El caldeado tablero político global ya dejó señales, hace unos meses, de que la batalla contra la ESG se podía convertir en un baluarte para sectores más conservadores del espectro ideológico, y Estados Unidos dejó esta semana una nueva prueba de ello que afectó al mayor gestor de activos del mundo, Blackrock.

Y es que Florida, el estado norteamericano gobernado por un Ron DeSantis que se erigió como figura sucesora de Donald Trump gracias a su discurso "antiprogre" (o woke, como se le denomina en inglés), anunció que retirará 2.000 millones de dólares de activos estatales, que hasta ahora gestionaba BlackRock.

Una declaración de intenciones por parte del ala conservadora del poder político estadounidense que acelera la lucha abierta por los republicanos contra Blackrock, y contra las prácticas de inversión ESG.

La ESG se enfrenta a la politización de sus inversiones

De acuerdo al comunicado emitido por el director financiero del estado de Florida, Jimmy Patronis, el Tesoro floridano congeló inmediatamente unos 1.430 millones de dólares en valores que Blackrock gestionaba a largo plazo, y también retirará la potestad del gestor sobre unos 600 millones de dólares en inversiones a corto plazo.

Una decisión que, según señaló Patronis, se tomó porque, a sus ojos, Blackrock estaría utilizando el dinero de su estado para "financiar su proyecto de ingeniería social", en vez de para "maximizar los rendimientos".

Es decir, que igual que hace meses hicieron 19 fiscales generales estadounidenses, al acusar a Blackrock de "infringir" una regla del interés único que marca que el objetivo de los gestores debe pasar por ofrecer rendimientos a sus clientes, desde Florida apuntaron abiertamente que el objetivo de la gestora pasa por "promover objetivos sociales o políticos".

Una acusación que desde Blackrock calificaron como "sorprendente", dados los fuertes rendimientos que la compañía proporcionó a Florida en los últimos cinco años, pero que se comprende como un paso adelante más por parte de un sector republicano dispuesto a convertir a la gestora en chivo expiatorio de su discurso.

Porque desde que el ala republicana comenzó a intensificar los ataques a la inversión ESG, BlackRock, que supervisa 8 billones de dólares en todo el mundo, se convirtió en uno de los principales objetivos del partido estadounidense.

Los estados de Luisiana y Missouri, por ejemplo, retiraron un total de 1.300 millones de dólares de BlackRock este año. Y en agosto, Texas incluyó a la firma en una lista de las empresas que, en opinión de su Gobierno estatal, "boicotean a la industria energética".

Sacrificar el acceso a inversiones de alta calidad

Al conocer la noticia, el portavoz de Blackrock, Ed Sweeney, afirmó que "ni el director financiero (de Florida), ni su personal", plantearon anteriormente problemas sobre el rendimiento de sus inversiones, y dejó una reflexión que puede hacer sonar la alarma sobre los peligros a los que se enfrentará la inversión ESG en el futuro.

"Nos preocupa la tendencia emergente de iniciativas políticas como esta, que sacrifican el acceso a inversiones de alta calidad y, por tanto, ponen en peligro los rendimientos", aseguró.

Y añadió: "Los fiduciarios siempre deben valorar el rendimiento por encima de la política".

Unos rendimientos que, para Blackrock, pasan por la ESG, porque en opinión de la compañía estadounidense, "los inversores y las empresas que adopten una posición previsora respecto al riesgo climático y a sus implicaciones para la transición energética, generarán mejores resultados financieros a largo plazo".

Una perspectiva que no se comparte desde Florida y que se está batallando activamente, luchando para que, de acuerdo al gobernador DeSantis, "el dinero de los impuestos y los votos de sus ciudadanos" no sean "requisados por las empresas financieras de Wall Street y utilizados para implementar políticas a través de la sala de juntas".

El debate sobre el cambio climático, por tanto, se está extendiendo también sobre la política financiera, y amenaza con frenar la expansión de estas inversiones.