España y la reforma de su sistema de pensiones: una tirita pequeña para una herida enorme

Pese a los esfuerzos a lo largo de los años de los distintos gobiernos españoles, las cuentas del sistema de pensiones no cuadran. Cada año, el sistema pierde unos 55 000 millones de euros. Esta es la cantidad que el Estado tiene que inyectar en el sistema porque con las cotizaciones no da. Y tengámoslo claro: esos 55 000 millones se sacan de otras partidas o se piden prestados.

Sistema de reparto en las pensiones

Para entender lo que pasa hay que explicar, de manera muy sucinta, cómo funciona el sistema de pensiones en España. Lo primero que hay que entender es que es un sistema de reparto, no de capitalización.

Así, las aportaciones que cada uno hace durante su vida laboral no se guardan en una cuenta, a su nombre, sino que se reparten entre los jubilados actuales, con la esperanza de que, llegada la jubilación, paguen las pensiones los que vienen detrás. Esto funcionó muy bien mientras la pirámide de población era eso, una pirámide. Ahora ya no.

Entonces, el déficit se produce porque cada vez hay más gente cobrando pensiones que, además, son más altas. La pensión media se sitúa actualmente en torno a los 1 450 euros cuando hace apenas tres años era de 1 200.

Por otra parte, el número de pensionistas ha sobrepasado los 10 millones y hace 10 años no llegaba a los 7 millones y medio. Estas dos subidas explican que el gasto esté disparado y que cada vez el sistema sea más deficitario.

Muchos y mayores

Se está empezando a jubilar la generación del baby boom y la esperanza de vida es cada vez es más alta, con lo que, a pesar del número récord de cotizantes, el crecimiento del número de pensionistas y de la pensión media hace que cada vez haya que inyectar en el sistema más dinero (procedente de otras fuentes). Aunque esta decisión pueda ser legítima debe ser explicada con claridad y pedagogía.

Ahora el Gobierno y los agentes sociales han presentado un paquete de medidas en tres bloques:

• El refuerzo del papel de las mutuas para aliviar la saturación de los servicios de salud e intentar reducir los niveles de absentismo por enfermedad.
• El fomento de la compatibilidad entre la pensión y el empleo a través de distintas fórmulas.
• El establecimiento de un procedimiento para aplicar coeficientes reductores que permitan que los trabajadores de algunos sectores que son especialmente penosos, peligrosos o tóxicos puedan jubilarse antes de la media.

Con estas medidas se intenta, de manera tímida, abordar el enorme desfase entre ingresos y gastos del sistema de pensiones. Se trata de fomentar que los trabajadores alarguen su vida laboral, lo que supondría un alivio al sistema ya que empezarían a cobrar la pensión más tarde. Esta es una medida en buena línea, evidentemente, pero que presenta sus problemas.

Incentivar la permanencia

El principal problema es que, para que los trabajadores decidan prolongar su vida laboral, hay que incentivarlos más (ya existía un incentivo). Y es aquí donde surgen las dudas sobre la efectividad real de esta medida. El incentivo, superior al 4 %, se calculará semestralmente e incrementará la pensión que recibirá el jubilado cuando se retire de manera efectiva. Y puede ser que el incentivo suponga un coste mayor a futuro que el beneficio que supone.

También se ha diseñado un sistema de compatibilización del trabajo parcial con el cobro de la pensión. Esto puede suponer un ahorro (son cálculos muy preliminares) en el largo plazo, pero depende mucho de la decisión de los trabajadores y en ningún caso aliviará de manera sustancial el problema.

Con el esfuerzo de todos

La solución al problema de las pensiones exigirá, primero, claridad y pedagogía. Que se explique claramente a los ciudadanos que el sistema es muy deficitario y que se está destinando dinero de otros fines para pagarlas. O que España se está endeudando para subirlas, echando el esfuerzo a la espalda de las generaciones venideras.

Los cambios propuestos exigen un esfuerzo de los trabajadores (que ya hacen) y los pensionistas, cosa que no se ha hecho, probablemente por cálculos electorales.

Por último, y esto ya es más complicado, también hace necesario un acuerdo entre los principales partidos políticos para no usar las pensiones como arma en sus confrontaciones electorales. Y eso, hoy por hoy, parece casi imposible.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lee el original.