Es una de las medidas estrella de la nueva estrategia climática de la Comisión Europea (CE), el Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).

Una herramienta que consiste en gravar las importaciones a terreno comunitario de aquellas industrias que aprovechan la ventaja competitiva de estar instaladas en países con regulaciones climáticas más tenues para tener precios más competitivos. 

Esta medida, anunciada a principios de verano por Bruselas, de inmediato fue vista con buenos ojos por Estados Unidos de cara a poner en marcha un mecanismo similar, por su utilidad para conseguir que terceros países aceleren en sus exigencias de descarbonización.

Sin embargo, a puertas del otoño, la Casa Blanca echa un jarro de agua fría sobre esta medida. Al menos, de momento.

“Creemos que el mecanismo de frontera al carbono es una herramienta potencial útil, pero no tenemos comentarios sobre ninguna propuesta específica en este momento”, aseguran fuentes de la Casa Blanca recogidas por la agencia Reuters. 

“Continuamos trabajando con el Congreso, nuestros socios internacionales y las partes interesadas, incluida la industria nacional, sobre este tema”, matizan las mismas fuentes.

En este caso, el Ejecutivo de Biden no parte de cero, porque sí cuenta con una propuesta sobre la mesa de cara a poner en marcha un impuesto sobre el carbono en frontera.

La propuesta de los demócratas

Representantes demócratas la han incluido en un nuevo paquete de inversiones, denominado Paquete de Reconciliación, que supondría una nueva inyección para la economía de 3,5 billones de dólares y que esta semana inicia su andadura en las Cámaras Legislativas.

El Mecanismo al carbono ha sido propuesto por Chris Coons, senador demócrata y aliado del propio Joe Biden durante sus años en el Senado. 

Un impuesto con el que los demócratas aseguran se podrían ingresar miles de millones de dólares, vía aranceles a aquellas importaciones más intensivas en carbono. 

Sin embargo, ese gravamen no es percibido de forma tan positiva por la Casa Blanca, dado que podría suponer un aumento de precios industriales en un momento donde, además, existe un temor generalizado al impacto de la inflación en el crecimiento económico. 

Juego a dos bandas

De esta forma, el Gobierno de Biden trataría de ganar tiempo. Por un lado, su Departamento del Tesoro mantendría abierta la negociación con la Unión Europea y otros socios internacionales para poner en marcha un mecanismo en frontera de forma coordinada. 

Por otro, trataría de es que este no se materialice, al menos, hasta el final de su mandato. Es decir, no antes de 2024 o 2025, como pronto.

Hay que recordar que el mecanismo europeo no estaría en marcha hasta 2026 y, de momento, la propuesta de la Comisión tiene por delante todo su proceso legislativo, tanto en la capital europea como con los Estados miembros.

Presión sobre los precios

Además, si Estados Unidos pone en marcha un gravamen al carbono abriría una nueva brecha con China, que ya se ha mostrado en contra del Carbon Border Adjustment Mechanism europeo.

En cuanto a en qué consistiría, la propuesta que los demócratas llevan a las Cámaras supondría que aquellas empresas que aspiren a vender materias primas como hormigón, acero o aluminio tendrían que pagar un arancel -aún por determinar- si estas proceden de países con regulaciones de reducción de emisiones de carbono más permisivas que las de Estados Unidos. 

Un proyecto que perjudicaría a empresas industriales como Rio Tinto o Alcoa, pero también a diferentes industrias, como los fabricantes automovilísticos. 

Y como derivada, impactaría al alza en los precios finales que pagan los consumidores. En las próximas semanas, las negociaciones entre el partido demócrata y el republicano determinarán si este mecanismo sale adelante o si priman los intereses de la Casa Blanca.