Inseguridad jurídica y miedo al greenwashing alrededor de la ESG. Son dos palabras que han surgido en varias ocasiones ante la inminente comercialización masiva de fondos sostenibles entre inversores minoristas.

Este miércoles ambos términos volvieron a surgir durante la jornada de la APIE y la Universidad Menendez Pelayo, durante las intervenciones de las asociaciones de usuarios.

Tanto desde ASUFIN (Asociación de Usuarios Financieros), como desde la OCU, reconocieron que la petición de la industria de la inversión de retrasar la entrada en vigor de la MIFID verde es razonable, dado que todavía la normativa no está cerrada-.

Su puesta en marcha se considera un paso definitivo para la comercialización de fondos ESG, con objetivo sostenible, entre los inversores minoristas.

"Entendemos que hay una urgencia pero aprendiendo del pasado sería mejor que se retrasara hasta que la regulación esté definida", señaló Ileana Izverniceanu, Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de OCU.

Por su parte, Patricia Suárez, presidenta de Asufin (en la foto) respaldó que la petición de la industria era lógica y advirtió que, en el caso de que se produjera greenwashing, la asociación lo denunciaría.

El 2 de agosto, en el calendario ESG

Aunque desde la industria de la gestión de activos y desde la inversión sostenible se ha reclamado que se retrase la entrada en vigor de la MIFID verde, por el momento no se ha dado este paso.

Si no cambia el escenario, a partir del próximo 2 de agosto entrará en vigor un nuevo test de idoneidad con el que en la venta de productos se preguntará al cliente si quiere invertir con criterios de sostenibilidad.

El problema estriba en que la normativa MIFID II y el Reglamento de Divulgación, que ha servido de base para clasificar los niveles de sostenibilidad de los productos, no es equivalente y muchos productos englobados dentro del artículo 8 no serían vendibles en base a los criterios de la MIFID verde.

Con la regulación sin terminar -varios desarrollos entrarán en vigor el 1 de enero de 2023- la industria estaba solicitando que la entrada del test de idoneidad se retrasara también hasta esa fecha para que hubiera unidad normativa.

El sector teme la inseguridad jurídica que genera esa divergencia y la posibilidad de ser acusadas de greenwashing ante los cambios normativos que están a la venta.

Desde la perspectiva del inversor minorista, también es una forma de protegerle y evitar que pueda tomar posiciones en productos que puedan ser menos sostenibles de lo que reclama la regulación en el futuro.

El entorno, además, está muy caldeado por los movimientos que algunos reguladores y supervisores están llevando a cabo alrededor del greenwashing y que están afectando a grandes jugadores del sector. DWS, BNY Mellon o Goldman Sachs ya se han visto salpicados y no se descarta que surjan más casos.

Aunque no se han producido casos en España, el sector financiero acumula años de fuerte incremento de la litigiosidad con los usuarios, y en algunas ocasiones han reconocido que están siendo conservadores a la hora de clasificar productos por la inseguridad regulatoria.

Los usuarios, por su parte, reclaman más gama de producto para que los clientes tengan alternativas de inversión. Patricia Suárez, desde Asufin, reclamó más oferta este miércoles durante su intervención y no solo en fondos; sino en toda la gama de producto financiero verde de las entidades financieras españolas.

Suárez cree que la banca debe actuar como motor para que los clientes den el paso de ser más verdes, pero que para ello es necesario que la oferta sea visible y que se innove.