Los precios de la energía siguen sin relajarse, mientras que Rusia continúa su guerra en Ucrania. Es un escenario demasiado tentador como para que los gobiernos intenten bajar esos precios. Sin embargo, dar ese paso puede suponer un grave error.... y no porque la gente no lo necesite.

Abaratar el coste de la gasolina o el gas natural, o cada kilovatio/hora de electricidad, es un planteamiento equivocado en más de un sentido.

La vía impuestos

Los impuestos y otras regulaciones abren una brecha entre lo que pagan los consumidores y lo que obtienen los productores. Algo que tiene sus propios costes, y también claros beneficios.

Por un lado, el uso de la energía que procede de combustibles fósiles lleva asociado muchos costes externos, desde la contaminación del aire hasta el cambio climático.

Esto es algo que incita a los gobiernos a dar pasos para poner precio a las consecuencias de la generación de una energía que, de otro modo, no tendrá precio por su extracción, transporte y uso.

Con el aumento de los precios de la energía, los gobiernos se inclinan a tratar de aliviar el impacto con subsidios directos o aplicando soluciones impositivas. El problema es que, al hacerlo, establece malos incentivos.

Impacto en el consumidor

Los altos precios energéticos instan a los consumidores a utilizar menos ese tipo de energías, y a los productores a que busquen suministros alternativos.

Bajar artificialmente los precios tiene exactamente el efecto contrario. Eliminar un impuesto reduce el coste para los consumidores, alentándolos a que utilicen más la energía.

El presidente ruso Vladímir Putin agradece a cada uno de los gobiernos occidentales que intente proporcionar alivio a sus ciudadanos mediante una reducción de los impuestos energéticos. Y es que Europa gasta cientos de millones de dólares diarios solo en gas ruso.

Entonces, ¿qué hay que hacer?

Una respuesta corta es aumentar los impuestos, específicamente sobre el petróleo, el gas y el carbón ruso. Algo que podría contribuir a que se impusieran sanciones más amplias a Putin.

Pero no proporcionaría respiro a los consumidores, dependientes de la energía rusa, aunque el alivio debería llegar en forma de pagos directos en efectivo. La parte clave: no vincularlos al uso de la energía.

Austria aprobó subsidios energéticos para reducir el coste de la gasolina, el gas y la electricidad consumidos a través de un paquete de 1.300 millones de euros.

En lugar de este tipo de subsidios, el gobierno austríaco debería haber dado a cada uno de sus cuatro millones de hogares un bono de 325 euros. Los ricos no necesitarían ese dinero. Un hogar más pobre probablemente tenga más alivio así, a través de la reducción artificial de sus facturas. 

Por su parte, el Estado de California reembolsó 400 dólares por cada vehículo registrado, pero esa ayuda no está vinculada a cada kilómetro que recorra el consumidor. Solo beneficia, sin embargo, a los conductores, no a aquellos que se han montado una vida sin coche, ya sea por necesidad o por elección.

En lugar de eso, habría sido mucho mejor si se hubieran dado 400 dólares a cada residente californiano, independientemente de si tienen coche o no.

Existen otras medidas directas destinadas a reducir la demanda energética, desde aplicar subsidios para el transporte público o fomentar el teletrabajo, ya que reduce la cantidad de energía empleada en los desplazamientos y la calefacción de los edificios de oficinas.

Todo esto debería haberse hecho hace unas cinco semanas, inmediatamente después de la invasión, pero mejor tarde que nunca.

La idea clave detrás de todas estas medidas está, en realidad, en la menor demanda de energía. Por ello, no hay que fomentar su uso en medio de una guerra alimentada por los combustibles fósiles.