Las pensiones solo aguantarán 20 años más si Escrivá insiste en su reforma

La primera parte de la reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno en 2021 amenaza la sostenibilidad y la equidad del sistema lo que, a medio plazo, unos 20 años, pone en peligro la suficiencia de las pensiones.

Esta es la principal conclusión del informe realizado por el grupo de investigación en pensiones públicas del Instituto de Actuarios Españoles (IAE) sobre la reforma de las pensiones diseñada por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

El estudio incide en el impacto que tendrá sobre el sistema de pensiones español.

Analiza las cuatro principales medidas que integra la reforma del Gobierno: la revalorización de las pensiones, la jubilación demorada, la jubilación anticipada y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

Concluye que estas cuatro medidas van a generar un aumento del gasto en pensiones, sobre todo a consecuencia de su revalorización en función del IPC, pero también "debido a la derogación del factor de sostenibilidad (FS) y su sustitución por el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI).

Respecto a los cambios en la jubilación demorada y anticipada considera que "van a generar un resultado incierto y supondrán una mínima disminución del gasto en pensiones, "en el mejor de los casos".

Una revalorización que erosiona el sistema

La subida de las pensiones en función de la inflación y el aumento del gasto que supondrá "amenaza" el sistema público de pensiones e implica un empeoramiento de su sostenibilidad, reconoce Enrique Devesa, profesor titular de economía financiera y actuarial y miembro del IAE

Por ello cree que las implicaciones que va a generar esta medida "deberían ser conocidos por todos", ya que "no solo afectan a la generación actual de cotizantes, sino que se extenderá durante varias décadas".

Castigo a los que opten por demorar la jubilación

Otro defecto que los expertos aprecian en la reforma es que penaliza las jubilaciones demoradas cuando el objetivo de Escrivá era incentivarlas para reducir el gasto en pensiones.

La norma establece una subida de la pensión del 4 por ciento por cada año completo cotizado después de cumplir la edad ordinaria de jubilación.

Según el informe, pese a que los coeficientes se han unificado hasta el 4 por ciento, "siguen por debajo de lo actuarialmente equivalente, que estaría en torno al 5,4 por ciento".

En este sentido, Gregorio Gil de Rozas, vocal de la junta de gobierno del IAE y responsable del grupo de investigación en pensiones públicas, señala que "para estar alineados con la aportación positiva que la jubilación demorada realiza al sistema, los coeficientes deberían ser más generosos con el ciudadano que tomase la decisión de retrasar su jubilación".

También considera "discutible" que haya que esperar un año completo para poder optar a esta mejora.

"Tendría un mayor impacto si la mejora se establece por mes y no por año, siendo en este caso del 0,45 por ciento mensual el coeficiente que mejor se adapta a un criterio actuarial".

El estudio calcula que el efecto, en términos de caja, que esta medida generará en las arcas de la Seguridad Social "es muy pequeño" debido a que el gasto en pensiones de jubilación demorada está alrededor del 3 por ciento del gasto total, y solo afecta a las nuevas altas.

Escaso impacto sobre la jubilación anticipada

Los expertos de la IAE creen que la reforma de las pensiones ha seguido un criterio "poco razonable" respecto a la jubilación anticipada, al establecer los coeficientes según el número de años de anticipo para aquellos que quieren adelantar su edad de jubilación.

A su juicio, desde el punto de vista actuarial, la solución podría pasar por un único coeficiente del 0,5 por ciento por cada mes de anticipación, independientemente del resto de variables que ha considerado la normativa.

"Esto haría más equitativo actuarialmente el cálculo de la pensión, más simple, más comprensible y transparente", afirma Enrique Devesa.

Otra novedad introducida en la normativa, es la de aplicar los coeficientes reductores por jubilación anticipada sobre el límite de la pensión máxima y no sobre la base reguladora, como ocurría con la normativa anterior.

El efecto de esta modificación sobre la pensión media sería de una bajada del 2,8 por ciento de las jubilaciones voluntarias, con un importante efecto redistributivo al afectar casi exclusivamente al primer cuartil de salarios más elevados, en cuyo caso las pensiones anticipadas voluntarias bajarían un 5,5 por ciento.

"En la práctica se diseña un sistema de jubilación anticipada más desincentivador para los trabajadores más cualificados y con salarios más elevados, lo que lógicamente tiene consecuencias para el nivel de rotación del mercado laboral", indica el estudio.

En cuanto al gasto en pensiones, los expertos señalan que el efecto será muy limitado durante los primeros años de implantación, porque solo afecta a las nuevas pensiones, estimándose en 26 millones de euros el primer año.

Aumentaría con el tiempo al ir sumando nuevas generaciones de jubilados. A medio-largo plazo, el gasto en pensiones solo disminuiría el 0,44 por ciento.

En opinión de Devesa, el impacto conjunto de las dos medidas introducidas en la jubilación anticipada (nuevos coeficientes y nuevo método de cálculo), supondría una bajada de la pensión media de las anticipadas del 2,18 por ciento, afectando casi exclusivamente al primer cuartil de nivel salarial, con una bajada de la pensión inicial del 5,70 por ciento.

El MEI incrementará el gasto en pensiones

A los expertos del IAE tampoco les gusta el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), el sustituto del factor de sostenibilidad (FS) que corregía los incrementos del gasto en pensiones derivados del aumento de la esperanza de vida.

Gil de Rozas advierte de que "la eliminación del FS debería suplirse con un mecanismo que genere el mismo nivel ahorro".

Sin embargo, esto no ha sido así, ya que "el MEI respecto al FS dará lugar, en 2067, a un déficit acumulado hasta ese momento de 7,75 puntos del PIB de ese año".

Reformar la reforma

Todas las carencias de la reforma de las pensiones "tensionarán aún más la sostenibilidad financiera a largo del sistema público de pensiones de lo que ya estaba con la anterior reforma", concluye el informe.

Por ello, los expertos del IAE abogan por que la reforma de 2021 "no tenga carácter de último paso", sino que sea "completada, matizada o, incluso, modificada" para que se ajuste al objetivo de diseñar un adecuado equilibrio entre beneficiarios presentes y futuros del sistema".

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