Son cada vez más las voces que exigen a la Comisión Europea que posponga más allá de agosto la venta masiva de fondos ESG entre particulares gracias a la reforma de MIFID.

Si las autoridades europeas no las escuchan, el próximo 2 de agosto se pondrá en marcha el nuevo test de idoneidad que incluye la sostenibilidad, con un texto que todavía hoy no está definido, lo que coloca al sector de la distribución de fondos -y a las propias gestoras- en claros problemas para cumplir el calendario.

Para Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco, la patronal de la industria de la gestión de activos española, precipitarse puede tener consecuencias negativas.

"El texto todavía está en audiencia pública", explica a SOCIAL INVESTOR. "Teniendo en cuenta que la norma definitiva podría retrasarse hasta finales junio y que no tendremos una guía más o menos clara hasta mayo, va a ser muy complicado que se puedan actualizar todos los sistemas informáticos y los folletos para el 2 de agosto", señala.

Además, dado que existen divergencias entre lo que el Reglamento de Divulgación considera un fondo sostenible, la regulación que todavía se está desarrollando relativa al desarrollo de la taxonomía sostenible -que ya se ha retrasado al 1 de enero-, y la propuesta de MIFID que validaría a un fondo para ser comercializable vía test de idoneidad es distinto, se está generando inseguridad jurídica para comercializadores y gestoras.

"No podemos descartar que puedan surgir problemas judiciales por la venta de productos que hoy son sostenibles y que mañana no lo serán. No podemos volver loco al cliente", previene Martínez-Aldama.

"Al final todos estamos comprometidos con la sostenibilidad, pero las cosas hay que hacerlas racionalmente y que lo que se transmita tiene que ser inteligible para el cliente medio y también para el vendedor", defiende el presidente de Inverco.

No obstante, no se muestra muy esperanzado de que la Comisión Europea sea flexible y reconoce que el organismo no estaría inclinado a retrasar la entrada en vigor del test de idoneidad, con el que de forma masiva se espera que la inversión responsable desembarque a lo grande en las carteras de los inversores particulares.

Para la institución que preside Úrsula Von der Leyen, la sostenibilidad es uno de los pilares fundamentales de su mandato y no está siendo una 'legislatura' sencilla, no solo por el volumen en regulación sostenible que están gestionando, sino porque esta transformación se ha topado con eventos imprevistos, como la pandemia de coronavirus, o la guerra de Ucrania.

No obstante, sus propuestas normativas también están bajo escrutinio y han sido muy criticadas por impulsar la inclusión del gas y la energía nuclear en la taxonomía sostenible.

Una iniciativa europea

La petición de la patronal española de las gestoras españolas no es única. EFAMA, que aglutina al conjunto de la industria de gestión activos europea, también defendería que lo más racional es retrasar la entrada en vigor del test al 1 de enero 2023, fecha en la que comenzarán a aplicarse una serie de ajustes al Reglamento de Divulgación.

En este sentido, estaría participando en la consulta pública que está llevando a cabo la ESMA, para definir requisitos en el test de idoneidad, y en la que se puede participar hasta el próximo 24 de abril. De esa consulta saldrá el cuestionario que se tendrá que aplicar a partir del 2 de agosto.

"Participaremos como gestores de productos porque afecta a la definición de la sostenibilidad en el proyecto. No me cambio por aquellos que tengan que preguntar en el test con el nivel de detalle que incluye el borrador de la ESMA", avanza Ángel Martínez-Aldama.

Inverco y EFAMA no son las únicas voces que alertan sobre los riesgos de dar un paso tan relevante para la industria de la sostenibilidad sin un entorno regulatorio claro.

EFPA (Asociación Española de Asesores y Planificadores Financieros) habría sido una de las primeras en dar la voz de alarma en España sobre la necesidad de no dar un paso en falso en este sentido, instando a la Comisión Europea a que retrasara más allá de agosto la comercialización masiva de fondos entre particulares.

Desde la industria de la inversión responsable también se apoya esta posición, tal como apuntó Andrea González, subdirectora general de Spainsif, en uno de los podcast de SOCIAL INVESTOR, que puede consultar aquí debajo.

Ángel Martínez-Aldama defiende el importante esfuerzo realizado por la industria de la gestión de activos española a lo largo de los doce últimos meses, que le ha llevado a que ya el 20 por ciento de los activos bajo gestión estén clasificados dentro de las categorías de sostenibilidad.

La complejidad de MIFID podría dejar fuera a buena parte de estos productos -no todos los fondos verdes claro se adaptan a las exigencias del test-, algo que para el presidente de Inverco no es lógico.

Por ello, pide una armonización regulatoria; también para evitar la competencia "desleal". Dado que cada país de la Unión Europea ha definido de manera diferente exactamente que es un fondo sostenible, y que existe el pasaporte europeo, hoy se pueden vender fondos más laxos con criterios de sostenibilidad sin problema.