La OCDE enseña a Escrivá el camino para salvar las pensiones

Asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones es uno de los principales cometidos que debe afrontar el Gobierno español, según la OCDE. Por ello, en su último informe sobre España ofrece al ejecutivo de Pedro Sánchez recomendaciones para afianzar el sistema.

Entre ellas destacan medidas que no se han cansado de solicitar organismos como el Banco de España y que estaban en la agenda del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y que ha tenido que descartar por la oposición de los sindicatos y de su socio de Gobierno Unidas Podemos, como la ampliación del periodo de cotización para calcular las nuevas prestaciones.

Otras de las propuestas son vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida y retrasar la edad efectiva de retiro penalizando la jubilación anticipada e introduciendo nuevos incentivos para prolongar la vida laboral.

La polémica ampliación del cómputo

El aumento del cómputo de la vida laboral para calcular las prestaciones que ahora propone la OCDE era una fórmula que José Luis Escrivá pretendía incluir en la reforma de las pensiones que está negociando con los agentes sociales y de la que ha desistido, por el momento, tras suscitar una gran polémica.

Escrivá pretendía ampliar de 25 a 35 años el periodo para calcular las pensiones, lo que podría recortarlas un 8%.

La propuesta de la OCDE "es muy positiva para nuestro sistema y el Gobierno debería implantarla", asegura José Antonio Herce, socio fundador de LoRIS y experto en pensiones, para quien "Escrivá tuvo que desdecirse y esto es lamentable. Confío en que la medida vuelva a emerger en algún momento”.

Pero Herce va más allá. Cree que la ampliación no debería limitarse a 35 años, sino abarcar toda la vida laboral de los trabajadores”, ya que es “la fórmula más justa y lo que más se acerca al esfuerzo contributivo”.

Perjudicados

Pero su aprobación traería consecuencias. “Provocará una reducción en los importes de las pensiones para todos los trabajadores, independientemente de que vayan o no topados por la base máxima”, asegura Miguel Ángel Menéndez, director de previsión social de Mercer España.

Según se desprende de un estudio elaborado por el Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson, en colaboración con la Universidad de Valencia y la de Extremadura. Los grandes perjudicados por la ampliación del cómputo serían los jubilados con carreras laborales cortas, que verían disminuir su pensión un 15% frente a aquellos con carreras largas -incluidos en el primer cuartil equivalente a más de 43 años y 8 meses cotizados-, cuyas prestaciones se reducirían la mitad, un 7,5%.

Otros de los damnificados serían los autónomos, que soportarían una bajada del 10,3%, frente al 8,6% de reducción en el régimen general.

Ahorro en pensiones

En cuanto al impacto sobre el gasto en pensiones, el análisis muestra que el ahorro que puede generar esta medida tardaría años en notarse, como ocurre con todas las reformas que afectan solo a las nuevas pensiones de jubilación y que se implantan en un largo periodo transitorio.

Así, en 2040, el ahorro sería del 0,65% del PIB de ese año, pasando en 2050 al 0,88% del PIB, para empezar a descender paulatinamente a partir de esa fecha, llegando en 2067 al 0,64% del PIB.

Factor de sostenibilidad

Vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida, conocido como factor de sostenibilidad, es otra fórmula que según la OCDE contribuiría a reducir el gasto en pensiones.

A su vez, reduciría las prestaciones de los jubilados con una mayor esperanza de vida, dado que se presume que las van a percibir durante un mayor número de años. No obstante, según Menéndez, "su impacto dependerá de cómo se instrumente".

José Antonio Herce está convencido de que es “una buena medida que contribuiría a sostener el sistema de pensiones".

Demorar el retiro

Retrasar la edad efectiva de jubilación penalizando el retiro anticipado e introduciendo nuevos incentivos para prolongar la vida laboral es la tercera propuesta de la OCDE al Gobierno español.

Medida que Escrivá tiene previsto introducir en la próxima reforma de las pensiones y que tiene como objetivo acercar la edad legal de jubilación, 66 años en 2021, a la edad real que ahora ronda los 64,5 años.

Para ello 'castigará’ a los trabajadores con elevados salarios que opten por la jubilación anticipada reduciendo sus prestaciones. Ahora, si estos adelantan su retiro apenas notan una bajada de sus pensiones, ya que no les afectan los porcentajes de reducción que se aplican sobre la base reguladora porque el importe resultante continúa siendo igual o superior a la pensión máxima.

A juicio de Miguel Ángel Menéndez, esta propuesta es "coherente con la necesidad de reducir el déficit continuado en nuestro sistema de pensiones, si bien dificulta el rejuvenecimiento de las plantillas y la incorporación de nuestros jóvenes al mercado laboral".

Por ello cree que debería ir acompañada de medidas de apoyo a las empresas, como la cofinanciación de cuotas a la Seguridad Social a partir de determinada edad o la jubilación obligatoria en el momento de cumplir los requisitos para acceder al 100% de la pensión.

'Sobornar' para seguir trabajando

También José Antonio Herce es partidario de incrementar las penalizaciones a los jubilados prematuros: "Es lo que hay que hacer porque con ello se matan dos pájaros de un tiro: se logra simultáneamente mejorar la suficiencia de las pensiones y equilibrar el sistema en su conjunto”.

Pero no ve fácil conseguirlo, ya que "para disuadir a los españoles de que se jubilen pronto y estimular la jubilación demorada hay que invertir mucho dinero, va a requerir sobornar literalmente a los trabajadores para que lo hagan".