Los expertos en pensiones echan de menos el índice de revalorización de Rajoy
Los analistas consideran que la revalorización de las pensiones en función del IPC impulsada por el Gobierno va a acelerar el déficit del sistema
El inicio del trámite parlamentario del proyecto de ley para la revalorización de las pensiones ha suscitado de nuevo el debate sobre la idoneidad o no de la decisión del Gobierno de vincular la revalorización de las pensiones al Índice de Precios al Consumo (IPC) y la derogación del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) introducido por Rajoy en 2013.
El IRP, cuya aplicación está suspendida desde 2018, limita la subida anual de las pensiones a un 0,25 por ciento en situaciones de déficit.
Vincula la revalorización de las pensiones a factores como el saneamiento de las cuentas de la Seguridad Social, por lo que, debido al déficit estructural de esta, estaría permanente abocado a la revalorización mínima del 0,25 por ciento.
Hay que tener en cuenta que la Seguridad Social arrastra un déficit crónico que se situó en 2020 en 14.979 millones de euros, el equivalente al 1,36 del PIB, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
¿Peligro de quiebra?
Para evitar que los jubilados pierdan poder adquisitivo, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, junto a sindicatos y empresarios, acordaron seguir las recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo y vincular la subida de las pensiones al IPC.
Medida que en un primer momento respaldó el PP y que ahora rechaza en favor del IRP, de ahí la enmienda a la totalidad que ha presentado esta semana en el Congreso al proyecto de ley y que fue rechazada.
El partido de Casado cree que la medida por la que apuesta Escrivá puede “poner en riesgo" el futuro del sistema público de pensiones y llevarlo a la "quiebra".
La propuesta del Gobierno consiste en ajustar la subida de las pensiones al IPC, pero el problema surge en los años en que la inflación sea negativa, ya que las pensiones se quedarán como están. No se reducirán conforme a la bajada de los precios, lo que, según los expertos, puede ahondar el déficit de la Seguridad Social.
Sin compensaciones a la baja
Este problema quiso subsanarlo José Luis Escrivá en la mesa de negociación de la reforma de las pensiones, pero no lo consiguió. Pretendía revalorizar las pensiones de acuerdo a la inflación del año anterior y en el caso de que ésta fuera negativa, las pensiones no sufrirían ninguna merma. Sería en los tres años siguientes con valores positivos cuando se compensaría esa diferencia.
Pero el rechazo de los sindicatos a que se produjeran compensaciones a la baja por inflación negativa hizo que la propuesta del ministro no cuajara. Así, el poder adquisitivo de los jubilados no solo se mantendrá, sino que mejorará en aquellos años en que los precios crezcan menos de lo esperado, “empobreciendo al sistema sin necesidad”, señalan los expertos.
Una decisión demasiado cara para el sistema
La subida de las pensiones de forma automática y sin reducción por desviación a la baja del IPC real respecto del previsto supondrá una importante presión del gasto de las pensiones en la Seguridad Social.
Solo hay que ver que el 0,9 por ciento de revalorización de las prestaciones aplicado en 2021 ha tenido un coste adicional de 1.406 millones de euros, y la previsión para 2022 con un IPC medio de un 2,4 por ciento supondrán otros 3.750 millones de euros.
Por ello, a juicio de Gonzalo Núñez, abogado del bufete Bardají-Honrado Abogados y profesor de la Udima, "resultaría imprescindible adoptar las medidas compensadoras apropiadas, limitando las revalorizaciones mientras el sistema se encuentre en situación de déficit".
Cree que la medida impulsada por Escrivá, "resulta muy peligrosa para el sistema de la Seguridad Social, además de suponer una carga adicional para los actuales cotizantes".
IRP, una “garantía” para dotar de suficiencia al sistema
Los expertos consideran que el IRP lograría reducir el déficit del sistema público de pensiones y le dotaría de suficiencia. Pero, a pesar de sus ‘bondades’, confiesan que no se implanta porque restaría votos al partido que lo hiciera.
En opinión de Miguel Ángel Menéndez, director del área de Wealth de Mercer España, el IRP incrementaba las pensiones en función de parámetros que evaluaban lo saneado o no de nuestra economía.
"Garantizaba, incluso incrementaba, el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas en aquellos años con inflación negativa y no aumentaba el déficit anual por pensiones de manera tan exponencial como el nuevo modelo propuesto por el Gobierno. Esta nueva medida conlleva mayor déficit", señala Menéndez.
La solución fácil
Para Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia e investigador del IVIE, la revalorización con el IPC “es la solución fácil” porque mantiene el poder adquisitivo de las pensiones, pero “si no se añaden ingresos extra al sistema de pensiones, este presentará graves problemas de sostenibilidad”.
Afirma que con el IRP se puede llegar a una revalorización incluso por encima de la inflación, por lo que derogarlo “es hacer menos transparente el sistema no permitiendo que las pensiones se revaloricen por encima del IPC”.
También Isabel Casares, secretaria general de la Organización de Consultores de Pensiones (OCOPEN), cree que eliminar el factor de revalorización de las pensiones por el incremento del IPC va a generar una necesidad mayor de disponer de fondos públicos para los actuales pensionistas, por lo que "repercutirá en un mayor déficit del sistema público de pensiones".
