A los bonos vinculados a criterios sociales les está costando despegar, en comparación con otros instrumentos que también tienen en cuenta criterios de sostenibilidad, aunque en este caso medioambientales, como los bonos verdes. Un frenazo que también mantiene parada a la industria de la inversión colectiva.

Fitch Ratings explica en un informe que, entre enero y septiembre de este año, más de 430 emisores de deuda ha emitido bonos bajo todos los criterios ESG (Environmental, Social & Corporate Governance).

Una cifra que aún está lejos de los más de 500 emisores que se registraron en el conjunto de 2019, afectados por la crisis del coronavirus, aunque las emisiones se están acelerando en la segunda mitad del ejercicio.

Crecen y también lo hacen los bonos que tienen el foco en criterios sociales (como, por ejemplo, centrados en la reducción de desigualdades económicas) pero están en pocas manos y, en la mayoría de ocasiones, tienen detrás a emisores que son administraciones públicas.

Según datos recopilados por la agencia Bloomberg, el 83,7% de estas emisiones de bonos sociales son gubernamentales

En lo que va de año, de los 430 emisores que recoge Fitch, 69 estaban vinculados a bonos sociales. En cambio, 325 estaban enfocados en bonos verdes. El pasado año, fueron 36 y 409, respectivamente.

Fitch señala que esta situación provoca que, por el momento, no se está desarrollando la industria de fondos especializados. La agencia señala que sólo ha encontrado dos gestoras que hayan dado el pasado de lanzar productos específicos. Una de ellas es Columbia Threadneedle y otra es Amundi. Y con ellas se termina la lista.

Emisores gubernamentales

Hay interés y este segmento crece, según recalca Fitch, que apunta que hasta octubre estos instrumentos han alcanzado los 85.000 millones de dólares (casi 70.000 millones de euros), cuando en el conjunto de 2019 alcanzaron los 11.000 millones de dólares.

Pero hay una alta concentración de emisiones de bonos sociales vinculados a administraciones públicas.

En concreto, según datos recopilados por la agencia Bloomberg, el 83,7% de estas emisiones son gubernamentales, con la Unión Europea como principal motor, ya que representaría, prácticamente, un tercio de esta actividad.

Fitch le ve potencial a este tipo de deuda, dado la creciente demanda por parte de los inversores a este tipo de productos que tienen en cuenta factores ESG. Por ello, considera que los bonos sociales pueden seguir la estela marcada por los bonos verdes.

El problema, indica, es que ese menor número de emisores gubernamentales presenta un rasgo de concentración de riesgo para los potenciales inversores. En cambio, recuerda que al segmento de los bonos verdes le ocurrió algo parecido y llevó años conseguir una diversificación efectiva.

También, como potencial ventaja a futuro, Fitch señala que los bonos sociales pueden tener una temática mucho más amplia. Hay que recordar que este tipo de productos pueden abarcar desde inversiones vinculadas a la reducción de la desigualdad económica a otros ligados a iniciativas de discapacidad.

En España, por ejemplo, MAPFRE AM lanzó el fondo Inclusión Responsable. Un producto de renta variable que selecciona aquellas empresas comprometidas con el mundo de las personas con discapacidad.

Fitch también recuerda que gran parte de las emisiones ligadas a criterios sociales tienen el foco en proyectos ligados a la epidemia de coronavirus. Por ello, considera que es previsible que las emisiones en el futuro también puedan tener un enfoque vinculado a problemas sociales consecuencia de la pandemia.