A mediados de 2020, un grupo de profesores universitarios asumimos el riesgo de ofrecer un análisis sistemático —por sectores y ámbitos institucionales— del impacto de la emergencia sanitaria desencadenada por el Covid-19 sobre la economía española. 

Una apuesta arriesgada: era prematuro pronunciarse sobre el recorrido y el final de la crisis económica; todo, tanto a escala global como en España, estaba dominado por la incertidumbre. 

Pero el atrevimiento tenía justificación: la voluntad de poner la capacidad analítica como economistas al servicio del interés general, facilitando el conocimiento de unos hechos determinantes de situaciones y comportamientos, individuales y colectivos.

La apuesta fructificó en una obra, La economía española y la pandemia (Universidad Nebrija-Thomson Reuters Civitas), cuyos coautores se reúnen de nuevo ahora en la revista INVERSIÓN, en otro ejercicio que requiere a la vez cierta osadía y responsabilidad profesional.

Escenario negativo

El punto de partida no puede ser otro que la constatación de la gravedad del golpe de la pandemia sobre la economía. Una abrupta caída de la actividad, consecuencia de un doble shock —por el lado de la oferta y por el lado de la demanda— con desplome de la producción y el consumo, de la renta y el empleo.

A la hora de medir el alcance de todo ello, el término de comparación más utilizado a escala global ha sido la Gran Depresión, y en España el entorno de la Guerra Civil, componiendo, en todo caso, el pasaje más crítico que ha conocido nuestra democracia en cuatro decenios si se suma al balance económico el sanitario. Los datos son conocidos y no es necesario repetirlos. 

Conviene subrayar, eso sí, que la economía española es la que ha sufrido en 2020 la peor recesión de toda la eurozona y también la peor —después de Argentina— de la larga treintena que agrupa la OCDE.

Las causas del mayor castigo

¿Por qué ese mayor castigo? Por la mayor vulnerabilidad, con flancos muy desguarnecidos: «sospechosos habituales», algunos; otros, hasta cierto punto desapercibidos. Entre los primeros, una estructura productiva basculada hacia ciertos sectores y servicios especialmente sensibles a los acontecimientos sobrevenidos, un tejido empresarial atomizado, un mercado de trabajo segmentado y repleto de disfuncionalidades, y el insuficiente esfuerzo en investigación y formación. 

Entre los segundos, no tan repetidamente advertidos, un sistema sanitario con fragilidades hasta ahora en parte encubiertas; el mal engrasado mecanismo articulador entre las Administraciones publicas de uno u otro rango, y el escaso margen fiscal dejado por una Hacienda deficitaria justo cuando tan vitales resultan las ayudas directas del erario a las empresas.

El activismo se ha impuesto y la prioridad no ha sido gestionar cada competencia de ministerios y consejerías

Esa comparativamente alta exposición a los embates, tanto por unos u otros flancos, explicaría ya por si sola, en efecto, el peor resultado registrado por la economía española y un horizonte de recuperación más alejado: 2023, en vez del 2022 oteado por los socios europeos, con la trastienda —ocioso es señalarlo— de una alargada cadena de cierres y quiebras empresariales (no todas inviables aunque sí en situación de insolvencia, esto es, sin recursos suficientes para amortizar ahora la deuda), aumento del paro y de la precariedad, y la inevitable repercusión en desigualdad y exclusión social.

Ahora bien, a la vulnerabilidad de la estructura productiva española y a las deficiencias institucionales hay que añadir, para entender cabalmente la intensidad de los efectos de la pandemia sobre la economía española, otro factor al que los estudios más acreditados otorgan más que notable importancia: la calidad de la gestión. 

Y aquí es difícil dar buena nota a la que se tuvo y se sigue teniendo en estos largos meses de emergencia sanitaria y crisis económica. 

Eslóganes y cuidado de la imagen

Digámoslo sin rodeos: el activismo se ha impuesto a la gestión, y la prioridad no ha sido el trabajo cotidiano de gestionar cada competencia de ministerios y consejerías, sino la elaboración de eslóganes y el cuidado de la imagen, convertida la comunicación política en el primer mandamiento de la ley. 

Más todavía: los déficits de gestión —y de liderazgo— han ido de la mano de un muy perceptible deterioro institucional y en un tenso clima político bipolarizado, casi frentista, cuyos efectos sobre la actividad económica —comenzando por lo que tiene que ver con la seguridad jurídica y la estabilidad— no pueden sino ser perniciosos. La economía es muy sensible, dicho llanamente, a la calidad institucional y a la fortaleza de la gobernanza.

La gestión es asunto que debe ponerse ahora en primer plano, efectivamente, dado que la adecuada aplicación de los fondos europeos va a exigir un esfuerzo extraordinario en ese campo: tanto por su magnitud como por las exigencias establecidas para acceder a ellos.

Pues, a diferencia de lo que podría creerse dada la alegría con que se alude al montante acordado —esos 140.000 millones de euros—, no es dinero a fondo perdido, no son recursos —bien subvenciones, bien préstamos— para regar las redes clientelares de los partidos en el Gobierno; son fondos condicionados para coadyuvar a la reconstrucción de la economía con nuevos proyectos empresariales y para acometer reformas estructurales ambiciosas.

Dudas con la gestión

La capacidad de gestión va a ser fundamental. De administraciones y de empresas, pero más aún de las primeras: la deseable colaboración público-privada para instrumentar tales cuantiosos recursos tiene en la calidad gestora de las Administraciones públicas su pieza maestra.

No son buenas las pruebas de que se va disponiendo. Manifiestamente mejorable es la gestión de algunas «medidas estrella» del Ejecutivo, los ERTE o el ingreso mínimo vital. 

El balance de las oficinas de empleo es calamitoso, con lo que ello supone en las circunstancias actuales. La coordinación entre distintas Administraciones —ya se ha dicho— deja mucho que desear. Los planes de ayuda a diversos sectores —desde el comercio y la hostelería a la automoción— sufren retrasos, a veces por impericia, a veces por la división interna del Gobierno. 

Aparecen espacios de inseguridad jurídica y faltan auditorías con credibilidad sobre aspectos y problemas básicos, comenzando por la crisis sanitaria.

Malos indicios, desde luego. Aunque el peor sea negarse a crear una oficina técnica o agencia gubernamental encomendada a personas con acreditada competencia e independientes para evaluar y aprobar los proyectos a que se destinen finalmente los fondos de la Unión Europea.

No solo es cuestión de calidad gestora; también de entendimiento de la democracia. El tajo no es pequeño, ciertamente. Manos a la obra, pues. Al futuro no se le espera, hay que hacer por crearlo.

Los 7 pilares para invertir bien los 140.000 millones de Bruselas

• Cuidar al máximo el sistema sociosanitario. Se requiere un mayor gasto público en material y equipamiento, y mejores condiciones laborales y remunerativas para el personal sanitario en todas sus categorías y especialidades. 
• Crear un verdadero ecosistema de innovación, bien dotado y gestionado y con colaboración público-privada. La innovación es la clave del crecimiento económico para economías ya muy maduras, como la española. 
• Mejorar el sistema educativo, con mayores dotaciones y exigencias a las universidades, impulsando la formación profesional dual e incentivando la formación en las empresas, dadas sus positivas externalidades.
• Combatir la desigualdad en la distribución de la renta y reducir los niveles de pobreza. El foco hay que situarlo en los colectivos más desfavorecidos y más vulnerables.
• Acometer los cambios necesarios en las modalidades laborales para acabar con la precariedad en la contratación laboral y eliminar la dualidad. Políticas activas de empleo y regulación ya del teletrabajo.
• Avanzar en la transición ecológica hacia una economía verde y descarbonizada, haciéndolo en estrecha conexión con los sectores que necesitan reconvertirse, como el del automóvil.
• Progresar con firmeza en la transición digital, mejorando los niveles de digitalización actuales de empresas y administraciones, e incrementando la capacitación digital de la población. La cooperación con los restantes países europeos para el desarrollo de la economía de los datos y la inteligencia artificial será fundamental en este ámbito.