3 fallos que ponen en peligro el macrofondo de pensiones

El proyecto de ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, que acaba de aprobar el Consejo de ministros, no convence ni a sindicatos ni a empresarios.

"Es insuficiente" para promover la implantación de esquemas de ahorro colectivo en las empresas españolas, estiman desde la patronal del seguro Unespa, y su presidenta, Pilar González de Frutos, cree que "es una ocasión perdida para la revisión estructural del sistema de pensiones".

También fuentes del Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria argumentan que el texto aprobado "tiene buenas intenciones y poco más”.

Prevén que "puede quedar en una caja vacía si los agentes sociales, que tienen la llave mediante la negociación colectiva, no incorporan la previsión social complementaria de empleo en los convenios colectivos, donde se establezcan las aportaciones necesarias para su financiación".

Hay que tener en cuenta que, al contrario de la reforma de las pensiones, el proyecto de ley fue aprobado por el Gobierno sin el respaldo de empresas y sindicatos.

Los expertos le recriminan que la norma no contiene ninguna propuesta concreta para lograr su objetivo de llegar a 13 millones de trabajadores y acumular un ahorro de 10.000 millones de euros de aquí a 2030. Además, señalan que contiene tres grandes fallos que le pueden hacer fracasar.

Mínimos incentivos fiscales

Su primer defecto, apuntado por aseguradoras y gestoras, es la falta de incentivos fiscales a las empresas que las impulse a implantar planes de pensiones colectivos.

Los incentivos aprobados “distan de ser relevantes”, señalan desde la patronal del seguro, y se centran en elevar a 115 euros mensuales (1.380 euros al año), las contribuciones de las empresas a los fondos de pensiones colectivos que no cotizarán a la seguridad social, lo que les supondrá un ahorro de casi 400 euros por trabajador al año.

Estas bonificaciones son inferiores a las que existían hasta 2005, por lo que fuentes de Unespa argumentan que "si con aquellos incentivos la previsión social empresarial no se desarrolló más allá de algunas grandes empresas, lo previsible ahora es que la situación siga sin cambiar".

Otros beneficios que los empresarios echan de menos son las retribuciones en el impuesto de sociedades para las empresas que hagan aportaciones a los planes de sus empleados.

Límites a las aportaciones de los trabajadores

Los agentes sociales también critican los límites que establece el proyecto de ley a las aportaciones máximas de los trabajadores a sus planes de empleo y que estas dependan de la cantidad que ingrese en el plan su empresa.

El máximo que puede aportar el trabajador es 2,5 veces la aportación de la empresa si esta es menor o igual a 500 euros. Es decir, que el máximo con que podría contribuir un trabajador son 1.250 euros si la empresa realiza una aportación de 500 euros.

Para Miguel Ángel Menéndez, director del área de Wealth de Mercer España, se trata de una medida complicada de entender y compleja en su funcionamiento. "Veremos cómo las gestoras controlan que ningún partícipe se exceda en los límites".

Cree que se debería permitir que el trabajador pueda ahorrar la cuantía que considere oportuna con independencia de la aportación de la empresa.

Isabel Casares, secretaria general de la Organización de Consultores de Pensiones (Ocopen), también critica esta medida y cree que “es totalmente discriminatoria y más teniendo en cuenta que ya existen planes de pensiones en los que los trabajadores ya están ingresando en el plan más importe del que aporta la empresa".

Considera que va a "destruir el ahorro de muchos planes de pensiones de empleo que llevan años fomentando que los trabajadores realicen aportaciones de forma voluntaria muy superiores a las realizadas por sus compañías".

Penalización a los planes de pensiones individuales

La nueva norma incorpora los incentivos fiscales recogidos en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 para los planes de pensiones individuales y de empresa que establecen una deducción de la base imponible de 1.500 euros en los planes individuales y de 10.000 euros en los de empleo.

El Gobierno redujo en 2021 de 8.000 a 2.000 euros el límite de las aportaciones a los planes individuales con derecho a desgravación en el IRPF, lo que supuso una merma del 75 por ciento y este año los han vuelto a reducir 500 euros más.

Un recorte muy criticado por empresas, sindicatos y partícipes. "Es un error que se plantee el intento de generalizar en España la previsión social complementaria en el ámbito colectivo a costa de fagocitar el ahorro de los particulares para la jubilación", señalan desde Unespa.

Opinan que el Gobierno ha “cercenado” la capacidad de los ciudadanos de preparar su jubilación de forma individual antes de que el nuevo proyecto de ley les ofrezca una vía alternativa para ahorrar a través de planes de empresa.

“Los sistemas de empleo propuestos por el Gobierno tardarán lustros, tal vez décadas, en alcanzar velocidad de crucero, pues su adopción queda sujeta a la negociación colectiva. Entre tanto, las aportaciones deducibles a sistemas individuales de ahorro se encontrarán limitadas a un máximo de 1.500 euros”, señalan fuentes de la patronal del seguro.

Tras su aprobación, el Gobierno enviará el proyecto de ley al Parlamento para su tramitación y espera tenerlo aprobado en el primer semestre de este año.