Un nuevo modelo económico que pasa por nuevos impuestos, directamente ligados a cuestiones medioambientales. La estrategia a futuro para España que ha elaborado Moncloa de cara a 2050 prevé el desarrollo de una nueva fiscalidad verde, que no esperará 30 años para implementarse, sino en el corto plazo.

El informe prospectivo presentado este jueves por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez contempla que la nueva presión fiscal “deberá hacerse en un tiempo récord, sin reducir la competitividad de nuestra economía, y sin dejar a nadie atrás”, matiza el propio documento. 

Una hoja de ruta que el propio Sánchez vistió como un documento -de más de 600 páginas- abierto a su diálogo con otras Administraciones, sean locales o autonómicas; además de partidos políticos y de la sociedad civil. Asume, además, que no es una cuestión que quede enmarcada en la actual legislatura.

En cuanto a cómo desarrollar esa nueva fiscalidad medioambiental, la estrategia de Sánchez a 2050 presenta un marco general, pero también deja flecos sueltos.

El documento recoge que España debería “fortalecer el papel de la fiscalidad ambiental” como pilar de una “transición ecológica justa” y completar así la descarbonización a mitad de siglo. 

Esta nueva carga impositiva, según refleja el documento, “debe ir orientada a corregir las externalidades negativas en el medio ambiente (tanto las emisiones como el uso excesivo de los recursos), de modo que se incremente la competitividad de los productos y servicios sostenibles, al tiempo que se limita su potencial impacto social regresivo”. 

“En la próxima década, España deberá alinear su recaudación ambiental con la de la media europea, ajustándola, en adelante, en función de los progresos alcanzados en la transición ecológica y las nuevas externalidades que surjan en el camino”.

Para ello, considera necesario “fortalecer progresivamente la fiscalidad ambiental hasta conseguir que refleje la totalidad del coste social del carbono antes de mitad de siglo”. 

“Serán especialmente importantes los impuestos sobre la energía y el transporte, dado el considerable menor peso que tienen en España estas figuras en comparación con los países europeos del entorno”, refleja el texto.

Más impuestos a los vehículos y a sus combustibles fósiles

El documento coordinado por la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo no entra al detalle sobre las características concretas pero sí recalca que hay que “ajustar la fiscalidad del transporte por carretera al uso real del vehículo, abordando la totalidad de impactos negativos generados y asegurando una mayor coherencia entre el tipo de vehículo adquirido y las necesidades del servicio”. 

Para ello, propone pasar de las actuales figuras fiscales sobre la compra, circulación y combustibles, a un impuesto sobre el uso medido real del vehículo que tenga en cuenta sus características: su peso, su potencia, sus emisiones de contaminantes atmosféricos y gases de efecto invernadero.

Propone pasar de las actuales figuras fiscales sobre la compra, circulación y combustibles, a un impuesto sobre el uso medido real del vehículo

En cuanto a los combustibles de la automoción, la estrategia aboga por elevar progresivamente los tipos impositivos sobre el consumo de diésel y gasolina -también recomienda subir los impuestos al alcohol y el tabaco- hasta que ambos se equiparen al tipo impositivo medio de la gasolina en la Unión Europea.

Hay que recordar que en España, el gravamen sobre la gasolina es de 504 euros por cada 1.000 litros; mientras que en el diésel es inferior, de 379 euros. En este sentido, en más de una ocasión -también con el Gobierno de Mariano Rajoy- Bruselas ha instado a España a revisar los impuestos a los carburantes para mejorar su recaudación fiscal. 

Además, el plan de Moncloa a 30 años vista plantea implantar zonas de emisiones bajas y ultrabajas (como Madrid Central), además de peajes urbanos, en línea con lo que ya han hecho ciudades europeas, como Estocolmo o Londres, y reducir así la contaminación del aire y la acústica.

En cuanto a los impuestos sobre la energía, el documento recoge que, según datos de Eurostat de 2018, la recaudación por impuestos ambientales en España representó el 1,8% del PIB, frente al 2,4% de la UE-27.

“El peso de los impuestos energéticos en los precios energéticos es inferior al peso medio en la UE-23 [...] Este fortalecimiento de la fiscalidad ambiental traerá importantes cobeneficios, como la reducción de las emisiones de contaminantes atmosféricos”, refleja la estrategia.

Más ambición impositiva que en la Ley de Cambio Climático

A falta de diseñar los detalles de esa futura legislación medioambiental, esta iría más lejos que lo que establece la Ley de Cambio Climático aprobada hace sólo una semana por el Congreso de los Diputados.

Esta contempla la opción de una fiscalidad ligada al cambio climático, pero deja su desarrollo en el aire. La ley prevé que, en el plazo de seis meses desde su aprobación, el Gobierno constituirá un “grupo de expertos” para evaluar una reforma fiscal que valorará también la fiscalidad verde. 

Eso sí, lo deja para tiempos económicamente benévolos. “En todo caso, las modificaciones que se introduzcan en este ámbito irán acompasadas con la situación económica”, se escuda la propia Ley.

También el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) hablaba de fiscalidad pero, de nuevo, dejando las puertas abiertas a un desarrollo futuro.

En este caso, en cargaba al Ministerio de Hacienda liderar un estudio en profundidad y, si procede, desplegar una “actualización de aquellos elementos del sistema tributario que incentiven de manera sistemática una economía baja en carbono y resiliente al clima”.

Abre la puerta a una “renta climática” compensatoria

La Estrategia 2050 va un paso más allá de las meras medidas fiscales. También contempla la opción de establecer medidas compensatorias que sirvan para mitigar los potenciales efectos regresivos de una mayor fiscalidad ambiental o de unos mayores precios del carbono. 

“Podría explorarse la renta climática, un mecanismo diseñado para devolver a la población parte de la recaudación procedente de los impuestos verdes”, asume el documento. 

“Dicha renta ayudaría a mitigar las asimetrías en los costes de la transición, facilitaría la aceptación de una mayor fiscalidad ambiental, y corregiría los efectos generadores de desigualdad de estos impuestos”, desglosa.

Sería una especie de “renta básica” que recibirían todos los ciudadanos para ayudarles a cambiar sus pautas de consumo e inversión.

Una renta que ya han reclamado en el Congreso otros grupos parlamentarios, como Más País-Verdes Equo. Esta formación abogaba por una renta de 100 euros al año para cada ciudadano e instó a introducirla en la Ley de Cambio Climático, sobre la que se abstuvieron en su última votación.

Otra opción pasaría por la creación de un “Fondo de Resiliencia para la Justicia Climática” que serviría para “proteger y ayudar” a aquellas personas, comunidades y sectores que podrían verse más afectadas tanto por la transición ecológica como por los efectos directos del cambio climático.