Las relaciones comerciales y políticas entre China y Estados Unidos casi nunca atraviesan un buen momento. Y el actual no es diferente en uno de los ámbitos en que la Administración de Joe Biden trata de marcar un punto de inflexión en la política estadounidense: el desarrollo de las renovables.

Y en este ámbito energético, de nuevo, hay una pugna con el gigante asiático, centrada en su posición de dominio como primer fabricante mundial de paneles solares.

Esta misma semana, un grupo de empresas estadounidenses enfocadas en la energía fotovoltaica ha presentado una denuncia ante la Administración demócrata para que investigue lo que considera prácticas anticompetitivas por parte de fabricantes chinos de paneles solares.

Una exigencia de investigación de carácter anónimo, porque no se ha hecho pública la identidad de las compañías -al menos, cuatro- por temor a represalias por parte de los fabricantes chinos, quienes concentran el 80 por ciento de la producción mundial de una tecnología esencial para la descarbonización del mix energético.

Desplazar la producción

Esta denuncia por parte de los productores solares estadounidenses se basa en que los fabricantes chinos estarían desplazando la producción a otros países asiáticos.

En ellos, tan solo realizarían pequeñas modificaciones o cambios de mínimo calado en la producción de paneles, como vía para esquivar los aranceles que Estados Unidos ha ido imponiendo en los últimos años a los fabricantes chinos.

Una situación donde la Unión Europea, de momento, parece un convidado de piedra después de que también haya tenido su propia historia en lo relativo a los aranceles comerciales con los fabricantes solares chinos.

A día de hoy, el ‘problema’ de Estados Unidos en cuanto a las importaciones de tecnología solar es que son esenciales para hacer despegar esta tecnología. Más aún con las elevadas expectativas de instalación que se ha marcado el Gobierno demócrata.

Actualmente, solo el 3 por ciento de la electricidad que consume procede de producción solar y, sin embargo, ambiciona que sea el 40 por ciento en 2035. A día de hoy, sin una industria local capaz de competir con la producción china, no es factible lograr esa ambiciosa meta sin las importaciones asiáticas.

En cuanto a la exigencia de investigación al Departamento de Comercio, esta afecta a una veintena de empresas, entre ellas, dos de los principales fabricantes mundiales, como JinkoSolar y Longi Solar. 

Aranceles ya en marcha

En este caso, no se trataría tanto de imponer aranceles -porque, en realidad, ya existen- sino evitar ese desplazamiento de la producción a países vecinos, sin estas cargas al comercio, entre los que están Malasia, Vietnam o Tailandia. 

Esos citados aranceles a los paneles y componentes fotovoltaicos chinos, comenzaron a imponerse, por parte de EEUU, a finales de la primera Administración de Barack Obama, en 2012 y, aunque dependían del tipo de componente de los paneles solares, en algunos casos conllevan tarifas de hasta 100 por cien de la importación. 

Una estrategia arancelaria que no se levantó durante la segunda etapa de Obama en la Casa Blanca, ni con su sucesor republicano Donald Trump. Y que, ahora, puede verse reforzada con Biden en el Despacho Oval. 

No en vano, el demócrata es plenamente activo en lo relativo a los aranceles a los componentes de las instalaciones renovables, ya que recientemente también los ha impuesto a los fabricantes de palas eólicas. Entre otros, a Siemens Gamesa.

Los motivos, similares, que sus reducidos precios les permiten arañar posición de dominio y perjudican la competitividad de la industria local. 

El problema del silicio

Pero los aranceles no son el único motivo de disputa entre Washington y Pekín. A principios de verano, el Gobierno demócrata ordenó la prohibición de determinadas importaciones de silicio, un material clave para la producción de los paneles fotovoltaicos.

La razón que argumentó en ese caso el Departamento de Comercio es que en su producción en la región de Xinjiang existen sospechas fehacientes de trabajos forzados de la minoría étnica uigur y de otras minorías musulmanas.

Una situación donde la Unión Europea no se ha quedado de brazos cruzados, aunque, de momento, no ha impuesto nuevas cargas a las importaciones de materias primas o a los componentes esenciales para el desarrollo renovable.

En el caso de Bruselas, las sanciones han sido directas a cuatro altos funcionarios del Partido Comunista y de la Administración china a quienes se han congelado sus activos en la Unión Europea y que, además, tienen prohibido viajar a territorio comunitario. 

La batalla comercial entre Europa y China

En cuanto a los paneles solares, también Bruselas y Pekín han librado su propia batalla comercial. En este caso, viene de más lejos. En 2013, la Comisión ya decidió imponer medidas ‘antidumping’. 

Una medida arancelaria progresiva -iban del 11 a más del 47 por ciento- que se acordó mantener a menos que el gigante asiático cesara la venta de componentes por debajo del precio del mercado. 

En este caso, se fueron ampliando sucesivamente, hasta que en 2018 se llegó a una ‘tregua’, básicamente por practicidad y porque sin paneles chinos la industria fotovoltaica europea no podía despegar.

Entonces, Bruselas tiró de pragmatismo. “La Comisión Europea ha observado que la situación del mercado no justifica una nueva extensión de las medidas. En consecuencia, se ha rechazado la petición de la industria para una investigación”, concluyó el Ejecutivo comunitario hace casi tres años. Y zanjó así la pelea arancelaria.

Ahora es Estados Unidos la que tiene que investigar la política exportadora china en una batalla donde los intereses por impulsar la energía ‘verde’ y la geopolítica más tradicional no siempre van de la mano.