Bruselas da la razón a Escrivá en las pensiones frente al sector Podemos del Gobierno
Aumentar de 25 a 35 años el periodo para computar las pensiones las bajaría hasta un 8 por ciento
El Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido con Bruselas a aumentar el periodo del cómputo de las pensiones a más de 25 años a cambio de recibir los fondos de recuperación que ayudarán a España a salir de la crisis provocada por la pandemia.
Ambos ejecutivos han firmado un acuerdo operativo cuyo objetivo es recortar el gasto en pensiones para dar sostenibilidad al sistema. El documento obliga a España a ampliar el periodo de cálculo a partir de 2022 para que la medida empiece a ser efectiva de forma paulatina en 2023.
Este acuerdo da la razón al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que en 2020 propuso incluir en la reforma de las pensiones que está diseñando junto a los agentes sociales una ampliación de 25 a 35 años el periodo para calcular las prestaciones por jubilación.
Rechazo unánime a los recortes
Medida que descartó introducir en la reforma tras oponerse a ella sus socios de gobierno de Unidas Podemos, los sindicatos, los empresarios y los partidos de la oposición.
El rechazo general a esta propuesta se debía que con ella se recortarían hasta un 8 por ciento las prestaciones, según un estudio elaborado por el Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson, en colaboración con la Universidad de Valencia y la de Extremadura.
Una medida recurrente
La propuesta exigida por la CE a España no es la primera vez que se lleva a cabo, ya que una medida similar se introdujo en la reforma de las pensiones de 2013, cuando se aumentaron los años a tener en cuenta para calcular la pensión, de modo que, si en 2012 se computaban las bases de cotización de los últimos 15 años de vida activa, en 2022 serán las correspondientes a los últimos 25 años.
Los expertos apoyan esta medida y la consideran muy positiva para dotar de viabilidad al sistema público de pensiones, ya que establece una mejor relación entre las aportaciones a la Seguridad Social de los trabajadores y las prestaciones que recibirán con sus pensiones.
Perjudicados por el cambio
El nuevo sistema penalizaría a los trabajadores con una trayectoria profesional continuada y cuyos salarios y cotizaciones son mayores al aproximarse a la edad de retiro. Su base reguladora será inferior, en la mayoría de los casos, al considerar toda su vida laboral.
Pero este menoscabo no afectará a todos los jubilados por igual, ya que, según Isabel Casares, secretaria general de la Organización de Consultores de Pensiones, suelen tratarse de trabajadores con un desarrollo laboral creciente, con salarios altos y cotizaciones máximas y su base reguladora seguirá siendo superior a la pensión máxima actual, 2.707,49 euros mensuales.
Los beneficiados por la medida
La reforma tiene unos claros beneficiarios: los trabajadores próximos a la jubilación que en los últimos años de su vida laboral han sido despedidos o están inmersos en un ERTE.
“Al ver reducidas o interrumpidas sus cotizaciones a la Seguridad Social y, por lo tanto, haber aportado mayores cotizaciones en el comienzo de su vida laboral, se generará una base reguladora mayor al considerar toda la vida laboral en vez de la última etapa y, por lo tanto, recibirán una pensión más alta”, indica Casares.
Efecto en el gasto
En cuanto al impacto sobre el gasto en pensiones de esta disposición, el análisis elaborado por el Observatorio de Pensiones muestra que el ahorro que puede generar al sistema tardaría años en notarse, como ocurre con todas las reformas que afectan solo a las nuevas pensiones de jubilación y que se implantan en un largo periodo transitorio.
Así, en 2040, el ahorro sería del 0,65 por ciento del PIB de ese año, pasando en 2050 al 0,88 por ciento del PIB, para empezar a descender paulatinamente a partir de esa fecha, llegando en 2067 al 0,64 por ciento del producto interior bruto.
