La "financiación de la transición" se perfila como uno de los temas más importantes del nuevo año para cualquiera que afirme preocuparse por la crisis climática.

En estos momentos se está creando "todo un mundo de finanzas de transición", afirmó Mark Carney, enviado especial de las Naciones Unidas para la acción y las finanzas climáticas, durante una mesa redonda en la COP28 celebrada el mes pasado en Dubái.

La conversación ha "madurado y se ha pasado de hablar de invertir en el clima a invertir en la transición", afirmó Annika Brouwer, especialista en sostenibilidad de Ninety One, una empresa sudafricana dedicada a la financiación de la transición.

Al menos la mitad de los compromisos de la gestora de activos sudafricana en Dubái se centraron en la financiación de la transición para los mercados emergentes.

El término formaba parte del acuerdo final entre 200 naciones en el que pactaron abandonar los combustibles fósiles. Sin embargo, hay mucho margen de maniobra. En el documento no vinculante, sólo se pide a los países que contribuyan a una transición global.

En otras palabras, las empresas de combustibles fósiles tienen pocos límites a la hora de decidir cómo y cuándo participarán, afirmó Ehsan Khoman, jefe de investigación sobre materias primas, medio ambiente, asuntos sociales y gobernanza y mercados emergentes del MUFG Bank (EMEA), con sede en Dubái.

También da margen de maniobra a los inversores, incluidos los que tienen mandatos denominados sostenibles. La expresión "financiación de la transición" se define vagamente como inversiones principalmente en industrias e infraestructuras que contribuyen a impulsar los esfuerzos para lograr una economía neta cero. Es distinta de la financiación verde, que suele dirigirse a las llamadas soluciones climáticas, como parques eólicos o plantas de baterías.

Aun así, Chuka Umunna, responsable de banca de inversión en ESG y economía verde de JPMorgan Chase para EMEA, afirma que el cambio de tono está abriendo las puertas a estrategias que hace unos años se tambaleaban. La preocupación por las acusaciones de lavado verde (greenwashing) frustró anteriormente los esfuerzos por desarrollar una etiqueta de bonos de transición para los mercados de capitales de deuda, pero ahora hay "mucho más apetito por debatir sobre ello", dijo.

Coaliciones de bancos, aseguradoras y gestores de activos están debatiendo la posibilidad de poner límites a lo que constituye financiación de transición. Pero por ahora no hay una norma coherente.

La Glasgow Financial Alliance for Net Zero propone que la estrategia de inversión incluya la financiación de actividades ecológicas tradicionales, como las energías renovables o los vehículos eléctricos, así como de empresas contaminantes que planean descarbonizarse e incluso de grandes emisores, como las centrales de carbón, siempre que estén en vías de cierre.

Lo que une a la mayoría de las propuestas en torno a la financiación de la transición es la creencia de que, en lugar de limitarse a cortar lazos con las empresas que emiten mucho, las instituciones financieras deben ayudar a las empresas contaminantes a eliminar gradualmente sus actividades o a ponerlas en una senda de reducción de emisiones.

"Hay que ir allí donde están las emisiones e intentar reducirlas", afirma Curtis Ravenel, asesor principal del GFANZ. El grupo está copresidido por Carney, ex gobernador del Banco de Inglaterra y presidente de Bloomberg, y Michael R. Bloomberg, fundador y propietario mayoritario de Bloomberg LP, empresa matriz de Bloomberg News.

Sin embargo, para los inversores preocupados por la sostenibilidad, todo esto plantea una pregunta: ¿Hay activos que no cumplan los requisitos? Y en el caso de los contaminantes que sí cumplen los requisitos, ¿cómo pueden confiar los inversores en que se descarbonizarán a la velocidad y escala previstas?

Estos detalles son tanto más críticos cuanto que algunos fondos de financiación climática anunciados en la COP28 pretenden invertir en activos de transición. Por ejemplo, parte de Alterra, una empresa de 30.000 millones de dólares lanzada por los Emiratos Árabes Unidos con Blackrock, TPG y Brookfield Asset Management se destinará a fondos de transición. Pero hay pocos detalles inmediatos sobre cómo están estructurados.

La forma de "mantener la honestidad" y evitar "la pendiente resbaladiza" de invertir en activos que en realidad no se están descarbonizando es tener normas establecidas, dijo Nazmeera Moola, directora de sostenibilidad de Ninety One. Lo ideal sería penalizar a las empresas que no cumplan sus compromisos medioambientales.

"Si se invierte en una empresa que pretende hacer la transición, tiene que tener un plan realmente sólido", coincidió Kate Levick, que dirige las actividades de financiación sostenible de E3G. "Las expectativas reguladoras se están afianzando, pero es una carrera para llegar hasta ahí y también para converger de modo que no tengamos lagunas de regulación fragmentadas".

Finanzas sostenibles en breve

La mayor gestora de pensiones de Noruega desinvirtió 15 millones de dólares en empresas del Golfo por temor a que pudieran facilitar violaciones de los derechos humanos, al tiempo que decidió excluir a Saudi Aramco por riesgos climáticos.

KLP, que supervisa 70.000 millones de dólares, ha excluido de su universo de inversión a una docena de empresas que cotizan en Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Las desinversiones reflejan en su mayoría un riesgo "inaceptable" de contribuir a abusos de los derechos humanos, dijo KLP. Entre las empresas excluidas figuran compañías del sector inmobiliario, en el que, según KLP, los trabajadores migrantes de África y Asia han sufrido discriminación y violaciones de los derechos humanos.

"Los Estados del Golfo siguen caracterizándose por sistemas de gobierno autoritarios que restringen la libertad de expresión y los derechos políticos, incluidos los de los críticos y los activistas de derechos humanos", afirmó Kiran Aziz, responsable de inversiones responsables de KLP, en un comunicado.

El fracaso de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos a la hora de completar una ambiciosa agenda relacionada con el clima en 2023 está poniendo nerviosos a los activistas medioambientales.

El mercado mundial de deuda sostenible podría tener dificultades para volver a superar su marca más alta por tercer año consecutivo, ya que los prestatarios se enfrentan a costes adicionales de etiquetado, tipos de interés más altos y un mayor escrutinio en materia de ESG.

Los activistas climáticos suizos afirman haber recogido suficientes firmas para una votación nacional sobre un nuevo impuesto a los ricos para cubrir los costes del cambio climático.