La industria de la inversión responsable europea ha vivido meses de intensos cambios en materia normativa. Desde la entrada en vigor del Reglamento de Divulgación, -la Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)-, en marzo de 2021, han trascurrido quince meses y el sector ha tenido tiempo para reflexionar sobre dónde deben centrarse los esfuerzos de mejora: en eliminar la inseguridad jurídica.

Esta semana Eurosif, que integra a las asociaciones europeas de la industria de la inversión responsable entre ellas a la española Spainsif, ha publicado un documento en el que analiza los retos de la SFDR y presenta hasta seis propuestas para que la regulación sea realmente transparente y útil para el inversor minorista.

La ambigüedad de la actual normativa expone a las gestoras a reclamaciones por ventas inadecuadas

Lo segundo es especialmente crítico a corto plazo. Si no se produce un cambio a última hora -y no lo parece- el próximo 2 de agosto la inversión responsable desembarcará a lo grande en la oferta de productos para particulares gracias a los cambios en el test de idoneidad.

Un salto muy relevante para la popularización de la inversión sostenible, pero también un foco de preocupación porque la normativa cuenta algunos puntos débiles que dejan la puerta abierta a reclamaciones y acusaciones por greenwashing; con el consiguiente riesgo económico y reputacional.

"La ambigüedad de las categorías actuales en la SFDR puede exponer a las gestoras a reclamaciones por comercialización inadecuada (miss-selling) si los clientes o los reguladores nacionales no comparten la interpretación de las disposiciones de la SFDR", reflexiona Eurosif.

En su opinión, sin una clarificación global a nivel europeo, no corregir esta situación, podría provocar una fragmentación del mercado, ya que las gestoras se verían obligadas a adaptar sus productos a cada país, algo que no iría en la mejor dirección para lograr la unión del mercado de capitales que persigue la Unión Europea, de acuerdo con Eurosif.

La industria estaría utilizando las categorías del Reglamento de Divulgación como un estándar, pero está lleno de interrogantes y que deja margen a las interpretaciones.

"Las disposiciones de la SFDR no aclaran cómo calificar un producto como el artículo 6, 8 o 9, o dónde está el límite entre distintos productos, obligando a muchos participantes del mercado a clasificar y autocertificar sus propios productos", insiste.

La publicación del informe se produce pocas semanas después de que grandes actores de la industria financiera se hayan visto salpicados por investigaciones por greenwashing.

6 aspectos a mejorar

Para solucionar el problema, Eurosif aporta seis propuestas:

1. Convertir la SFDR en un estándar válido. Para lograrlo, es necesaria una limitación más clara entre productos para que puedan clasificarse correctamente y se transmitan a los inversores claramente sus características
2. Introducir una nueva categoría enfocada hacia los riesgos-oportunidades en sostenibilidad. Se enfocaría hacia la materialidad financiera y tendría en cuenta los productos de inversión que integran la sostenibilidad en el corazón de su proceso de inversión (ya sea medioambiental o social). Para Eurosif, bastaría con incluir una categoría más o reformar la 6.
3. Ser más específico con el concepto de la promoción de aspectos medioambientales y sociales. Esto pasaría por una reforma del artículo 8 del Reglamento de Divulgación. Se buscaría demostrar que realmente se promueven estas características desde el centro del proceso de inversión, que se podría medir a través de indicadores PAI (Principal Adverse Impact).
4. Especificar o eliminar el concepto de inversión sostenible. La duplicidad de regulaciones -Taxonomía y SFDR- ofrece también diferentes marcos para entender la sostenibilidad; algo que impide que se pueda realizar una clasificación uniforme y crea diferentes interpretaciones.
5. Replantear la MIFiD verde. En el caso que se modifiquen los artículos propuestos, también se debería cambiar este norma, aplicable a la venta de producto sostenible.
6. Promover la puesta en marcha de clasificaciones voluntarias a largo plazo. Estas etiquetas permitirían establecer distintos niveles de ambición y también acoger productos enfocados hacia las actividades de transición.