Durante la madrugada del martes, después de una larga noche de negociaciones y de años de preparación, la Unión Europea logró cerrar un acuerdo provisional para implantar una nueva tarifa verde a las importaciones de materiales, como pueden ser el cemento o el acero, producidos con altas emisiones de dióxido de carbono.

Y si bien este anuncio supuso, ante todo, que Bruselas se convirtiera en la primera capital de una economía global en poner en marcha este tipo de medida, las consecuencias de la misma pueden ser variadas.

En primera instancia, puede evitar la marcha de empresas europeas a regiones con menor control regulatorio en relación con el impacto climático. Y posteriormente, forzar a estas regiones externas a acelerar su proceso de reducción de las emisiones.

Así lo defendieron, al menos, algunos oficiales del parlamento europeo, y lo detallaron también otras fuentes del mercado.

La UE defiende su tarifa verde a las importaciones

"Este mecanismo fomenta la importación a la UE de mercancías de empresas no comunitarias que cumplan las estrictas normas climáticas aplicables en los 27 Estados miembros de la UE", apuntó Jozef Síkela, ministro de Industria y Comercio de la República Checa, que lideró las conversaciones en torno a esta medida.

"Esto garantizará un tratamiento equilibrado de tales importaciones, y está pensado para animar a nuestros socios en el mundo a unirse a los esfuerzos climáticos de la UE", añadió.

Un punto de vista que Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea, reforzó en unas declaraciones para The Guardian.

"Vamos a pedir una tremenda transformación a muchas partes de nuestra industria. Si otros países no lo hacen -si no cumplen con lo que se comprometieron a hacer en virtud del Acuerdo de París-, el riesgo de una fuga de carbono es enorme" alegó.

Timmersman, en consecuencia, argumentó que la medida planteada desde Bruselas es necesaria para proteger a la Unión Europea ante el desequilibrio que se puede producir con otros países, y evitar así una fuga de carbono que derivaría en el traslado de la industria europea "a otros lugares donde no tenga que cumplir normas estrictas para emitir CO2".

Pascal Canfin, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, también hizo referencia a estos puntos fuertes de la medida, durante una rueda de prensa posterior al anuncio.

"Por primera vez vamos a garantizar un trato justo entre nuestras empresas, que pagan un precio por el carbono en Europa, y sus competidoras extranjeras, que no lo hacen", aclaró.

"Se trata de un gran paso que nos permitirá hacer más por el clima, al tiempo que protegemos nuestras empresas y nuestros puestos de trabajo", concluyó.

Un arancel que afectará a China, Turquía, Estados Unidos y Rusia

La medida arancelaria planteada por la Unión Europea, que se espera que entre en vigor a modo de prueba a partir del próximo octubre, afectará sobre todo a países como China, Turquía, Estados Unidos, y Rusia.

Así lo explicaron Benhard Bartels, director General de ESG, y Arne Platteau, analista cuantitativo de ESG en Scope Ratings.

"Las importaciones directas de materiales a la UE constituyen una pequeña parte del valor global importado, ya que la mayoría de los insumos se producen en el país. Sin embargo, la UE importa un alto valor de carbono integrado en productos manufacturados, que por ahora no forman parte del sistema arancelario en la frontera del carbono", detallaron los expertos.

De acuerdo a sus estimaciones, asimismo, la mayor proporción de las importaciones, en el caso de los productos no metálicos, procede de China, con 4.000 millones de euros, mientras que el 94 del valor se produce dentro de la UE.

Las importaciones de metales básicos, por otro lado, representan un 14 por ciento del valor importado en relación con la producción nacional, apuntaron los expertos de Scope Ratings, que agregaron que "los datos de la OCDE muestran que la mayor parte de estas importaciones procedían anteriormente de Rusia — con 10.000 millones de euros —, seguida de Estados Unidos y Turquía — ambas con 6.000 millones de euros —, y China — 5.000 millones de euros".

Y teniendo en cuenta que Rusia e India se sitúan entre los países con mayor índice de intensidad de carbono de sus economías, seguidos de China y Turquía, parece claro qué países tenía en mente Bruselas, a la hora de implantar su nueva medida.

Medida que Bartels y Platteau, al igual que los oficiales del Parlamento, también coincidieron en señalar como solución a la posible fuga de carbono, al indicar que esta "podría convertirse en un problema si los productores de materiales ubicados en la UE externalizan su producción".