon, AholdDelhaize, AkzoNobel, Atradius, BAM Groep, Boskalis Westminster, BP, Dow, DSM, Exxon Mobil, FrieslandCampina, ING Groep, KLM, LyondellBasell, NN Group, PfZW, Rabobank, RWE, Schiphol, Shell, Stellantis, Tata Steel, Unilever, Uniper, Vion, Vitol, Vopak y Yara.

Milieudefensie les exige que, en un plazo de tres meses, fijen un plan de reducción de emisiones que debe "detallar cómo van a contraer sus emisiones al menos un 45 por ciento hasta 2030", apunta el grupo.

No confirma ni desmiente que, de no hacerlo, pueda intentar poner en marcha alguna estrategia legal. Solo se reserva el derecho a tomar alguna iniciativa adicional si las empresas le desoyen.

La psicología positiva del BCE

Con otro tono, desde otros ámbitos, también se están lanzando mensajes a las empresa de que comprometerse con el cambio climático no es solo una forma de retener inversores y dejar de ser perseguido por el activismo, sino que tiene otras ventajas.

Una de esas voces llega desde el Banco Central Europeo (BCE). En diciembre, la institución que preside Christine Lagarde presentó un documento de trabajo en el que analizaba si el mercado recompensaba a las compañías que establecían objetivos climáticos y medían sus emisiones. La respuesta era que sí.

Hace pocos días, Isabel Schnabel, miembro del consejo ejecutivo del BCE, insistía en ello en una de sus intervenciones, tal vez explicándolo de una forma menos técnica.

"Existe una relación positiva entre el volumen de emisiones de una empresa y su riesgo de crédito, medido por las calificaciones crediticias y la valoración en mercado de su riesgo de impago", señaló.

Para Schnabel, el impacto económico de esta relación es relevante, porque, sería equivalente, en términos medios, a otros factores determinantes para el cálculo de los rating, como el endeudamiento.

Por último, el estudio también refleja otra relación: comprometerse a alcanzar algún objetivo de reducción de emisiones, incluso solo publicar información sobre su volumen, ayuda a reducir las primas de riesgo. Algo que es válido incluso aunque los compromisos y objetivos de descarbonización estén cuestionados.

Los mercados, además, estarían aplicando este modelo de forma global. Schnabel realizó esta apreciación porque su discurso lo estaba pronunciando en un evento de la American Finance Association (AFA).

Teniendo en cuenta que a medio plazo que se espera que el propio BCE dé prioridad a las empresas con planes de descarbonización y transparencia sobre emisiones en sus programas de compra de deuda o a la hora de aceptar colaterales, parece que cada vez existen menos excusas para que las empresas no establezcan una ruta hacia las cero emisiones.

Está previsto que a lo largo de 2022 explique exactamente cuáles serán esos requisitos. Para el banco central no solo es una vía para que la política monetaria ayude a la lucha contra el cambio climático, es también una forma de reducir el propio riesgo de su cartera.

Por la vía de la deuda pública es todavía difícil de hacer -no quiere intervenir en el mercado de deuda verde-, pero sí puede dar pasos en la corporativa.