Los puntos de la reforma de las pensiones que tumbará Bruselas

El Gobierno español ya ha hecho parte de sus deberes. Ha enviado en tiempo a la Comisión Europea el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con las inversiones y las reformas que pretende acometer con los 140.000 millones de fondos de reconstrucción que va a recibir en 2026 para hacer frente a la crisis.

Entre estas reformas destaca la de las pensiones, una de las que más polémicas ha suscitado. Ahora toca a la Comisión mover ficha y aprobar o suspender las medidas enviadas por el ejecutivo español para hacer viable nuestro sistema público de pensiones.

Los expertos dudan de que la nota otorgada por el ejecutivo comunitario a algunas de las propuestas del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, sea un aprobado.

"Bruselas pedirá más información porque con lo que se ha mandado es difícil saber qué es lo que va a ocurrir realmente con nuestro sistema de pensiones", señala Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia y miembro del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.

Considera "bastante decepcionante" las medidas enviadas por el Gobierno porque, "sobre todo hay grandes frases con las que es difícil estar de acuerdo, como la que hace referencia a eliminar la incertidumbre y visibilizar la solvencia del sistema, pero, en la práctica hay muy poca concreción y ninguna cuantificación del impacto".

Subida de las pensiones, la más cuestionada

Esta falta de concreción puede hacer que Bruselas eche atrás algunas de estas medidas, entre ellas las que provocarán un aumento del gasto en pensiones, ya que la Comisión demanda reducir gastos para acabar con el déficit del sistema.

Entre las propuestas más cuestionadas está, en opinión de los expertos, la relacionada con la revalorización de las pensiones conforme al IPC para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los jubilados, uno de los principales objetivos de Escrivá.

"En Bruselas no verán con muy buenos ojos que la revalorización de las pensiones se realice en función del incremento del IPC siempre que sea positivo y si es negativo mantener constantes los importes de las pensiones. Esto implicaría un aumento del poder adquisitivo de los jubilados y mayor gasto", asegura Miguel Ángel Menéndez, director de previsión social de Mercer España.

La propuesta inicial de Escrivá consistía en revalorizar las pensiones con el IPC del año anterior y en el caso de que la inflación fuera negativa, las pensiones no sufrirían ninguna merma. Sería en los tres años siguientes con valores positivos cuando se compensaría esa diferencia.

Y fue esa compensación la que suscitó las críticas de los sindicatos, que presionaron al ministro de Seguridad Social para retirarla, y lo consiguieron. Como consecuencia, el poder adquisitivo de los jubilados mejorará cuando los precios crezcan menos de lo esperado, lo que conllevará, según ha reconocido el Gobierno, un gasto para el sistema de 2,5 puntos del PIB en 2050.

Retrasar la edad de jubilación, ¿misión imposible?

Otra de las medidas controvertidas, en opinión de Isabel Casares, secretaria general de la Organización de Consultores de Pensiones (Ocopen), es el aumento de la edad media de jubilación, no porque no sea necesaria, sino porque la CE la considere un objetivo inalcanzable "debido al aumento de las prejubilaciones que tenemos en España".

Reducciones sobre la pensión

También la CE podría poner algún inconveniente, según Menéndez, a la penalización de la jubilación anticipada aplicando reducciones sobre la pensión y no sobre la base de cotización, lo que "significa romper el principio de contributividad para aquellos trabajadores que han cotizado por encima de la pensión máxima".

Escrivá pretende incluir en la reforma de las pensiones cambios en los coeficientes reductores para la jubilación anticipada voluntaria, con ello persigue dos objetivos: Incentivar la permanencia en el empleo y eliminar los elementos regresivos que tiene el sistema actual.

Para cumplir el primero, plantea que los coeficientes reductores sean mensuales, en lugar de trimestrales como hasta ahora. Cree que este sistema mejoraría la equidad, ya que los coeficientes se aplicarían sobre la cuantía de la pensión, lo que hará que tengan los mismos efectos para todos, algo que actualmente no sucede en el caso de los trabajadores que cotizan por la base máxima.

Subir la base de cotización

Otra de las disposiciones que pueden desagradar al ejecutivo comunitario es elevar de forma gradual la base máxima de cotización para las pensiones antes de finalizar 2022.

"El destope de las bases de cotización será muy cuestionado, puesto que para cumplir y mantener el principio de contributividad, si se obliga a cotizar por el salario real, deberá haber una contraprestación igual al incremento de cuotas realizado”, señala el director de previsión social de Mercer España.

Lo que a su juicio significa “un mayor coste laboral para las empresas y los trabajadores, perdiendo competitividad, y el efecto en el equilibrio financiero de las pensiones entre ingreso y gasto no debería verse alterado por lo que no tiene un claro objetivo".

El sustituto del factor de sostenibilidad

También será cuestionada, en opinión de Isabel Casares, la sustitución del factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional que aún no se sabe en qué va a consistir.

Esta escasa concreción de las propuestas enviadas por Escrivá a la CE, "hace difícil", según Enrique Devesa, "saber el resultado final de estas medidas, por lo que estoy seguro de que Bruselas va a pedir, antes o después, que el Gobierno español las aclare y las cuantifique".