Calviño busca apoyos para la reforma de las pensiones
La vicepresidenta de Asuntos Económicos presenta a empresarios y sindicatos el plan que enviará a Bruselas
El Gobierno ultima el contenido del proyecto de reforma de las pensiones que va a presentar a Bruselas como ‘moneda de cambio’ para recibir los fondos de recuperación concedidos por la UE para paliar la crisis generada por la pandemia.
Pero antes de ponerle el punto final, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, lo presentará hoy ante empresarios y sindicatos para tratar de llegar a un consenso sobre su contenido.
Las propuestas, que se incluirán en el Plan de Reformas e Inversiones, tiene que enviarlas el Gobierno a Bruselas antes del 30 de abril.
En él se establecen fórmulas para aumentar los ingresos y reducir los gastos en pensiones que hagan viable el sistema.
Frenar la jubilación anticipada
Entre estas medidas destacan restricciones a la jubilación anticipada mediante la creación de nuevos coeficientes penalizadores, con los que el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, pretende acercar la edad real de jubilación, que ronda los 64 años, a la edad legal establecida en los 66.
También plantea aplicar coeficientes reductores sobre la cuantía de la pensión en vez de sobre la base de cotización para impedir que a aquellos que han cotizado por las bases máximas no se les penalice por adelantar su retiro.
Premiar a los más trabajadores
Otra de las propuestas recogidas en el plan es implementar incentivos para favorecer la continuidad laboral más allá de la edad de jubilación.
Incentivos muy necesarios, ya que, según José Luis Escrivá, “España es un país que bonifica muy poco la demora de la jubilación”. Tanto es así, que solo un 5% de los trabajadores se acogen a esta fórmula.
Entre estos incentivos baraja elevar la pensión un 4% por cada año en que se retrase la jubilación. Además, la acumulación de estos incentivos no impedirá alcanzar una pensión por encima del montante máximo.
Adiós a la jubilación forzosa
Prohibir a las empresas que incluyan en sus convenios colectivos cláusulas que obliguen al trabajador a retirarse después de cumplir los 66 años es otra de las fórmulas que el Gobierno presentará en Bruselas.
A la que se suma penalizar mediante coeficientes reductores la jubilación parcial, que permite reducir la jornada laboral en la misma proporción que el sueldo y complementarlo con la pensión.
Una ampliación polémica
Una medida que también está barajando Escrivá, como ya adelantó finanzas.com pero que, en principio, no va a presentar a los agentes sociales, es subir de 25 a 35 años el periodo de cotización para calcular las pensiones, lo que reduciría el gasto, pero también las prestaciones.
Escrivá presentó esta propuesta a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno y desde el primer momento fue rechazada por los sindicatos y por sus socios de Gobierno.
La primera en posicionarse en contra fue la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al señalar que este cambio de cómputo no se contempla ni en el programa de gobierno acordado entre el PSOE y Unidas Podemos ni en las recomendaciones del Pacto de Toledo para la reforma de las pensiones.
El partido morado alega que esta iniciativa acarrearía una bajada de las pensiones, que según Robert Meneu Gaya, director del Departamento de Matemáticas para la Economía y la Empresa de la Universidad de Valencia, podría alcanzar de media un 5%.
En 2020 se contabilizan los últimos 23 cotizados para calcular el monto de la pensión y en 2021 se tendrán en cuenta los últimos 24 años, que aumentarán hasta los 25 años en 2022, según establece la última reforma de las pensiones de 2011.
El objetivo de todas esta medidas es reducir el déficit de la Seguridad Social, que en 2020 puede batir un récord, según recoge el Plan Presupuestario que el Gobierno envió en octubre a Bruselas y que cifra este déficit en el 4,1% del PIB, una cifra equivalente a más de 45.300 millones de euros.
