La industria de la gestión de activos está reorientando sus estrategias de transición energética como consecuencia ineludible de la guerra de Ucrania.

Cuando se cumplen dos meses del inicio del conflicto, las implicaciones y el debate que se ha abierto comienza a notarse en los planes de las gestoras tanto a corto, como largo plazo.

La dependencia de los combustibles fósiles de Rusia por parte de Europa y la exclusión de algunos sectores controvertidos centrarán en este contexto el foco de la ESG, al tiempo que las alternativas de inversión sostenible ganarán un peso cada vez más notable en las carteras.

Minerales y combustibles, ganadores a corto plazo

La guerra ha profundizado en la crisis energética que arrastraba Europa provocando una subida de precios de las fuentes más contaminantes como el petróleo y gas, de los que Rusia es el principal exportador al Viejo Continente. 

Más de un 40 por ciento de las importaciones de gas y una cuarta parte de las de petróleo provienen de Rusia, lo que supone una gran presión para los países comunitarios. Este escenario ha provocado movimientos entre los gestores.

“Las exigencias a corto plazo, como la seguridad y la fiabilidad del suministro, pueden llevarnos a tomar algunas decisiones no deseadas como el aumento de la capacidad de almacenamiento de petróleo y gas”, explica Eoin Murray, head of investment de Federated Hermes.

Según el analista, las altas concentraciones de producción de minerales como el vanadio, el titanio y el níquel en Rusia, podrían aumentar el riesgo de escasez a medida que se vayan imponiendo nuevas sanciones el Ejecutivo de Vladímir Putin, ya que son fundamentales para construir la infraestructura asociada a la generación de energía con bajas emisiones de carbono. También para las redes de carga eléctrica, clave en la estrategia de transición energética de la Unión Europea (UE).

“No cabe duda de que se nos ha dado una segunda oportunidad para reflexionar sobre cómo podría ser un sistema energético y sostenible a largo plazo”, plantea Murray. Sobre todo por la salida de Rusia de un amplio abanico de empresas, que “sugiere que el mundo de los negocios pueda sentirse menos cómodo dejando dinero en países y sectores que ya no se consideran parte de la necesaria transición”.

¿Dónde está el foco a largo plazo?

Lo avisaba el pasado marzo Larry Fink, consejero delegado de Blackrock, la mayor firma de inversión del mundo, al destacar que la guerra acelerará la transición energética. Se trata de una opinión extendida en la industria, que ve una serie de oportunidades de inversión a largo plazo.

“El conflicto tiene consecuencias a largo plazo. De hecho, la UE revisa su estrategia energética para acelerar la transición hacia sistemas más limpios, asequibles y estables, mediante eficiencia energética, fuentes alternativas y renovables”, detalla Gonzalo Rengifo, director general de Pictet AM para Iberia y Latam.

Energía solar y eólica se perciben como las principales beneficiadas, mientras que la volatilidad de los precios energéticos incentiva edificios de bajas emisiones, electrodomésticos de bajo consumo y una mayor electrificación del transporte y las fábricas.

“Conviene centrarse en empresas con flujos de caja favorables en relación con la valoración”, apunta Xavier Chollet, gestor de Pictet Clean Energy, una gama que gestiona 4.700 millones de dólares en activos que favorecen la transición.

Entre algunos valores para apostar, Chollet destaca empresas de servicios públicos como EDPR y RWE; solares como Solaredge o Enphase; fabricantes de iluminación para edificios verdes como Signify y fabricación eficiente como Eaton Corp. Debido a los riesgos geopolíticos, el gestor señala que Pictet ha aumentado posiciones en compañías de semiconductores como Applied Materials y ASML.

“Reducir la dependencia energética se ha convertido en cuestión de seguridad nacional, como lo ilustra el plan Repower de la UE. Incluso en Alemania hay una propuesta de legislación para ser 100% renovables para 2035, 15 años antes del objetivo original”, explica Chollet.

El debate de las exclusiones

La ruta hacia una economía de cero emisiones genera división de opiniones en torno a excluir o incorporar en los procesos de inversión los sectores contaminantes. Algunas gestoras están apostando por no dar la espalda al reto que supone el cambio climático.

“Uno de nuestros principios fundamentales es que debemos hacernos cargo del problema del carbono, no traspasarlo. Las políticas de exclusión evitan el núcleo de la cuestión”, apunta Anna Karim, directora de inversiones ESG en renta fija de Jupiter AM.

La gestora no descarta en su estrategia apostar por compañías que actualmente tienen una huella de carbono importante. En su lugar, considera que se puede invertir en ellas si se muestran comprometidas y pueden conseguir progresos tangibles para combatir la emergencia climática.

“Presionar a las compañías para que deshagan de sus problemas podría favorecer la imagen que proyectan en los análisis ESG, pero no resuelve esos problemas”, sostiene Karim.

Por ello, recuerda el caso de la petrolera británica BP en 2019, cuando se deshizo de su negocio de petróleo y gas en Alaska vendiéndolos a la estadounidense Hilcorp Energy. “En unos meses, las emisiones del negocio se dispararon casi un 9 por ciento”, apunta la analista. Algo que podría “haberse evitado” si BP hubiera mantenido la propiedad.

“Es probable que los impactos de sus operaciones se hubiesen sometido a una mayor vigilancia”, apunta.

Consideraciones para la ESG

La aceleración de la transición energética no evita, sin embargo, que la inversión ESG tendrá que hacer frente a varios retos en el camino.

“A largo plazo aumentará el gasto en material militar, sistemas logísticos, municiones y tecnología. Esto planteará cuestiones desde el punto de vista de la ESG”, señala Chris Iggo, CIO Core Investments de AXA IM. Los beneficiarios serán los sectores aeroespacial y de defensa, de transporte y tecnológico, según el analista.

Así, un gasto adicional del 1-2 por ciento del producto interior bruto (PIB) en defensa “no es nada despreciable”, ya que podría aumentar las necesidades de endeudamiento de los Gobiernos y contribuir a la subida de los tipos de interés en el futuro, lastrando potenciales inversiones.

“No hay que retrasar los beneficios de la transición energética. Lograr una mayor seguridad energética va a requerir una inversión acelerada en alternativas. Por supuesto esto significa más inversión en energías renovables”, apunta Iggo, que considera que en última instancia la transición conduce a una reducción de los precios de la energía.