La Comisión Europea sigue sin recoger el guante a los empresarios que le han pedido que adopte medidas para contener la subida de los precios de la electricidad. Mientras que el coste vuelve a marcar máximos esta semana y la ESMA ya ha señalado que no hay especuladores en el mercado de carbono, las exigencias en materia de transición energética se mantienen sobre la mesa y son muchas.

El denominado ‘Fit for 55’, el paquete normativo presentado por la Comisión Europea y que se encuentra en tramitación, incluye una serie de estrategias para conseguir una reducción del 55 por ciento en las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 muy exigentes.

Por ejemplo, el sector industrial, que es uno de los que denuncia más el impacto de la subida de la electricidad y que han parado la producción en algunos momentos por esta causa, tendrá que elevar más de un punto anual su uso de energía renovable para poder cumplir con este objetivo que -a menos que cambie de forma notable en el proceso de tramitación europeo- será ley pronto.

Los cambios en la Directiva sobre las Energías Renovables (REDII) incluyen buena parte de esta hoja de ruta. Su objetivo es incentivar la utilización de energías verdes hasta que supongan un 40 por ciento del consumo energético en 2030.

Pero ahora, en un contexto en el que los precios energéticos han batido sus máximos continuamente en los últimos meses, la electrificación de la economía para conseguir los objetivos climáticos es un reto a corto plazo, porque el aumento de costes se come la capacidad inversora.

Industriales, las más afectadas

“La preocupación ya existente por la desaceleración de la economía se ha intensificado recientemente por el aumento dinámico de los precios del petróleo y el gas”, explica Nils Bosse, gestor de fondos en Oddo.

Un objetivo difícilmente alcanzable dado el contexto económico actual. “Muchas empresas deben gestionar un aumento de los precios de las materias primas, mayores costes logísticos e incluso mayores costes laborales”, apunta el analista.

Respecto a la evolución de los cambios en la Directiva de Energías Renovables, “se espera que las enmiendas tengan efectos positivos en el crecimiento económico y las inversiones, al crear empleos de calidad, reducir las importaciones de combustibles y reducir los costes de la energía para consumidores y empresas”, explican los expertos del bufete de abogados Sidley en un informe reciente.

“Las industrias y los países afectados deben considerar la posibilidad de comenzar a prepararse para el impacto potencial de la propuesta”, advierten.

Una de las condiciones que contempla la REDII es el uso en edificios de al menos un 49 por ciento de energía de fuentes renovables. Para las empresas industriales, los requisitos comunitarios estipulan que tendrán que aumentar en al menos un 1,1 por ciento al año su uso de energías renovables hasta 2030, lo que elevaría el coste para las empresas, obligadas a adherirse a la hoja de ruta climática. Y presenta, además, riesgos añadidos como por ejemplo la formación laboral.

“Para abordar la escasez de instaladores de sistemas de calefacción y refrigeración renovables, los Estados miembros deberían mantener suficientes programas de capacitación y ofrecer esquemas de certificación”, explican en Sidley.

El impacto en el transporte

La estrategia climática comunitaria incluye además un fuerte compromiso para el sector del transporte, uno de los más contaminantes a nivel global y al que requieren más esfuerzos para su descarbonización. 

Para cumplir con la reducción del 13 por ciento de emisiones de gases de efecto invernadero, la Comisión Europea propone una transición hacia otro tipo de combustibles.

En la nueva normativa, a la que aún le espera un largo camino burocrático hasta ser aprobada, se recogen objetivos de uso de biocombustibles avanzados del 0,2 por ciento en 2022 para pasar al 0,5 por ciento en 2025 y multiplicar esta cifra por cuatro hasta finales de la década para que el transporte llegue a un 2,2 por ciento de este tipo de combustibles.

Para el mismo año, la industria del transporte deberá emplear además un 2,6 por ciento de combustibles renovables de origen no biológico, entre los que se incluyen por ejemplo los derivados del hidrógeno.

“Se introduce un mecanismo de crédito para promover la electromovilidad que permite a los proveedores comprar créditos a los operadores que suministran electricidad renovable”, explican en Sidley.

Créditos que, posteriormente, pueden ser utilizados por los proveedores para “cumplir con su obligación de suministrar energía renovable al sector del transporte”.