Sánchez prepara un 2021 de recortes a las pensiones que ayudarán poco a su viabilidad
La reforma de las pensiones y la reducción de los incentivos a los planes individuales son los principales cambios para el 2021
2021 supondrá un revulsivo para las pensiones en España. El cambio más importante será la reforma de las pensiones que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende aprobar en el primer semestre del año.
La nueva reforma, demandada por Bruselas y que seguirá la hoja de ruta de las 21 recomendaciones consensuadas por la Comisión del Pacto de Toledo, se basará en cuatro bloques:
- El mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, que se revalorizarán en función de la evolución del IPC.
- La eliminación de gastos impropios de la Seguridad Social para acabar con su déficit actual.
- Nuevas medidas para retrasar la edad efectiva de jubilación con el objetivo de acercarla a la edad legal.
- Y la mejora de la cotización de los autónomos.
Una ampliación polémica
Otra de las propuestas presentadas por el ministro de Seguridad Social, Jose Luis Escrivá, ante la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno es el aumento de 25 a 35 años eel periodo de cotización para calcular la cuantía de las pensiones, con el objetivo de reducir el gasto de la Seguridad Social y dotar de sostenibilidad al sistema.
Esta medida no ha sido bien recibida ni por los sindicatos ni por los socios de gobierno de Pedro Sánchez.
La primera en posicionarse en contra ha sido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al señalar que este cambio de cómputo no se contempla ni en el programa de gobierno acordado entre el PSOE y Unidas Podemos ni en las recomendaciones del Pacto de Toledo para la reforma de las pensiones.
A juicio de Isabel Casares, secretaria general de la Organización de Consultores de Pensiones (OCOPEN), el principal efecto de ampliar diez años el periodo para calcular las pensiones sería “una bajada de las prestaciones”.
En su opinión, es en los últimos años de vida laboral cuando los salarios son más elevados y alargar el periodo contabilizado supondría incluir ejercicios de menor cotización, lo que reduciría el montante de las pensiones.
Esta bajada alcanzaría de media un 5%, según ha calculado Robert Meneu Gaya, director del Departamento de Matemáticas para la Economía y la Empresa de la Universidad de Valencia.
Reducción de incentivos fiscales a los planes de pensiones
Si la propuesta de Escrivá de ampliar el cómputo de años para calcular las pensiones ha suscitado las protestas de políticos y futuros jubilados, su decisión de reducir los incentivos fiscales a los planes de pensiones individuales ha conseguido la misma reacción entre partícipes, aseguradoras y gestoras de fondos.
Con esta medida, recogida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se recortarán el próximo año los beneficios fiscales a los planes de pensiones individuales y aumentarán los concedidos a los planes de pensiones de empleo.
Así, se reducirá de 8.000 a 2.000 euros la aportación máxima a los planes de pensiones individuales con derecho a desgravaciones en el IRPF. Mientras que las aportaciones a los planes de empleo con derecho a deducción se verán aumentadas de los 8.000 a los 10.000 euros.
Este recorte ha sido muy cuestionado por Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco) y por la Asociación Empresarial del Seguro (Unespa). Calculan que perjudicará a más de 7,5 millones de partícipes de planes de pensiones individuales y a un millón de asegurados en planes de previsión asegurados (PPA).
"La encomiable intención del Gobierno de impulsar la previsión social complementaria en el ámbito empresarial en España no debe realizarse a costa del ahorro que destinan por su cuenta los particulares a reforzar su futura pensión”, señalan las asociaciones en un comunicado conjunto.
Un nuevo ‘superfondo’ que no convence
Y es precisamente para impulsar la previsión social complementaria en el ámbito de la empresa por lo que el Gobierno creará en 2021 un ‘superfondo’ público de pensiones de empleo que convivirá en el mercado con los fondos de pensiones de empleo gestionados por entidades privadas.
Su objetivo es desarrollar la previsión empresarial y hacerla llegar a pymes y autónomos mediante la reducción de costes de gestión y una gestión de inversiones competitiva.
El empujón que el Gobierno pretende dar al desarrollo de los planes de empresa con el ‘superfondo’ se debe a que en España estos planes no han cuajado. Solo 12.000 empresas están acogidas a este sistema, que cuenta con 1.966.188 partícipes.
Además, su patrimonio ronda los 34.462 millones de euros muy lejos de los 77.462 millones de volumen de activos acumulados por los planes de pensiones privados, lo que, según José Luis Escrivá, refleja su "infradesarrollo".
Pero la solución para impulsarlos no vendrá de la mano del nuevo fondo público, según consideran los expertos. Entre ellos Gonzalo Núñez, profesor del Centro de Estudios Financieros, para quien este fondo no traerá consigo un claro beneficio.
En su opinión, «si el Gobierno pretende establecer un complemento privado al sistema público de pensiones para garantizar un mayor nivel de renta a los futuros pensionistas -descargando de presión a la Seguridad Social-, no parece que esta medida vaya a ser efectiva al no alcanzar a la mayor parte de quienes se jubilarán en los próximos años».
Un año ‘caliente’
Por ahora, las reformas que el Gobierno pretende aplicar en el 2021 para dotar de viabilidad al sistema público de pensiones convencen a pocos.
Los actuales y futuros jubilados consideran que podrían mermar la cuantía de sus pensiones y los analistas creen que se quedan cortas si lo que se pretende con ellas es reducir el déficit de la Seguridad Social.
Todo apunta a que 2021 será un año caliente en materia de pensiones, y los jubilados ya han empezado a caldear el ambiente con las últimas manifestaciones convocadas en diciembre para pedir unas pensiones dignas.
