Una batería de medidas para colocar el impacto del cambio climático en el centro de su política económica, tanto a nivel federal, como en lo que respecta al ahorro de las familias y los planes de pensiones. 

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, publicó este jueves una orden presidencial en la que insta a buena parte de los órganos económicos y financieros de su administración -desde su Consejo Económico, pasando por el Departamento del Tesoro, al de Trabajo- a poner en marcha en los próximos meses una serie de medidas que conllevan la toma en consideración y evaluación de los riesgos financieros en materia climática.

La Casa Blanca justifica que se necesitan esta serie de medidas -que conllevarán un nuevo giro a la política de la anterior Administración republicana- porque son un elemento clave para garantizar la estabilidad financiera y fortalecer al sector bancario y, sobre todo, a la industria de las pensiones.

“El pueblo estadounidense tiene que comprender mejor cómo el cambio climático puede afectar a su seguridad financiera”, justifica el Ejecutivo en el anuncio de su nueva política. 

“Desde la firma de un préstamo para una nueva casa hasta la administración de los ahorros de toda una vida o un fondo de pensiones, es importante que los estadounidenses tengan acceso a toda la información necesaria para comprender los potenciales riesgos asociados a estas inversiones”, explica la Casa Blanca.

Y es ahí donde entran los riesgos climáticos y su posible impacto en los productos de ahorro. “Sabemos que la crisis climática, ya sea por el aumento del nivel del mar, o por condiciones metereológicas extremas, ya presenta riesgos crecientes para las infraestructuras, las inversiones y las empresas. Sin embargo, estos riesgos suelen estar ocultos”, justifica sobre esta nueva orden ejecutiva.

Y una de las claves de esta nueva regulación, aún por desarrollar, va a estar centrada en la industria de las pensiones. 

Exigencia de medición de riesgo climáticos en las pensiones

La orden presidencial de Biden requiere a su Secretario de Trabajo, Marty Walsh -exalcalde de Boston- a que considere “suspender, revisar o derogar”, cualquier normativa de la anterior Administración que haya impedido a las empresas de inversión considerar los criterios ESG en todas las decisiones de inversión relativas a los planes de pensiones. Entre ellos, incluye los riesgos vinculados al clima.

No tendrá excesivo tiempo para hacerlo, porque Biden le ha dado de plazo hasta septiembre de este año, pero el impacto es muy significativo. Los estadounidenses cuentan con más de 18 billones de dólares de patrimonio invertido en fondos de pensiones.

Los estadounidenses cuentan con más de 18 billones de dólares invertidos en fondos de pensiones

Además, insta al Departamento de Trabajo a que, también, informe sobre otras medidas que se pueden implementar en el futuro para proteger de los riesgos financieros medioambientales, tanto los planes de ahorro como las pensiones de trabajadores y a las propias familias estadounidenses. 

También tendrá que evaluar si el organismo que supervisa las pensiones de los empleados públicos federales (la ‘Federal Retirement Thrift Investment Board’) está evaluando correctamente los riesgos medioambientales, sociales y de buena gobernanza. 

Esta batería de medidas supondrán una enmienda medioambiental a la anterior legislación de Trump. El republicano, casi al final de su mandato en noviembre del pasado año y justo después de que Joe Biden ganara las elecciones presidenciales, aprobó una regulación denominada ‘Financial Factors in Selecting Plan Investments’ que excluía la consideración de factores medioambientales o sociales en la definición de los planes de pensiones. 

Una medida polémica que, desde la llegada de Biden al Despacho Oval estaba dentro de las prioridades económicas a modificar, dado que la aún joven administración ha colocado la gestión del cambio climático como una de las prioridades de su gestión en todos los campos gubernamentales. 

La medida de Trump, básicamente, ordenaba a los gestores de los fondos de pensiones a anteponer, siempre, la rentabilidad económica de esos productos de ahorro por encima de cualquier otra consideración, incluidos los factores ESG. Una medida que causó revuelo y críticas dentro de la industria de la inversión, dado el giro global hacia la inclusión de criterios de sostenibilidad ambiental y social como prioridades en la definición de las inversiones.

Ahora el departamento de Trabajo tendrá casi tres meses para definir un nuevo modelo ESG bajo el que diseñar los planes de pensiones, más aún en un país donde todos los trabajadores vinculan sus jubilaciones a un modelo de protección del ahorro fundamentalmente de carácter privado.

Más exigencias para el Departamento del Tesoro y el Consejo Económico

No sólo el Departamento de Trabajo tiene trabajo por delante. Otras ramas de la Administración federal también van a tener que diseñar medidas ligadas a la mitigación de los riesgos climáticos y hacerlo en el corto plazo.

El Departamento del Tesoro, encabezado por Janet Yellen, deberá trabajar con el Financial Stability Oversight Council (FSOC)-en el que están diferentes organismo federales, como el regulador de los mercados, la SEC; o los supervisores de la banca y los seguros- para evaluar los riesgos ligados al clima. 

En concreto, deberán evaluar su posible impacto en todo el sistema financiero y si puede poner en peligro la estabilidad de la administración federal. Y tendrán que emitir un informe en el plazo de 180 días que recoja las recomendaciones y los planes que las distintas agencias que integran el FSOC están implementando.

Por otro lado, los responsables de dos de los organismos consultivos de la Casa Blanca, el Consejo Económico Nacional y su Asesora Nacional sobre el Clima, Gina McCarthy, tienen 120 días para diseñar una estrategia gubernamental sobre riesgos climáticos, que abarque todos los programas federales, así como los activos y pasivos del Gobierno.

Esta estrategia, además, deberá identificar necesidades de financiación tanto públicas como privadas necesarias para la consecución de la meta de cero emisiones de gases con efecto invernadero en 2050. Y, además, avanzar en las oportunidades económicas y laborales que pueden conseguirse a través de la descarbonización.

Estas medidas tienen un calendario limitado porque, una vez en la mesa del Presidente deberán pasar a Cámara de Representantes y al Senado, los dos órganos federales con poder legislativo. Y ahí, el tiempo corre en contra de Biden que tiene una mayoría demócrata muy ajustada, sobre todo en el Senado.

En este último, la presidencia la ocupa la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris y su voto es decisivo para romper el empate entre 50 senadores republicanos y otros tanto demócratas. Sin embargo, en noviembre de 2022 son las elecciones de medio mandato y el control del Senado, de nuevo, puede caer del lado conservador, lo que frenaría en seco las aspiraciones de Biden a sacar adelante cualquier legislación.