Los siete puntos de la reforma de las pensiones que evaluará Bruselas

La Comisión Europea ya ha recibido el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado por el Gobierno español con las inversiones y reformas que pretende acometer con los 140.000 millones de fondos de reconstrucción que va a recibir en 2026 para hacer frente a la crisis.

El plan está articulado en cuatro ejes y compuesto de 212 medidas, de las que 110 son inversiones y 102 reformas, entre ellas, la de las pensiones, una de las más polémicas, que ha enfrentado a sindicatos y patronal con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y que aún siguen negociando después de este se viera obligado a renunciar a algunas de sus propuestas.

Estos son los siete puntos más destacados de la reforma que evaluará Bruselas:

Vincular las pensiones al IPC

Una de las medidas más importantes de la reforma es la nueva fórmula permanente de revalorización de las pensiones que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de los jubilados mediante un mecanismo basado en el IPC.

La propuesta inicial de Escrivá consistía en revalorizar las pensiones con el IPC del año anterior y en el caso de que la inflación fuera negativa, las pensiones no sufrirían ninguna merma. Sería en los tres años siguientes con valores positivos cuando se compensaría esa diferencia.

Y fue esa compensación la que suscitó las críticas de los sindicatos, que presionaron al ministro de Seguridad Social a retirarla para seguir negociando, y lo consiguieron. Como consecuencia, el poder adquisitivo de los jubilados mejorará cuando los precios crezcan menos de lo esperado

Isabel Casares, secretaria general de la Organización de Consultores de Pensiones (Ocopen), considera que se trata de "una medida razonable, que generará confianza en los actuales y futuros jubilados, siempre que se no se modifique cada vez que los resultados no sean satisfactorios para las finanzas del Estado".

Aplazar la jubilación

Otro de los objetivos recogidos en el documento enviado a Bruselas es alinear la edad real de jubilación con la edad legal. Para ello, Escrivá trabaja junto a sindicatos y patronal en cuatro ámbitos: modificar los coeficientes de la jubilación anticipada, crear nuevos incentivos a la jubilación demorada, reformar la jubilación parcial y modificar las cláusulas convencionales de jubilación forzosa.

Estas medidas, según el ministro, van encaminadas a “incrementar la participación de las personas mayores en el mercado laboral, cuya tasa de actividad es mucho más baja que la de los países de nuestro entorno”.

Coeficientes reductores mensuales

Escrivá pretende incluir en la reforma de las pensiones cambios en los coeficientes reductores para la jubilación anticipada voluntaria, con ello persigue dos objetivos: Incentivar la permanencia en el empleo y eliminar los elementos regresivos que tiene el sistema actual.

Para cumplir el primero, plantea que los coeficientes reductores sean mensuales, en lugar de trimestrales como hasta ahora. Cree que este sistema mejoraría la equidad, ya que los coeficientes se aplicarían sobre la cuantía de la pensión, lo que hará que tengan los mismos efectos para todos, algo que actualmente no sucede en el caso de los trabajadores que cotizan por la base máxima.

La equiparación de los coeficientes para las pensiones máximas se hará de forma progresiva y en un periodo de seis años para no perjudicar las decisiones de quienes están en los últimos años de su vida laboral.

Doce mil euros por atrasar la jubilación

Con el objetivo de que los trabajadores retrasen su retiro, desde el ministerio planean mejorar los incentivos a la jubilación demorada mediante tres opciones a elegir por el trabajador. La primera consiste en un porcentaje adicional de la pensión del 4% por cada año de demora; la segunda, un pago único de hasta 12.000 euros y la tercera consistiría en una combinación de ambas.

Incentivos que, para Miguel Ángel Menéndez, director de previsión social de Mercer España, "parecen poco atractivos por mantenerse un año más en el trabajo".

Jubilación forzosa por convenio

Otra de las medidas trata de las cláusulas de jubilación forzosa establecidas por convenio colectivo. En este sentido, el planteamiento del ministerio pasa por proponer un modelo parecido al francés, que no aplica las cláusulas hasta los 68 años, con políticas activas para incentivar la permanencia.

No obstante, para las cláusulas que se hubieran incluido en los convenios colectivos bajo la normativa actual, se pondría en marcha después de la finalización del convenio y existiría un periodo transitorio.

Con estas medidas “nuestro objetivo es que la jubilación sea un derecho y no una obligación, como establecen ahora algunos convenios”, señala Escrivá.

Cotización para los autónomos

El ministro de Seguridad Social también pretendía cambiar el modelo de cotización de los trabajadores autónomos a partir de 2022, incluyendo un periodo transitorio. Esta medida fue criticada por los agentes sociales y Escrivá accedió a retrasar un año, hasta 2023, su entrada en vigor.

El cambio consiste en establecer 13 tramos con los que se pretende flexibilizar los pagos. Además, cada trabajador podría elegir provisionalmente su base de cotización en función de sus previsiones de rendimientos, con la posibilidad de modificar su elección varias veces a lo largo del año.

Más concesiones

Otras de las renuncias que José Luis Escrivá se ha visto obligado a hacer para que los sindicatos no se levantaran de la mesa de negociación ha sido la de ampliar de 25 a 35 años el cómputo para calcular las pensiones.

No obstante, no ha descartado esta medida, sino que la ha aplazado hasta la segunda fase de negociaciones. El nuevo cómputo generaría una bajada de las pensiones del 8%, a lo que tanto sindicatos como Unidas Podemos se oponen.

También la patronal ha conseguido que el ministro aplazara medidas que perjudican a los empresarios, como la subida de las bases máximas de cotización.

Después de negociaciones y concesiones, José Luis Escrivá ya ha hecho parte de sus deberes y ha enviado a la Comisión Europea su proyecto de reforma de las pensiones. Ahora Bruselas tiene dos meses para examinar estas medidas y aprobarlas o considerarlas insuficientes y exigir más cambios.