Este verano, la Comisión Europea ha pisado el acelerador en ambición climática con el paquete de medidas legislativas ‘Fit for 55’ con el que aspira a ser la potencia económica más ambiciosa en transición energética de aquí a mediados de siglo.

Una serie de medidas que, en algunos casos, los consumidores no tienen que percibir directamente en el día a día. Por ejemplo, la luz que llegue a sus hogares procederá en su práctica totalidad de fuentes de origen renovable sin que tenga que haber cambio alguno en sus instalaciones.

Pero otras medidas serán muy visibles y, en parte polémicas, como la prohibición de la venta de vehículos de combustión a partir de 2035, aunque los que ya estén en las carreteras podrán seguir circulando. Una exigencia que está motivando la rápida transformación de toda la industria del automóvil.

Y, precisamente, para conseguir que los vehículos eléctricos puedan circular por los 27 Estados miembros sin limitaciones y sin problemas de abastecimiento, la propia Comisión ha marcado una exigencia de puntos de recarga que, al menos a día de hoy, parece difícil de conseguir. 

Cobertura mínima

La intención de Bruselas es instar a todos los países de la Unión Europea a que garanticen una cobertura mínima de puntos de recarga de acceso público. De forma que la recarga de los vehículos no recaiga únicamente en los hogares, edificios de oficinas o parkings comerciales.

Tanto los vehículos particulares como los de transporte por carretera, sobre todo los camiones de transporte de largo alcance, tendrán puntos de recarga. En este último caso sería de hidrógeno verde, la alternativa al combustible tradicional que más se adapta a este uso. 

La exigencia de la Comisión Europea pasa así por instalar puntos de recarga de bajas emisiones a intervalos regulares, que sería aplicaba en el caso de las carreteras principales. 

'Electrolineras' y recarga de hidrógeno

Así, contempla puntos de recarga eléctrica cada 60 kilómetros, las conocidas como 'electrolineras'.

Mientras, prevé instalar puntos similares, pero de hidrógeno, cada 150 kilómetros. En ambos casos de cara a 2035.

Este objetivo no es definitivo porque la Unión Europea aún tiene por delante toda la tramitación legislativa del paquete de medidas ‘Fit for 55’. Este debe aprobarse no sólo por el Parlamento europeo; sino también en cada una de las cámaras nacionales, con lo que está aún lejos de ser negro sobre blanco. 

Combinación de propuestas

Bruselas explica, en la documentación de su estrategia medioambiental, que asume la necesidad de que esta transición energética se tiene que llevar a cabo con una suma de iniciativas, que abarquen los diferentes sectores productivos y económicos.

“Se necesita poner en marcha una combinación de medidas para abordar el aumento de emisiones en el transporte por carretera”, señala. De forma que, además, “sirva de complemento al comercio de derechos de emisión” y al nuevo impuesto en frontera al CO2. 

“Los estándares de emisiones más estrictos para los automóviles y los vehículos de transporte acelerarán la transición a la movilidad de cero emisiones, al exigir que las emisiones promedio de los vehículos se reduzcan en un 55 por ciento a partir de 2030 y en un 100 por ciento a partir de 2035, en comparación con los niveles de 2021”, resumen la Comisión. 

De ahí la necesidad de que dentro de 14 años todos los vehículos que se comercialicen sean cero emisiones.

El peso cae en los Estados

“Para garantizar que los conductores puedan recargar o repostar sus vehículos en una red fiable en Europa, el Reglamento revisado de infraestructura de combustibles alternativos exigirá a los estados miembros que amplíen la capacidad de carga en consonancia con las ventas de vehículos sin emisiones y que instalen puntos de carta en intervalos regulares”. Es decir, los 60 y 150 kilómetros antes mencionados.

De esta forma, a día de hoy y a la espera de ver cómo va avanzando este paquete de medidas en su tramitación parlamentaria, la responsabilidad de estos puntos de transporte recae sobre los países, aunque Bruselas no cierra tampoco la puerta a que pueda haber una colaboración público privada. 

Además, esta red de puntos de recarga, dado que tiene un enfoque de transformación de la economía hacia las renovables y la descarbonización es uno de los conceptos que puede quedar bajo el amparo del programa de inyección de fondos Next Generation EU, que esta misma semana acaba de echar a andar en cuanto a la emisión de bonos verdes para financiarlo. 

España, de la mano de los operadores

En España, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), previo al plan ‘Fit for 55’ también contempla la necesidad de poner en marcha una red de ‘electrolineras’, un despliegue de la infraestructura de recarga de los 5 millones de vehículos eléctricos que prevé circulen en 2035.

No habla de distancias, pero sí de que España debe “disponer de al menos un punto de recarga por cada diez vehículos eléctricos”. 

“En la actualidad, el servicio de recarga pública de vehículos eléctricos en España se encuentra liberalizado y son las propias empresas -o cualquier consumidor- las responsables de ir desplegando el servicio de recarga pública según demanda e intereses del sector”, indica el Pniec. 

Sin embargo, asume que se necesita la colaboración del sector público. “No obstante, las diferentes administraciones públicas, cada una en su ámbito de actuación, deben velar porque el despliegue se realice de una manera ordenada y respondiendo a la demanda existente, para lo que se pondrán en marcha medidas económicas, regulatorias e informativas dirigidas a facilitar el desarrollo de dicha infraestructura”. 

Es decir, habrá fondos públicos y, de momento, ‘electrolineras’ en las gasolineras tradicionales, porque así lo exige la Ley de Cambio Climático aprobada este mismo año.

Puntos de recarga eléctrica que tienen que estar en todas las estaciones de servicio cuyas ventas de gasolina y gasóleo superen los cinco millones de litros y alcanzando el 10 por ciento de la red. En España, de momento gasolineras y recarga de vehículos eléctricos van de la mano.