Ni siquiera las compañías con mejores notas de sostenibilidad del IBEX se destacan en gobernanza. La última revisión del Yearbook de Sostenibilidad de S&P confirma uno de los reproches que se suele hacer a las principales empresas españolas.

De los 17 valores del principal índice español que en la edición de este año lograron medalla -S&P otorga esta distinción a las compañías con mejor desempeño ESG en sus respectivos sectores en la encuesta anual que realiza para la revisión de los índices DJ de sostenibilidad-, hasta 9 obtuvieron la peor calificación en el área de gobernanza.

Fueron Bankinter, BBVA, Caixabank, Endesa, Ferrovial, Iberdrola, Indra, Mapfre y el Banco Santander (véase gráfico), aunque el desempeño entre unas y las otras es diferente. Endesa e Iberdrola lograrían 87 puntos y se colocarían a la cabeza, mientras que Ferrovial sería la última con 69 puntos.

La única empresa del IBEX que, según S&P, tendría la gobernanza como el criterio de sostenibilidad más fuerte dentro de este grupo, sería Meliá Hotels.

En cuanto a Acciona, empataría a peor con el desempeño en temática social (su punto fuerte es la E).

Esfuerzos por corregir

Las empresas no son ajenas a la sensación de que las cotizadas españolas deberían reforzar su gobernanza y tratan de lanzar esos mensajes cuando realizan relevos en sus cúpulas.

La última ha sido Enagás. Aunque ya lo habían adelantado varios medios, la compañía anunció este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que Antonio Llardén abandonará las competencias ejecutivas, aunque continuará como presidente y presidente del consejo de administración.

Sus responsabilidades recaerán en Arturo Gonzalo Aizpiri, que sustituirá a Marcelino Oreja Arburúa. A falta de ver cómo valoran el relevo los accionistas en la junta (se ha publicado que es un hombre cercano a la vicepresidenta Teresa Ribera y la participación del Estado en la compañía es de solo un cinco por ciento), el paso dado por Enagás encajaría en una de las mejoras en gobernanza que piden los inversores institucionales: una presidencia institucional y no concentración de poder en un único ejecutivo.

La propia Enagás reconoce que los cambios mejoran el perfil de gobernanza. "Con estas propuestas a la junta general de accionistas (también renueva consejeros), la compañía implementará las recomendaciones internacionales y nacionales más exigentes en el ámbito de Gobierno Corporativo", señala.

"Contará con un presidente no ejecutivo y un consejero delegado, el número de mujeres en el consejo de administración superará el 40 por ciento, más del 70 por ciento de consejeros serán independientes; y se lleva a cabo una cierta renovación de los consejeros para afrontar los nuevos retos que la compañía tiene en el proceso descarbonización de los próximos años", repasa.

Antonio Llardén, además, elude así enfrentarse a una reelección que podría ser 'castigada' por los accionistas. José María Álvarez-Pallete, que fue reelegido presidente ejecutivo de Telefónica el año pasado vio como un 15 por ciento del capital se oponía a su renovación.

Este año, algunos de los presidentes ejecutivos que tendrán que renovar cargos serían Antonio Huertas en Mapfre -la junta está prevista para el próximo 11 de marzo- y Francisco Reynés que ha alargado una junta su mandato -Naturgy la celebra en marzo, pero su designación vence en junio, por lo que previsiblemente deberá ser renovado en la junta extraordinaria en la que se apruebe la división en dos de la empresa-.

Separación de poderes pero, ¿y la retribución?

El paso dado por Enagás sería similar al del Banco Sabadell el año pasado con el cambio de Josep Oliu a la presidencia no ejecutiva con la llegada de César González-Bueno.

No obstante, los proxy más exigentes en materia de gobierno corporativo, como el español Corporance, que forma parte de la red europea Proxinvest, ponen el acento -lo hizo en el caso del Sabadell- en que las retribuciones son claves para asegurar que realmente las presidencias son institucionales.

Sin responsabilidades ejecutivas, los sueldos de los presidentes 'institucionales' deberían ser más reducidos que los que tenían previamente. En el caso de Oliu, la rebaja no ha sido significativa, aunque el banquero reinvirtió en acciones del Sabadell buena parte de su salario tras la polémica sobre si las remuneraciones eran adecuadas.

Casi un 33 por ciento del capital se opuso la propuesta de retribuciones para el periodo 2021-2023 que presentó el Sabadell a la junta el año pasado.

La G es imprescindible

De acuerdo con Spainsif, la gobernanza es, de hecho, el eje indispensable de la inversión sostenible. "Si no se cumplen los criterios de gobernanza, aunque se cumplan los ambientales y sociales, no estamos ante una opción financiera sostenible", explica en un comunicado, en el que informa de la publicación del estudio ‘La Gobernanza en las Finanzas Sostenibles’.

Una de las herramientas que ayuda a reforzar la gobernanza es el 'voting' y el 'engagement', que este año protagonizan un salto cualitativo en España, ya que las gestoras españolas deberán comenzar a informar sobre cómo votan en las juntas y contar con políticas más elaboradas.

Un paso que debería impulsar que las juntas sean más activas, lo que llevaría a las empresas a estar más presionadas de cara a los resultados.