Golpe a los funcionarios: se retrasa la jubilación parcial anticipada
Este acuerdo debería haber entrado en vigor el próximo 1 de abril, aunque su aplicación efectiva podría retrasarse varios meses más
Los funcionarios tendrán que seguir esperando para poder aplicarse la denominada jubilación parcial. Esta modalidad de retiro que permite a los trabajadores reducir su jornada laboral y comenzar a cobrar una parte de su pensión de jubilación mientras siguen trabajando. Es una opción que facilita la transición de la vida laboral a la jubilación completa.
La clave es que las empresas deben realizar un contrato de relevo, es decir, contratar a un trabajador sustituto para cubrir la jornada reducida del jubilado parcial. Dependiendo de la edad, puede reducirse su horario entre un 20% y un 70%. Para poder optar por esta modalidad, hay que tener una edad y cotización mínima, además de llegar a un acuerdo con la entidad.
La jubilación parcial entró en vigor para la mayoría de los trabajadores el día 1 de abril, pero para los funcionarios aún no está disponible, algo que no ha gustado a los sindicatos representantes de un colectivo de más de un millón de trabajadores.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lleva meses al pie del cañón, defendiendo los derechos de los empleados públicos. Primero, a finales de 2024, fueron claves en la continuidad de MUFACE, que estuvo en peligro después de anunciarse el nuevo concierto que entrará en vigor este año.
Después, se han estado manifestando para presionar al Gobierno con el objetivo de que revise los salarios del colectivo, los cuales llevan tiempo congelados. De hecho, está prevista una concentración en Madrid para el viernes 4 de abril. A todo ello, se suma el retraso en la jubilación parcial.
La jubilación parcial se retrasa hasta final de año
Como hemos mencionado anteriormente, la aplicación de la jubilación parcial para los funcionarios sufrirá un retraso, tal y como ha denunciado CSIF. Tras una reunión con el Ministerio de Función Pública, el sindicato ha confirmado que se pospone hasta el último trimestre del año.
Esta decisión afectará al personal laboral de la Administración General del Estado, funcionarios de carrera y personal estatutario, quienes aún no tienen reconocido este beneficio. Según CSIF, la nueva regulación entró en vigor para la mayoría de los trabajadores en España, menos para los empleados de la Administración Pública.
Además, en el caso del personal funcionario y estatutario, esta opción no se hará realidad hasta que se tramite la Ley de Función Pública, cuya aprobación se espera después del verano, para el último trimestre de 2025.
Otros sindicatos como CCOO y UGT han considerado que el Gobierno se ha comprometido a implantar una tasa adicional que proporcione este derecho al personal laboral del sector público y han asegurado que la modificación de la normativa vigente permitirá evitar la pérdida de esta opción de retiro anticipado.
