Las pensiones a partir de enero: 30 euros más al mes
Las pensiones subirán en 2022 una media de 30 euros mensuales y los trabajadores que retrasen su jubilación podrán recibir hasta 12.000 euros o un 4% más de pensión
2022 supondrá un punto de inflexión para los jubilados debido a la entrada en vigor en enero de la ley que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones y que acaban de aprobar las Cortes Generales.
La nueva norma, pactada por el Gobierno con empresarios y sindicatos, modifica el texto refundido de la ley general de la seguridad social y recoge las recomendaciones del Pacto de Toledo sobre pensiones.
El principal cambio que establece es la revalorización de las pensiones en función del IPC. Así, el 1 de enero de cada año se incrementarán las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en el ejercicio anterior.
En 2022, la revalorización será del 2,5 por ciento para las pensiones contributivas, por lo que la pensión media subirá cerca de 30 euros al mes, mientras que la pensión máxima aumentará unos 112 euros, hasta situarse en 2.819 euros.
Las pensiones mínimas se incrementarán un 3%
Las pensiones mínimas y las no contributivas se revalorizarán un 3 por ciento, ya que no están ligadas a la evolución de la inflación. Las mínimas subirán hasta 40 euros y alcanzarán los 890 euros mensuales.
Esta nueva revalorización no convence a los expertos y aducen que “pone en peligro la sostenibilidad del sistema público de pensiones”.
Para José Antonio Herce, fundador de la consultora LoRIS, la vinculación de las pensiones al IPC aumentará el gasto en pensiones sin justificación social. Esto podría suponer un incremento del gasto entre 2,3 y 5 puntos porcentuales del PIB.
Gonzalo Núñez, abogado del bufete Bardají-Honrado Abogados y profesor de la Udima, considera que “resulta muy peligrosa para la Seguridad Social, además de suponer una carga adicional para los actuales cotizantes”.
“El modelo propuesto por el Gobierno no va a guiarnos hacia un déficit cero, sino hacia un déficit permanente del sistema de pensiones”
Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia
La norma también incorpora diversas medidas dirigidas a acercar voluntariamente la edad real de jubilación (64,5 años) a la edad ordinaria, que para 2022 está fijada en 66 años y 2 meses.
Se establecen cuatro vías de actuación: la revisión de la jubilación anticipada, tanto voluntaria como involuntaria, y por razón de la actividad, la jubilación demorada, la jubilación activa y la jubilación forzosa.
Respecto a la jubilación anticipada voluntaria, los coeficientes pasan a partir de enero a ser mensuales, con un tratamiento más favorable a las carreras de cotización más largas.
Además, los coeficientes reductores relacionados con el adelanto de la edad de jubilación se aplicarán sobre la cuantía de la pensión y no sobre la base reguladora de la misma, como se hacía hasta ahora.
Retiro involuntario y demorado
Respecto a la jubilación anticipada involuntaria se mejoran dos aspectos: se establecen coeficientes mensuales, en lugar de trimestrales, y, en relación con los dos años inmediatamente anteriores a la edad de jubilación ordinaria, se aplican en el cálculo de la pensión los mismos coeficientes que en la modalidad voluntaria en los supuestos en los que el nuevo coeficiente sea más favorable que el hasta ahora vigente.
En el caso de la jubilación demorada, el texto establece la exoneración de cotizar por contingencias comunes, excepto por incapacidad temporal, a partir del cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación que corresponda.
También se refuerzan los incentivos, que pasan a ser de tres tipos por cada año de demora: un porcentaje adicional del 4 por ciento, una cantidad a tanto alzado en función de la cuantía de la pensión (que puede llegar a 12.000 euros) premiando las carreras de cotización más largas o una combinación de ambas opciones.
El polémico Mecanismo de Equidad Intergeneracional
Una de la medidas estrellas de la norma, introducida en su tramitación parlamentaria, es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Consiste en la reactivación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social mediante una aportación finalista entre 2023 y 2032.
La aportación será de 0,6 puntos porcentuales de la cotización por contingencias comunes, repartido entre la empresa y el trabajador con la misma distribución que en las cotizaciones sociales y actuará como “válvula de seguridad” del sistema a partir de 2033, según fuentes del Ministerio de Seguridad Social.
La implantación de este mecanismo ha generado gran polémica, ya que, según los expertos, no solo no logrará conseguir el objetivo por el que se ha creado de hacer sostenible el sistema público de pensiones como han advertido organismos internacionales, sino que, además, supondrá un recorte de las pensiones.
Así lo establece, el informe 'Efectos del Mecanismo de Equidad Intergeneracional sobre el Sistema de Seguridad Social' elaborado por el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social formado por los profesores de las universidades de Valencia y de Extremadura Enrique Devesa, Mar Devesa, Borja Encinas, Inmaculada Domínguez y Robert Meneu.
Pensiones a la baja
El estudio señala que tras la implantación del mecanismo bajarán las pensiones, “ya sea por vía del incremento de las cotizaciones o por la del recorte del gasto en pensiones”.
Otro de los “defectos”. del mecanismo es que la subida de las cotizaciones a la Seguridad Social no se verá compensada con una mejora de las pensiones de los afiliados que hagan esas aportaciones extra porque el tipo de cotización no interviene en la fórmula de cálculo de la pensión inicial.
Para Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia y uno de los autores del informe, “el modelo propuesto por el Gobierno no va a guiarnos hacia un déficit cero, sino hacia un déficit permanente del sistema de pensiones”.
Una sustitución negativa para el sistema público
Le reprocha que haya sustituido el factor de sostenibilidad, aprobado en 2013 por el Gobierno Rajoy, por el MEI para afrontar la subida del coste en pensiones debido a que ni siquiera reduce el coste de indexar las pensiones a la inflación.
Considera que el nuevo mecanismo solo recaudará en ese periodo un 2,3 por ciento del PIB, cuando la indexación de las pensiones al IPC supondrá un sobrecoste anual al equivalente al 1,4 por ciento del PIB en 2030 y del 2,6 por ciento a partir de 2050.
¿Qué ocurrirá con el MEI si no hay desviaciones del gasto?
En el caso de que no se diera una desviación de la senda de gasto previsto, no se aplicará ninguna medida y se planteará la utilización de los recursos del fondo de reserva para reducir las cotizaciones sociales o mejorar la cuantía de las pensiones.
La norma señala que en el caso de que a partir de 2033 se apreciara en los Informes de Envejecimiento (Ageing Report) de la Comisión Europea una desviación de la previsión de gasto en pensiones a 2050 respecto al informe de 2024 (que se usará como referencia), se utilizará este fondo, con un límite de disposición anual del 0,2 por ciento del producto interior bruto (PIB).
Respecto al fortalecimiento de la estructura de ingresos del sistema, el texto establece que la ley de presupuestos generales del Estado contemplará anualmente una transferencia del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para la financiación de diversos conceptos que permitan culminar la separación de fuentes.
Esta transferencia ya se incluyó en los presupuestos generales del Estado de 2021 y se amplía en los de 2022.
