Los fallos de la propuesta estrella del Gobierno para salvar las pensiones

La propuesta estrella del Gobierno para hacer sostenible el sistema público de pensiones, conocida como mecanismo de equidad intergeneracional, no convence a los expertos, que no creen que pueda lograr su objetivo sin perjudicar a los jubilados. "Complicará las cosas en vez de resolverlas", apunta José Antonio Herce, fundador de la consultora LoRIS y experto en pensiones.

El nuevo mecanismo, que formará parte de la próxima reforma de las pensiones, sustituirá al actual factor de sostenibilidad y su base se deriva del acuerdo alcanzado por el Gobierno y los agentes sociales, aunque su contenido final está por definir.

El ministerio de Seguridad Social espera que esté concluido el próximo 15 de noviembre para introducirlo en la reforma de las pensiones a través de una enmienda al proyecto de ley. En caso de no llegar a un acuerdo el Ejecutivo está habilitado para definirlo unilateralmente.

Primeros problemas

Lo que se conoce del mecanismo ya ha suscitado los primeros problemas entre el ministro Escrivá y los agentes sociales. Ocurrió el día de la firma de la primera parte de la reforma de las pensiones cuando Escrivá aseguró que con el nuevo mecanismo la generación del baby boom debería trabajar un poco más para no ver afectada su pensión.

Sindicatos y empresarios salieron al quite argumentando que no compartían la pretensión del ministro y que esta no formaba parte del acuerdo, lo que le llevó a desdecirse un día después argumentando que se le entendió mal.

Trabajar más años o bajar las pensiones

Los problemas no quedarán ahí, ya que a juicio de José Antonio Herce, “la solución para hacer sostenible el sistema público de pensiones no la va a traer el nuevo mecanismo".

Esta vendría de "indiciar la edad legal de jubilación a la esperanza de vida. Este es el mejor mecanismo de sostenibilidad que hay en todo el mundo”, asegura.

Tampoco Isabel Casares, secretaria general de la Organización de Consultores de Pensiones (Ocopen), cree que sea la panacea para solucionar el problema de las pensiones.

“Por lo que se conoce, el futuro factor de equidad intergeneracional se prevé como un lavado de cara al actual factor de sostenibilidad que nunca llegó a aplicarse. La previsión es una vinculación entre la edad legal de jubilación y las pensiones a la esperanza de vida de los pensionistas, de tal forma que cualquier variación en dichos factores generará un aumento de la edad de jubilación legal o una bajada de pensiones", señala.

La mayor debilidad de este mecanismo a juicio de Casares radica "en la falta de confianza de un criterio entendible para todos", lo que hará que “los trabajadores prefieran jubilarse anticipadamente a arriesgarse a una pensión no definida".

El precio de la sostenibilidad

Respecto a si su aplicación puede lograr su objetivo de hacer sostenible el sistema público de pensiones, la secretaria general de Ocopen cree “puede dotar al sistema de sostenibilidad, pero a costa de reducir la calidad de vida de los futuros pensionistas".

Miguel Ángel Menéndez, director del área de Wealth de Mercer España, es optimista frente al mecanismo y lo considera "necesario".

Argumenta que la esperanza de vida crece al ritmo de 1,5 años en cada década, por lo que "la solvencia de nuestras pensiones pasa irremediablemente por reducir el importe medio de las pensiones, especialmente las de jubilación y de viudedad".

¿Cómo sería efectivo?

Para que este mecanismo fuera eficaz, los expertos del Instituto de pensiones de BBVA estiman que debería vincular automáticamente la edad ordinaria de jubilación, a la evolución de la esperanza de vida para cada grupo de edad. Concretamente, a la esperanza de vida tras llegar a la edad de jubilación.

También debería tener en cuenta, en opinión de Isabel Casares, variables como los años de cotización, las distintas profesiones y actividades o la situación familiar, entre otras.

"Esto es lo que se analiza en cualquier valoración con metodología actuarial y financiera para conseguir la máxima igualdad entre los beneficiarios del sistema público, independientemente de la generación a la que pertenezcan”, apunta.