La oleada regulatoria a la que se enfrenta la inversión colectiva va a más. Sin que todavía las gestoras tengan claro el desarrollo del Reglamento de Divulgación, los avances en la taxonomía sostenible de la Unión Europea y las primeras propuestas para la social, abren interrogantes sobre el terreno en el que se tendrá que mover la industria de la inversión colectiva.

Solo respecto a la sostenible, donde las regulaciones europeas están trabajando de manera firme para que encaje con la política del Green Deal europeo y sea capaz de mover capitales para la transición energética, son numerosos los interrogantes que se platean.

Y firmas como Linklaters avanzan que el desarrollo normativo abre tanto oportunidades como riesgos para la industria de la inversión colectiva y varios desafíos. Entre ellos, destaca varios puntos:

Los criterios técnicos no son estáticos. "Cambiarán temporalmente, cada cinco años", explica la firma de abogados. Este modelo provocará que el listón para entrar dentro de la categoría de actividad sostenible sea cada vez más elevando. Una propuesta que "aunque comprensible para evolucionar hacia una economía verde", "crea desafíos para los administradores de activos que invierten en activos no líquidos como, por ejemplo, infraestructura e inmobiliario. Existe un problema con la previsibilidad de los umbrales futuros", avanza Linklaters.

Para el sector de infraestructuras el cambio de listón de las actividades sostenibles planteará complicaciones

El segundo desafío está directamente ligado al Reglamento de Divulgación (EU Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR).

La norma "se aplica a nivel de inversión (por ejemplo, la participada / empresa de cartera se evalúa como un todo), pero la evaluación de taxonomía analiza y considera la sostenibilidad de actividades económicas / líneas de negocio específicas de la empresa", apunta esta firma.

"Los gestores que invierten en productos del Artículo 8 o del Artículo 9 de SFDR con inversiones alineadas con la taxonomía deben lidiar con dos conceptos diferentes que no siempre coinciden", añaden.

En tercer lugar figura la complicación de que las actividades económicamente sostenibles salvaguarden unos mínimos a nivel social. Un requisito complicado de implementar.

"¿Qué deben hacer los administradores de activos para cumplir con estos requisitos? ¿Es suficiente asegurarse de que las empresas participadas cuenten con las políticas y los procedimientos adecuados? ¿O necesitan ir mucho más allá y monitorear la aplicación de tales políticas / procedimientos en la práctica? ¿Y cuál debería ser el nivel de tal seguimiento?", se pregunta Linklaters.

Muchas cuestiones abiertas que parece complicado que se resuelvan antes de que la taxonomía social se haya definido y su puesta en marcha parece todo menos inmediata.

Un cuarto desafío vendría de la falta de estandarización internacional "Los criterios técnicos de selección están vinculados a la legislación de la UE existente (por ejemplo, certificación EPC para edificios). Esto tiene sentido. Sin embargo, el desafío es la aplicación de tales umbrales / requisitos fuera de las fronteras de la UE", reflexiona la firma de abogacía.

La regulación se limita a la UE, pero los gestores habitualmente invierten fuera de las fronteras domésticas

Para Linklaters, en el mundo real, las actividades de inversión de las gestoras raramente se circunscriben a las fronteras nacionales o de la Unión Europea. Con esta visión, falta visibilidad sobre si, por ejemplo, los gestores de activos inmobiliarios tendrán que enviar a un experto a un tercer país para lograr una certificación; o si tendrán que optar por economías con normativas similares.

En este último caso, es complicado poder estar seguro de que la certificación se ha realizado de manera correcta.

Y en quinto lugar, un reto que afecta a todo el mundo de la sostenibilidad: los datos y su calidad. "Que existan datos comparables es algo critico para que los gestores de activos puedan alinearse con lo taxonomía de la Unión Europea", valoran estos expertos.

Para solucionar este problema, Europa estaría trabajando en una nueva Directiva que imponga la utilización de un modelo único de reporting en sostenibilidad para todas las empresas cotizadas.

Pero, además de circunscribirse a los activos europeos, esta nueva normativa de reporting estaría dejando fuera a activos como las infraestructuras, los inmuebles o las pymes no incorporadas al mercado..