El aumento del peso de los vehículos eléctricos en el parqué automovilístico continental es una de las consignas claras de la Unión Europea de cara a los próximos años, y en pos de asegurar que este objetivo se cumple sin daños colaterales para el medio ambiente, Bruselas cerró un acuerdo provisional que eleva el escrutinio sobre sus baterías.

En el marco de este nuevo acuerdo, la fabricación de baterías estará sujeta a mayores requisitos de sostenibilidad, rendimiento y etiquetado, de acuerdo a la información proporcionada por el organismo europeo.

Un aumento de las exigencias en este campo, que no solo pone de relieve el camino hacia la electrificación iniciado por plantas como la de Ford en Valencia, o la apertura de la gigafactoría de baterías de Sagunto, sino que también pone el acento sobre el papel que deberán ocupar los productores de energías renovables de cara al futuro.

Y un acuerdo, asimismo, que coge forma tras una primera propuesta hecha en diciembre de 2020, pero que difícilmente tendrá un impacto de relevancia antes de 2027.

El impacto del ciclo productivo de los vehículos eléctricos, a examen

Tal y como explica el comunicado que envió la institución continental, las nuevas normas acordadas por la Unión Europea abarcarán todo el ciclo de vida de las baterías, desde su diseño hasta el final de su vida útil, y se aplicarán a todos los tipos de baterías vendidas dentro del espacio supervisado por Bruselas.

Una supervisión global que, según se explicó desde el lobby europeo a favor de la promoción del transporte sostenible, Transport & Environment (T&E), "implicará que los fabricantes de baterías que quieran vender en Europa tendrán que informar de toda la huella de carbono del producto, desde la extracción hasta la producción y el reciclaje, a partir de julio de 2024".

Es decir, que el foco en torno a los fabricantes de baterías no se pondrá tan solo sobre cuántas emisiones se ahorran gracias a sus productos, sino también en cuántas emisiones se producen en su fabricación, puesto que los datos recogidos hasta 2024 "se utilizarán después para fijar un límite máximo de CO2 para las baterías, que se aplicará ya en julio de 2027, garantizando que las empresas las fabriquen utilizando energía limpia, en lugar de combustibles fósiles".

"Las nuevas normas sobre la huella de carbono, el reciclado y los controles de diligencia debida harán que las baterías vendidas en Europa sean las más sostenibles del mundo, marcando la pauta para el resto del mundo", apuntó Alex Keynes, gerente de T&E.

Una aspiración a posicionarse como referencia global en este mercado que, según se señaló desde la propia Unión Europea, espera ser tan beneficiosa para el medio ambiente como para la economía.

"Nuestro objetivo general es construir una industria de reciclado más fuerte en la UE, especialmente para el litio y para un sector industrial competitivo que, en su conjunto, es crucial para la transición energética en las próximas décadas", afirmó el miembro del Parlamento Europeo, Achille Variati.

Un mercado al alza con Europa en el centro

El mencionado impacto económico que puede tener esta medida se puede entender ante el hecho de que, según se detallaba desde la Alianza de Baterías Eléctricas fundada por la propia UE, el uso de vehículos eléctricos de batería (BEV, por sus siglas en inglés) aumentó significativamente en los últimos años en Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido.

"Hay un total de 16,5 millones de vehículos eléctricos (VE) en circulación, y casi el 10 por ciento de las ventas mundiales de coches del año pasado fueron VE", indicaron desde la Alianza.

"Además, estas cifras se han multiplicado exponencialmente año tras año, lo que indica que la demanda de baterías se disparará en el futuro", añadieron.

Unas previsiones que, de acuerdo a la fundación europea, requieren "una sólida industria del reciclaje de baterías, que será fundamental para que Europa mantenga la competitividad con los mercados extranjeros y atienda la creciente necesidad de baterías después de 2030 o 2035".

Una necesidad que llevó a la Alianza a alertar de que "el mercado europeo necesita garantizar que el núcleo de la cadena de valor migra a Europa y permanece en ella, reduciendo la dependencia de los productores extranjeros".

Una migración y una permanencia en territorio europeo que las nuevas regulaciones esperadas para los próximos años pueden apuntalar, al asegurar que las fábricas establecidas en el continente representan el máximo exponente de sostenibilidad esperado desde Bruselas.