La próxima conferencia climática de las Naciones Unidas (COP26) debería ser un punto de inflexión. El tiempo corre en contra en la emergencia climática y solo un marco de políticas adecuado permitirá atraer los flujos inversores necesarios para lograr una economía de emisiones netas cero.

Con este planteamiento, cerca de 600 firmas de inversión, que manejan el 40 por ciento del patrimonio invertido a nivel global, han dado un paso adelante para instar a los gobiernos a reforzar sus planes de acción hacia las cero emisiones antes de la cita de Glasgow.

En concreto, la red de inversores institucionales The Investor Agenda ha emitido una declaración conjunta firmada por 587 inversores de todo el mundo, con unos 39 billones de dólares bajo gestión, que impone cinco acciones gubernamentales prioritarias para el 2021.

Esta petición permanece abierta a nuevos inversores hasta el encuentro fijado, de momento en noviembre, pese a la oposición de más de un millar de asociaciones y grupos ecologistas que optan por retrasarlo -otro año más- por las medidas del Covid-19.

De momento, ha sido suscrita por algunas de las mayores firmas de inversión como State Street Global Advisors (con más de 3 billones). También la apoyan desde la industria de fondos española.

"Hay un enorme potencial de mitigación y adaptación esperando a ser desbloqueado: los gobiernos deberían utilizar el impulso del progreso empresarial para promover políticas ambiciosas que proporcionen a las empresas e instituciones financieras con mayor claridad y confianza", ha subrayado el director ejecutivo de CDP, Paul Simpson.

Llegar a la cumbre con los deberes hechos -o sin hacer- tendrá implicaciones. Los inversores dejan entrever que los países que retrasen sus políticas ambientales hacia la descarbonización se verán perjudicados en los flujos que reciban de los grandes grupos inversores.

"Nuestra capacidad para asignar adecuadamente los billones de dólares necesarios para respaldar la transición hacia una economía de cero emisiones netas está limitada por la brecha de ambición entre los compromisos gubernamentales actuales y las reducciones de emisiones necesarias para limitar el aumento de la temperatura media global a 1,5 grados", subraya el alegato.

Asimismo, como propietarios de empresas, los inversores quieren tener acceso a la información adecuada sobre los riesgos y oportunidades que presenta el cambio climático. Para ello, consideran que la política gubernamental "tiene un papel fundamental jugar".

Un apoyo sin precedentes

No es la primera petición de este tipo por parte de los inversores, que ya presionaron a los Gobiernos bajo este mismo paraguas en la víspera a la cumbre del G7 este verano. Sin embargo, este nivel de consenso en la industria no es habitual.

Y es que, en esta ocasión, el volumen total de patrimonio gestionado por los fondos y planes de pensiones firmantes de la declaración sobre el cambio climático destinada a los gobiernos es el mayor desde la primera iniciativa similar en 2009.

En el ámbito nacional, CaixaBank Asset Management y Arcano Partners son dos de las firmas que se han sumado a estas demandas, que ya apoyaban desde las gestoras del Santander y el BBVA .

Asimismo, participan Caja Ingenieros y también Caja Ingenieros Gestión, así como VidaCaixa, Fonditel Pensiones y el Fondo de pensiones de empleados de Telefónica.

CaixaBank Asset Management y Arcano Partners son dos de las firmas que se han sumado a estas demandas

Detrás de The Investor Agenda figuran Ceres, la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI) y los Principles for Responsible Investment (PRI).

Además, completan el organigrama inicial las organizaciones The Institutional Investor Group on Climate Change (IIGCC), Asia Investor Group on Climate Action (AIGCC), Investor Group on Climate Change (IGCC) y CDP Disclossure Insight Action.

Las cinco peticiones a los gobiernos

El documento firmado por los grupos inversores hace peticiones a los gobiernos, que se concretan en:

1. Reforzar las contribuciones determinadas a nivel nacional para 2030 antes de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de noviembre de 2021.
2. Comprometerse con un objetivo nacional de emisiones netas cero para mediados de siglo y fijar una hoja de ruta clara de descarbonización para cada sector intensivo en carbono.
3. Implementar políticas ambiciosas antes de 2030, eliminando gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles y a la energía basada en el carbón, evitando nuevas infraestructuras intensivas en carbono y desarrollando planes de transición justa para trabajadores y comunidades.
4. Asegurarse de que los planes de recuperación económica frente a la crisis provocada por la pandemia apoyan la transición a una economía neutra en emisiones. Para ello, deben evitar la inversión pública en nuevas infraestructuras intensivas en carbono.
5. Comprometerse a implementar unos requisitos obligatorios de divulgación de riesgos climáticos alineados con el Grupo de Trabajo de Divulgaciones Financieras sobre el Clima (TCFD, Task Force Climate-related Financial Disclosure, en sus siglas en inglés).

Con todo ello, el objetivo es reducir las emisiones netas de dióxido de carbono a nivel global en un 45% hasta el 2030 y alcanzar un economía neutra en emisiones para 2050 o antes.