El lado oscuro de la revalorización de las pensiones

La medida estrella de la reforma de las pensiones que entrará en vigor el próximo año es vincular la revalorización de las pensiones al Índice de Precios al Consumo (IPC), con ella Gobierno pretende garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los jubilados siguiendo las recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo.

Se trata de implementar un mecanismo estable de revalorización con el que, en enero de cada año, a partir de 2022, se incrementarán las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en noviembre del ejercicio anterior.

El acuerdo incluye una evaluación periódica de este nuevo mecanismo, que se realizará en el marco del diálogo social cada cinco años.

Pensiones inmutables a las caídas

El problema surge en los años en que la inflación sea negativa, ya que las pensiones se quedarán como están. No se reducirán conforme a la bajada de los precios, lo que, según los expertos, puede generar un mayor déficit a la Seguridad Social, que en 2020 fue de 14.979,85 millones de euros, el equivalente al 1,36% del PIB.

Este problema quiso subsanarlo el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en la mesa de negociación de la reforma de las pensiones, pero no lo consiguió.

Escrivá pretendía revalorizar las pensiones de acuerdo a la inflación del año anterior y en el caso de que ésta fuera negativa, las pensiones no sufrirían ninguna merma. Sería en los tres años siguientes con valores positivos cuando se compensaría esa diferencia.

Pero la negativa de los sindicatos a que se produjeran compensaciones a la baja por inflación negativa hizo que la propuesta del ministro no cuajara.

Así, el poder adquisitivo de los jubilados no solo se mantendrá, sino que mejorará en aquellos años en que los precios crezcan menos de lo esperado, “empobreciendo al sistema sin necesidad”, señalan los expertos.

Propuesta asimétrica

Esto es debido a que se trata de una medida “asimétrica”, ya que las pensiones solo se vinculan a la inflación si esta sube.

Así lo considera José Antonio Herce, fundador de la consultora LoRIS y miembro del Foro de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones, para quien esta ‘no simetría’ en la vinculación de las pensiones al IPC aumentará el gasto en pensiones sin justificación social. Esto podría suponer un incremento del gasto entre 2,3 y 5 puntos porcentuales del PIB.

También hay que tener en cuenta que desde 2007 los ingresos de los pensionistas han subido alrededor de un 30%, mientras que el salario medio de los trabajadores ha bajado un 10%, debido, principalmente, a los bajos sueldos de los jóvenes que se incorporan al mercado laboral.

La inflación negativa puede repetirse

A pesar de que en el actual contexto económico la inflación preocupa por su subida no por su bajada, puede caer en años venideros y perjudicar al sistema público de pensiones.

Desde que se inició el nuevo milenio, España ha presentado un IPC negativo en dos ocasiones. Primero fue en 2014, con una caída de los precios del -1,04% y, después, el año pasado, con un -0,53%.

Teniendo en cuenta esta última bajada y que en 2020 las pensiones se revalorizaron un 0,9%, el poder adquisitivo de los pensionistas se ha incrementado en un 1,4% en términos reales.

Esto significa que su capacidad de compra no solo se ha mantenido como pretende el Gobierno, sino que ha aumentado al incrementarse sus pensiones más que el coste de la vida. Ante esta y futuras subidas, reducir el déficit de la Seguridad Social y lograr la sostenibilidad del sistema se hace más complicado .