El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico mantienen abierta una consulta pública hasta el próximo 15 de noviembre enfocada a dar vida a un Real Decreto de desarrollo del artículo 32 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.

La futura norma, en línea con la regulación en la que está trabajando Europa, ya introduce la posibilidad de incorporar los riesgos sociales dentro del futuro informe anual sobre la evaluación del impacto financiero de los riesgos asociados al cambio climático generados por la exposición de su actividad.

En concreto, los ministerios piden a las partes interesadas que respondan a la siguiente pregunta: ¿Además de los riesgos físicos y de transición, deben incluirse también análisis sobre riesgos sociales?

Los ministerios solicitan opinión sobre el nivel de concreción que debe adoptar el informe

Junto a esta posibilidad también solicitan respuesta a varias otras cuestiones, como si el informe debe distinguir entre entidades financieras y empresas; la concreción del informe (distinción entre subsectores de entidades financieras o sectores productivos); el peso que debería tener en el documento la información cuantitativa y la información cualitativa.

Asimismo, se pide valoración sobre el grado de detalle que puede exigirse a la divulgación de las estrategias de descarbonización, y en los planes de adaptación y mitigación del cambio climático sin perjudicar el secreto comercial, o cuál es la mejor forma de medir el impacto de los precios del carbono en la actividad de las empresas, tanto las sujetas a estos mercados europeos, como las no sujetas.

Las compañías que 'afectadas' por las futuras obligaciones son "las sociedades emisoras de valores admitidos a negociación, las aseguradoras, a los bancos y a otras empresas de gran tamaño", explica finReg 360.

La consultora especializada en regulación financiero, asimismo, enumera los objetivos del futuro Real Decreto:

1. Concretar el contenido del informe anual de riesgo climático, que incluirá los siguientes aspectos:
   • la estructura de gobierno de la entidad y las funciones encargadas de la evaluación y la gestión de los riesgos climáticos;
   • el enfoque estratégico para gestionar los riesgos financieros asociados al cambio climático;
   • los impactos reales y potenciales de los riesgos y oportunidades asociados al cambio climático en sus actividades, estrategia y planificación financiera;
   • los procesos de identificación, evaluación, control y gestión de los riesgos climáticos;
   • las métricas, escenarios y objetivos utilizados para evaluar y gestionar los riesgos y oportunidades relacionados con el cambio climático.
2. «Establecer un marco regulatorio que recoja las especificidades de los riesgos climáticos para la actividad financiera», que son distintos de otros riesgos para la estabilidad financiera.
3. «Generar un marco de información financiera y empresarial» que permita:
   • conocer y comparar el grado de exposición del sector financiero y empresarial a los riesgos climáticos,
   • realizar evaluaciones prospectivas de los riesgos climáticos, y
   • conocer las actividades mitigantes de los riesgos climáticos.

Inteligencia Artificial y algoritmos verdes

En paralelo, el próximo 15 de noviembre también finaliza el plazo para presentar manifestación de interés para dar luz al Programa Nacional de Algoritmos Verdes (PNAV) para integrar la inteligencia artificial en la sostenibilidad.

De acuerdo con la documentación,

• Podrán presentarse tres tipos de expresiones de interés: 
  1. Trabajos de consultoría relacionados con el desarrollo de las áreas de conocimiento y de actuaciones para favorecer la eficiencia y uso de IA en problemas ambientales, en las que se enmarca el PNAV.
  2. Proyectos o soluciones tecnológicas dentro del ámbito del PNAV, que deberán estar englobadas en niveles de madurez tecnológica de grado 6, 7 u 8 .
  3. Actuaciones de I+D+i por parte de centros de investigación o universidades que permitan el desarrollo del PNAV.
• No se fijan límites económicos en cuanto al importe de las expresiones de interés presentadas.
• La presentación de expresiones de interés está abierta a todo tipo de agentes privados y públicos, teniendo en cuenta a empresas de cualquier tamaño, así como centros de investigación y universidades de cualquier índole. Dichas expresiones de interés corresponderán a entidades, que podrán estar relacionadas con el sector tecnológico o cualquier otro que tengan experiencia o conocimiento en la definición de desafíos medioambientales relevantes en España y en la aplicación de soluciones basadas en IA para la resolución de dichos desafíos. También en el desarrollo y entrenamiento de modelos de IA, en la cuantificación de la energía requerida durante el ciclo de vida de dichos modelos o que sean especialistas en el sector medioambiental y energético, en particular en eficiencia y trazabilidad energética.
• Las expresiones de interés serán presentadas de manera individual y anónima por cada agente.