En España, la colaboración público-privada, basada principalmente en externalizaciones o licitaciones, presenta una trayectoria de luces y sombras. La complejidad y fragmentación de las políticas públicas junto con la poca flexibilidad y agilidad de los procesos marcados por la administración provoca que en muchos casos no se cuente con el socio más adecuado, si no con el más “resistente”. Más allá, de los clásicos “cuellos de botella” que afectan negativamente al desarrollo y alcance de los proyectos.

Desafortunadamente, apenas se han promovido otras vías de colaboración como son las compras conjuntas y los sistemas dinámicos de adquisición, que buscan una mayor eficiencia del gasto público, o como los partenariados público-privados, que impulsan la innovación.

Sin embargo, el Plan de Recuperación Europeo ha puesto en el punto de mira este tipo de colaboración. Así, en España, se están produciendo cambios normativos significativos como el Real Decreto Ley 36/2020 que regula la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Español.

En él se reconoce que "la colaboración público-privada será clave para la ejecución de los proyectos tractores contemplados en el Plan de Recuperación".

La novedad del Plan son los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) que se presentan como la principal fórmula de colaboración público-privada en la canalización de las ayudas europeas.

Según el Real Decreto, los PERTE son “aquellos proyectos de carácter estratégico con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española”. Además, detalla que uno de los requisitos a considerar para catalogar un proyecto como PERTE es "que favorezca la integración y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, así como el impulso de entornos colaborativos".

Esta figura ha generado preocupación en ciertos ámbitos del sector privado. Esa gran capacidad de arrastre parece vincular claramente el liderazgo de los PERTE a las grandes empresas. La inquietud obedece a cómo dichas empresas han formulado sus propuestas y al anuncio del consorcio que formará parte del primer PERTE, cuyo objetivo es la transición hacia el vehículo eléctrico y conectado. Los protagonistas del consorcio, además del Gobierno, son Volkswagen, Seat e Iberdrola.

Si la preocupación es fundada, ¿qué ocurre con las empresas que conforman el 99 % del tejido empresarial español? ¿Nuestras pymes? ¿Cómo lograr ese efecto tractor sin ellas? 

El 53% de las empresas integradas en Cepyme no podrá acceder a los PERTE

Tras aguantar estoicamente un 2020 inédito, con un menor músculo financiero, con la pérdida de más de 900.000 empleos y con una menor “llegada” a las instituciones, apenas tienen información sobre los proyectos de inversión que desarrollar y cómo acceder a ellos. Cepyme, informa que el 53% de sus empresas no podrá acceder a los PERTE por no estar incluidas en la lista de actividades seleccionadas.

Esta situación genera más incertidumbre sobre cómo la Administración traducirá las ayudas de la UE en proyectos viables sobre el terreno, donde las pymes puedan tener un peso acorde a nuestro tejido empresarial.

Movimientos sectoriales como el agroalimentario, han tenido recientemente eco para lograr un PERTE específico que se adapte a las características del sector, con un peso mayoritario de las pymes, en contraste con el primer PERTE, de la automoción, mucho más concentrado.

Es fundamental garantizar que los sectores y actores críticos de nuestra economía estén debidamente representados en los PERTE. Esto no sólo hará posible el deseado efecto tractor, sino también la absorción total, equitativa y efectiva de las ayudas. Es la piedra angular sobre la que debería basarse y planificarse la recuperación.

El efecto multiplicador de los fondos europeos             

Según PwC la previsión de apalancamiento privado es aproximadamente de uno a cuatro (cuatro euros privados invertidos por cada euro público). Esto significa que los 140.000 millones de euros procedentes de Europa podrían multiplicar su efecto movilizando hasta 500.000 millones de euros para inversión del sector privado.

Somos el país más castigado de la eurozona por la crisis asociada al Covid, sin ninguna duda el momento de redefinir y reactivar la colaboración público-privada debe y tiene que ser ahora:

• disponemos de liquidez, es inminente la llegada de uno de los volúmenes más altos de inversión asignados por la UE,
• hay un fuerte sentido de urgencia, los fondos deben ejecutarse en un tiempo récord, hasta 2026,

Sin embargo, somos el país de Europa con la menor tasa de absorción de fondos: a finales de 2020, España había ejecutado el 43% de los fondos europeos estructurales y de inversión adjudicados para el periodo 2014-2020. Este dato pone en evidencia la gestión y los modelos de colaboración público-privada desarrollados hasta ahora.

Es más imperioso que nunca encontrar el marco de colaboración público-privada que ofrezca garantías y confianza. La clave está en lograr un modelo de gobernanza y responsabilidades compartidas, a imagen de los partenariados anglosajones basados en el concepto de discrecionalidad y gobernanza compartida.

Esto significa que la toma de decisiones es conjunta, desde la definición, implantación y evaluación del proyecto de colaboración; compartiendo también responsabilidades y riesgos en un marco de relación estable.

Un tándem de esta naturaleza debería estar conformado por una Administración con los criterios claros, unidad y estabilidad jurídica, inclusiva con las pymes, que asegure el cumplimiento de objetivos sociales y ambientales, transparente y ágil; y por un sector privado comprometido, eficiente, solvente, con experiencia, recursos y reconocimiento en el proyecto a desarrollar.

Sólo así lograremos traducir íntegramente los cuantiosos fondos que recibiremos en proyectos viables con alto impacto social… ¿apostamos por la gobernanza y responsabilidad compartida como eje de la colaboración público-privada?