El último viernes de abril el Gobierno de España se examinaba de nuevo ante Bruselas. La esperada rebaja de casi tres puntos de PIB (del 7 por ciento al 4,3 por ciento) para este año que, para algunos analistas como el profesor de Finanzas del CEF, Juan Fernando Robles, «se queda corta», se justificaba dentro de un programa de estabilidad proyectado a cuatro años vista y «en ausencia de medidas fiscales».

Según el documento de 151 páginas, en el periodo 2022–2025 el Ejecutivo prevé una reducción del peso de los impuestos sobre PIB en el periodo (sin contar cotizaciones sociales) de apenas dos décimas, pasando del 24,3 por ciento al 24,1 por ciento. Y eso pese a la revisión de la fiscalidad a la que apunta el texto y que se pondría en marcha cuando la recuperación económica sea un hecho. 

«Es cierto que, en relación al PIB, la recaudación de España está por debajo de la media comunitaria y que una vez que se recupere la estabilidad y Bruselas descongele las reglas fiscales estaremos obligados a hacer reformas», explica Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas (CGE), en alusión a una subida de impuestos en el medio plazo.

Adoptar medidas

Alza para cuya efectividad se necesita una rebaja impositiva previa que dinamice el consumo, aporte solidez y estabilice el crecimiento y la creación de empleo.

«Si no se toman medidas ahora, será imposible subir impuestos en un futuro. Sean del tipo que sean», asegura Robles quien insiste en que «se deben tomar medidas para intentar liberar la renta de los ciudadanos a la economía. Si no se estancará el consumo y se conseguirá el efecto contrario».

Partiendo de esta posición, no resulta sencillo descifrar cuál será la estrategia del Gobierno. Más teniendo en cuenta el proceso electoral de finales del próximo año y la lidia con las demandas de sus socios parlamentarios. 

No obstante, llegado el caso, ambos economistas se inclinan por la fiscalidad medioambiental como primera palanca que activaría el Gobierno para aumentar la recaudación.

Un camino «peligroso» 

Según los cálculos de la propuesta de reforma fiscal presentado por el comité de expertos el pasado marzo en su Libro Blanco, la revisión, al alza de los impuestos a los billetes de avión, al queroseno de los aviones, a los residuos y fertilizantes y la equiparación de la tributación del diésel y la gasolina, podría sumar a las arcas entre 5.941 y 15.023 millones de euros. 

Ahora bien, para Pich de optar por esta vía «existe el peligro de hacer una torre de naipes y que esta acabe cayendo», en referencia a que estos tributos impactan directamente sobre el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Consumo de energía

Otro factor a tener en cuenta es que «cualquier fiscalidad medioambiental gravita sobre el consumo de energía», destaca el profesor del CEF. Además, para actuar sobre ella «es imprescindible que se estabilicen los precios de los carburantes».

A este respecto, el también economista e investigador principal del think tank Civismo Javier Santacruz añade que los impuestos verdes «son inflacionistas» y su impacto en términos de recaudación «es mínimo».

Nadar y guardar la ropa

En una situación de incertidumbre como la actual, el programa de estabilidad presentado ante Bruselas es, en palabras de Valentín Pich, presidente del CGE, «como nadar y guardar la ropa». En primer lugar porque a un año y medio de las elecciones generales ningún Gobierno que se precie dará el paso de subir impuestos «son políticas restrictivas que, en una situación como la actual, no comparte una gran mayoría de su propio electorado».

Por otra parte, porque ya estamos asistiendo a una subida encubierta de impuestos a causa de la inflación -tal y como constatan los datos de recaudación del primer trimestre, con casi 55.000 millones de ingresos, récord en la serie histórica- y el descarte, por el momento, de deflactar el IRPF. A este respecto Pich afirma que «hay que compensar el esfuerzo que están realizando los consumidores y devolverles la capacidad de gasto».

Por otra parte, señala que la subida de impuestos, «no puede cargar contra las empresas, especialmente las grandes, muchas de las cuales tienen enormes créditos fiscales. 

Apretar el cinturón fiscal del tejido empresarial provocará una contracción de las inversiones y un frenazo en la creación de empleo».

Armonizar la fiscalidad autonómica

El «melón» de la financiación autonómica, como lo definió el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, hace unas semanas durante un acto en Valencia, es otra de las opciones que se estarían barajando para acometer los ajustes por la vía de ingresos. Medida no exenta de polémica ya que ataca la autonomía fiscal de algunas comunidades autónomas, especialmente Madrid, que bonifican los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones.

«Partiendo de que más temprano que tarde hay que abordarlo, este tema no lo es todo. Habría que diseñar un plan de reducción del déficit estructural basado en un cambio de hábitos y asumir las consecuencias», detalla el presidente del CGE.

Los economistas apuntan a la fiscalidad medioambiental como la primera que se activará

Transformación que tiene que ver con la digitalización de consumidores y empresas.

Así, a la Tasa Google, aprobada el pasado ejercicio de 2021, y cuyas expectativas de recaudación han resultado ser un fiasco (los PGE de 2022 recogen unos ingresos de 225 millones de euros frente a los 968 previstos en 2021, de los cuales sólo se habría recaudado el 25 por ciento) se le sumaría la Tasa Amazon que grava las entregas a domicilio y que también estaría ligada a la fiscalidad verde y la movilidad, ya que grava la «ocupación del espacio público» por las furgonetas de reparto.

Punto este que atentaría contra un sector esencial como la logística y desincentivaría el consumo por el incremento del precio final de los bienes.

Así las cosas, en opinión de Santacruz, a pesar del ruido que genera el marketing político, «lo más sencillo y lo más probable es que los primeros impuestos en subir sean el IRPF y el IVA porque son los que generan recaudación de manera inmediata. En un siguiente paso se aplicaría una subida de las cotizaciones sociales, que sería la más dolorosa y la más permanente en el tiempo».