El sistema de pensiones de España está a la cola de Europa
España se coloca entre los últimos puestos de los países de la UE en sostenibilidad, suficiencia e integridad del sistema de pensiones, solo por delante de Polonia, Austria e Italia
El sistema público de pensiones español está muy cuestionado. El déficit que arrastra la Seguridad Social ha puesto en tela de juicio su sostenibilidad y para darle viabilidad el Gobierno está ultimando la futura reforma de las pensiones.
En este escenario no han resultado sorprendentes los resultados del Índice Mundial de las Pensiones 2020, elaborado por Mercer CFA Institute Global Pension Index-MCGPI, que coloca a España en el puesto 22 de entre los 39 países analizados y en los últimos lugares del ranking de los países de la UE, solo por encima de Polonia, Austria e Italia.
El informe establece un ranking global utilizando más de 50 indicadores para asignar un valor a cada uno de los tres subíndices en los que se divide el índice general: suficiencia, sostenibilidad financiera e integridad, y es precisamente en sostenibilidad donde España cojea más.
Una profunda revisión
"El sistema de pensiones en España requiere de una profunda y urgente revisión”, señala Miguel Ángel Menéndez, director del área de Wealth de Mercer España.
Esta revisión iría encaminada a “aumentar la cobertura de empleados con planes de pensiones de empleo mediante adhesión automática, similar al sistema de Reino Unido, y a incrementar la contribución de la fuerza laboral de edad avanzada", afirma el experto.
A pesar de que España se sitúa muy lejos de los puestos de cabeza del ranking, ocupados por Holanda y Dinamarca, en 2020 escaló dos posiciones gracias a una mejora en su puntuación de gobernanza, un efecto derivado de la implementación de la nueva normativa IORP II, de fondos de pensiones de empleo.
Efectos de la pandemia
Los sistemas de pensiones mundiales se vieron muy castigados el año pasado por las consecuencias de la pandemia debido a la devaluación de los activos de los fondos de pensiones, a la bajada de los tipos de interés, a la disminución de aportaciones a los planes de pensiones por el aumento del desempleo, a la escalada de la deuda pública derivada de las ayudas y al rescate anticipado de planes de empleo para obtener liquidez.
Este castigo continuará a largo plazo, predice el informe. Lo atribuye a que muchos gobiernos reducirán la tasa de reemplazo -porcentaje que representa la pensión de jubilación sobre el último salario previo a la misma- para paliar el déficit.
Además, los empleadores recortarán su inversión en planes de empresa para reducir costes laborales, como ya está pasando en España, y los ciudadanos aumentarán los rescates anticipados de sus planes de pensiones para obtener liquidez. Todo ello “exige una flexibilización urgente de los sistemas de pensiones”, apuntan desde Mercer.
Medidas nocivas para el ahorro finalista
Para aliviar el impacto de la pandemia en los ciudadanos, los gobiernos han tomado iniciativas que ha penalizado al ahorro finalista.
En algunos países se ha permitido el acceso anticipado a los planes de pensiones, como ocurrió en España cuando el Gobierno permitió durante un plazo de tiempo rescatar el ahorro de planes de pensiones a los trabajadores afectados por un erte y a los empresarios y autónomos que sufrieron el cese de actividad derivado del coronavirus.
Otros gobiernos han reducido el nivel de las tasas de cotización obligatorias para mejorar la situación de liquidez de los hogares, lo que irá en detrimento de las futuras pensiones.
Cambios en las gestoras
Las gestoras de fondos de pensiones también se han visto obligadas a acometer cambios, como la revisión de su asignación de activos y estrategias de inversión.
A pesar de no haber tomado decisiones drásticas, han coincidido en dos aspectos: implementar una mayor diversificación mediante activos que suponen menor volatilidad, como la inversión en infraestructuras, y una mayor liquidez.
El sistema óptimo
Entre las medidas y objetivos comunes que un buen sistema de pensiones debe adoptar, a juicio del informe MCGPI 2020, destacan contar con al menos un 70 por ciento de tasa de reemplazo, que el 80 por ciento de la población activa se acoja a un plan de empleo y que los activos invertidos superen el cien por cien del PIB.
También se tiene en cuenta que la tasa de participación en la fuerza laboral de la población de entre 55 y 64 años alcance al menos el 80 por ciento y poseer un sólido esquema regulatorio y de gobernanza.
En opinión de David Knox, autor del estudio, “es fundamental que los gobiernos reflexionen sobre las fortalezas y debilidades de sus sistemas para garantizar mejores resultados para los jubilados”.
