Centenares de empresas se lanzan a la carga para pedir a los organismos reguladores una mayor actuación para acelerar la descarbonización de las economías, en plena crisis política europea por la definición de la taxonomía.

RE100, una plataforma formada por 347 compañías de todo el mundo, exigió esta semana en una carta abierta a los Gobiernos más mecanismos para adquirir electricidad de origen renovable, clave en la consecución de los objetivos Net zero. 

“Deben mejorar significativamente las opciones de adquisición y reducir los obstáculos regulatorios que impiden a las empresas la transición hacia cero emisiones”, apunta la plataforma, cuyos miembros consumen más electricidad que países como Reino Unido, el duodécimo a nivel global en emisiones de gases contaminantes.

Entre las compañías españolas que pertenecen a RE100 se encuentran pesos pesados del IBEX 35 como BBVA o Telefónica, con objetivos que pasan por alcanzar un 100 por ciento de electricidad renovable para 2030, o Caixabank, que amplía el plazo hasta 2040.

También multinacionales estadounidenses de distintos sectores como Apple, Nike o Goldman Sachs, europeas como el grupo Allianz o el banco Barclays y las japonesas AEON o Fujitsu. La plataforma está asociada, además, con Carbon Disclosure Project (CDP).

Los tres retos a la hora de adquirir electricidad verde

Según RE100, las empresas se enfrentan a tres principales desafíos a la hora de adquirir la energía eléctrica verde.

En primer lugar, la “limitada o nula” disponibilidad de la propia electricidad renovable, reportada por 40 miembros de la plataforma presentes en 66 mercados; en segundo lugar, la falta de oportunidades de adquisición, con informes de 37 miembros de 111 mercados; y por último, el “prohibitivo” coste de la energía, de lo que informaron 27 compañías de 41 mercados.

Asia fue la región que presentó “con mayor frecuencia” barreras para el abastecimiento, denunciado por 27 miembros de Corea del Sur, 24 de Japón y 22 de China. 

Pese a ello, RE100 revela el “creciente apetito de las empresas de la región” para adquirir electricidad completamente renovable. En los últimos cinco años, el número de empresas asiáticas que han entrado a formar parte de la plataforma se ha disparado desde las 10 compañías que formaban parte en 2016 hasta las 102 empresas actuales.

En su conjunto, las empresas de RE100 aumentaron en 2020 sus Acuerdos de Compra de Energía (PPA, por sus siglas en inglés) en un 26 por ciento respecto al año anterior hasta los 42 teravatios por hora (TWh), lo que supone que los miembros de la plataforma controlaron el 28 por ciento del suministro total de electricidad renovable.

“Si bien es necesario hacer más y más rápido, las mejoras año tras año que muestran los datos de nuestros miembros son una confirmación alentadora de que la demanda corporativa de energías renovables está ganando ritmo”, afirma Sam Kimmins, director del grupo climático, en la carta remitida.

“El objetivo de RE100 es acelerar la transición y es fantástico ver un aumento continuo de miembros que comparten esta visión. Instamos a más empresas a comprometerse”, explica Andrew Glumac, gerente de energía renovable en CDP.

Varios frentes de presión sobre los reguladores

El lobbismo en materia climática llega justo cuando la presión sobre los reguladores se ha recrudecido. Con el mercado sumido en una crisis energética desde hace meses, los precios del carbono han continuado disparándose hasta máximos históricos, elevando también el precio para la adquisición de energías renovables.

En Europa, la propuesta de la Comisión Europea para incluir el gas y la energía nuclear en la taxonomía de actividades sostenibles provocó el rechazó tanto por parte de los Gobiernos -como el español o el alemán- como por parte del activismo climático.

Sin ir más lejos, esta misma semana se sumó a las críticas a Bruselas la plataforma Investor Group on Climate Change (IGCC), que aglutina a 370 empresas miembros con control sobre 50 billones de euros en activos, a través de una carta abierta en la que exigía al regulador comunitario la exclusión del gas. 

“Socavaría la credibilidad de la taxonomía, así como el propio compromiso de la Unión Europea”, afirma rotundamente Stephanie Pfeifer, consejera delegada de IGCC.

Pero la lista de peticiones a los reguladores es amplia y no solo se reduce al activismo climático. También a otras industrias como la gestión responsable de activos.

A finales de diciembre, Fiona Reynolds, consejera delegada de Principles for Responsible Investment (PRI), se despidió de su cargo en una de las referencias del activismo con una carta en la que aportaba seis prioridades a resolver.

Una guía que incluía actuaciones para poner fin a la evasión fiscal o impulsar los compromisos Net zero por parte de la industria, pero también una llamada para acabar con el denominado mal lobbismo empresarial.

“Se ha identificado durante mucho tiempo como un obstáculo [...] Si queremos abordar la emergencia climática, líderes políticos, empresas, finanzas y sociedad civil deben trabajar juntos para superar esto”, recomendó.