Desenredar el complejo entorno en el que se mueve el sector eléctrico no será una cuestión que se decida en Moncloa, ni en el Congreso de los Diputados, sino que la pelota parece que está en el tejado. O así es lo que transmitió este lunes la ministra para la Transición Energética y Reto Demográfico, Teresa Ribera -ya había introducido la idea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, unos días antes-, después de haber provocado un terremoto en el sector, tras la intervención de los precios de la electricidad.

Ribera reconoció en un evento organizado por el Club Español de la Energía -en el que estaban todos los operadores del sector- que el Ejecutivo ha tratado de jugar a dos barajas. Una, regulando por sí solo. Otra, esperando a que Bruselas se lance a regular en todo el Mercado Único. 

Ribera abogó por “utilizar turbulencias como esta para reforzar el papel de Europa y la congruencia en sus respuestas, que sean compartidas”. Y, a la vez, “sabiendo que no se puede esperar, que cada país debe pensar en cómo afrontar los desafíos”.

La regulación europea

El foco final está en la estructura del mercado eléctrico, en cómo se fija la tarifa de la luz para los consumidores regulados (los clientes domésticos, principalmente), que Bruselas marca para toda Europa y donde los países no tienen excesivo margen de maniobra. 

La regulación europea marca que el precio diario mayorista de la luz se determine en subastas nacionales, a las que acuden todas las centrales eléctricas, sean renovables, nucleares o de ciclo combinado (gas), entre otras. Y la última en entrar es la que marca el precio para todas ellas. Por eso un alza influye en la parte de la factura eléctrica que depende de la evolución de la luz, aunque casi dos tercios son impuestos y costes del sistema eléctrico. 

En concreto, es un Reglamento Europeo de 2015 el que indica que se “utilice el principio de precios marginales según el cual todas las ofertas aceptadas tendrán el mismo precio por zona de oferta y por unidad de tiempo del mercado”. 

De esta forma, para modificar el sistema de casación de precio -y evitar que, como ahora, un precio alto o volátil del gas marque el precio para todas las tecnologías- es Bruselas quien tendría que regular. Eso sí, con el consenso de todos los Estados miembros.

Además, otro Reglamento (2019/943) impide que los países entren a regular ese mercado mayorista. En concreto, este recoge que “las normas del mercado alentarán la libre formación de precios y evitarán las acciones que impidan la formación de los precios sobre la base de la oferta y la demanda”.

La petición de Ribera

“Resulta importante cuestionarse hasta qué punto lo que valía hace unos años quizá hoy no vale sin matices y por tanto debemos imaginar el modo en el que facilitar una energía de costes operativos bajos”, aseguró Ribera en referencia a las renovables. 

De esta forma, el Gobierno de Pedro Sánchez quiere que Bruselas intervenga y así lo ha pedido por carta “en mayo, en junio, en julio y en agosto”, asumía Ribera. 

Y lo ha vuelto a hacer este pasado fin de semana tanto a la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, como al vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans y la comisaria de Energía, Kadri Simson. 

“Pensar que, siendo un asunto europeo, es bueno contar con directrices en los momentos complejos que podamos aplicar de forma simultánea, equiparable en todos los países reaccionando frente a los momentos turbulentos”, reconoció la también vicepresidenta tercera del Gobierno 

Es decir, “actuar como un mercado único”, tanto en el gas como en los precios del CO2, el otro elemento que está tirando al alza de los precios de la luz y donde Moncloa reconoce no tener ningún margen de maniobra, 

Según Ribera, por cada euro que sube el precio de gas como materia prima, se refleja en una subida de dos euros en el mercado mayorista eléctrico. En cambio, en el caso de CO2, esa relación de 1 a 0,37

“Controlando la liquidez en el mercado del CO2 como lo puede hacer ya la Comisión Europea debemos repreguntarnos quién y cómo puede participar en un mercado que debe ser una potente señal para cambiar las decisiones de inversión pero no puede convertirse en una guillotina para sectores industriales que necesitan avanzar y profundizar en un modo de producir con menos impacto para el entorno climático”. 

Rectificación con los PPA

Pero, pese a que ese grueso de la regulación dependa de Bruselas, el Gobierno sí tiene margen de actuación, como hizo la semana pasada con la intervención sobre el precio del gas, y que es temporal, porque solo abarca hasta el 31 de marzo de 2022. 

Y, en ese campo, ya ha matizado que esa limitación no afecta a los contratos PPA (Power Purchase Agreement). Acuerdos que fijan por adelantado un precio de compra y venta, entre el vendedor y el comprador, claves para el desarrollo de futuros proyectos energéticos. 

“La inmensa mayoría de los acuerdos son bilaterales, previos a no hace tanto tiempo, puesto que el gas ha crecido casi un 270 por ciento en menos de nueve meses. No tienen interiorizado ese rally del gas”, indicó Ribera este lunes. “Es obvio que no les afectará esta disposición, salvo que lo hayan indexado a la evolución del mercado mayorista”. 

Lo que no aclaró Ribera es si esta matización conllevará una nueva redacción vía Real Decreto.

En el actual, tal y como se recoge, apunta que “el mecanismo” de mitigación del precio del gas “se aplicará a la retribución percibida por la cantidad total de energía producida por las instalaciones afectadas en el periodo de liquidación considerado. (...) con independencia de la modalidad de contratación utilizada”.

"Es decir, también se minorará la energía vendida fuera del mercado diario, a través de contratos bilaterales, ya que toda ella está internalizando el coste de oportunidad de venderla en el mercado diario, donde existe la internalización del coste del gas natural”, refleja el texto publicado en el BOE.

Al margen de ese guiño, la ministra y vicepresidenta, reclamó que todo el sector trabaje en la misma dirección. También lo hizo la presidenta del Club Español de la Energía, María Victoria Zingoni; también directora General de Cliente y Generación Baja en Carbono Repsol.

“Teresa, somos conscientes de la complejidad. Tenemos la voluntad de trabajar conjuntamente con el Ministerio, para buscar soluciones a los retos de la transición energética que tenemos por delante. Con seguridad jurídica”, requirió Zingoni.

No en vano, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) hasta 2030 recoge que España necesita inversiones totales por valor de 241.000. De ellas, 91.765 millones corresponden a renovables. Y de esa suma global, el 80 por ciento está a cargo del sector privado. 

Dar una cierta tranquilidad a los inversores dispuestos a apostar por España parece necesario.