Los planes de pensiones de Escrivá ya tienen fecha de caducidad

La aprobación en el Congreso de los Diputados de los planes de pensiones públicos de empleo por un estrecho margen de votos deja en el aire el recorrido que tendrá esta nueva herramienta de ahorro para la jubilación.  

Los expertos lamentan que este proyecto haya nacido sin consenso, con un buen número de formaciones políticas votando en contra, incluido el principal partido de la oposición, el PP.  

Por ello, creen que estos planes de pensiones impulsados por el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, tienen fecha de caducidad, la que puede marcar un cambio de gobierno. “Si el PP llega al gobierno es muy posible que los dejen caer”, señalan fuentes del sector. “Si están en contra de este proyecto, lo lógico es que lo cambien una vez accedan al poder”, añaden. 

Este es un punto que preocupa a los expertos del sector. También el que su desarrollo recae en los agentes sociales, sindicatos y patronal, y se deja en manos de la negociación colectiva. "Si no ha habido consenso en años anteriores, qué puede hacer pensar que ahora sí habrá un acuerdo", destaca Fernando Martínez-Cue, consultor experto en pensiones y asociado de Loris Retirement.

La polémica de la obligatoriedad

El caso es que si las empresas no impulsan estos planes es imposible que se alcance el límite de exención fiscal fijado en los 8.500 euros, a no ser que esté incluido en los convenios colectivos.  

En este sentido, los expertos destacan que hubiera sido conveniente un acuerdo de adscripción automática como ocurre en el Reino Unido, es decir, el trabajador se afilia automáticamente (aunque si desea no haerlo, lo tiene que solicitar), algo que parece interesante en un país donde el tejido empresarial está conformado por pymes.  

Sin embargo, Miguel Ángel Menéndez, profesor del Centro de Estudios Financieros (CEF), explica que, desde un punto de vista constitucional era imposible imponer estos planes de pensiones públicos de empleo de manera obligatoria. 

Otro aspecto que consideran fundamental es implicar al trabajador, desde el principio, en estos planes de ahorro, "ya que hace más una aportación del 1 por ciento del salario desde el principio, que dedicar un esfuerzo mayor cuanto más se acerque la edad de jubilación", sostienen desde el sector.

 Tratar fiscalmente el ahorro por igual

Otro aspecto que echan de menos los analistas es que tanto el ahorro individual como el empresarial reciben un trato fiscal similar. En ese sentido, los planes de pensiones individuales han sufrido recortes en los importes máximos deducibles pasando de los 8.500 euros, hasta los 2.000 euros en 2020. 

Para 2021 y años posteriores el tijeretazo ha sido hasta los 1.500 euros. Los expertos sostienen que ambos planes de pensiones (los públicos de empleo y los individuales) no deberían ser excluyentes. 

Las luces del proyecto

Pero no todo son sombras en el proyecto de Escrivá. También hay luces. 

Martínez-Cue valora positivamente que se hayan aumentado los límites establecidos para los trabajadores autónomos, pero hubiera sido deseable que se hubiera equiparadio a los trabajadores por cuenta ajena. Con la reforma pueden aportarde 4.250 euros adicionales de los 1.500 euros que podían, hasta llegar a un total de 5.750 euros.

No obstante, esta cantidad está lejos de los 10.000 euros que podrían aportar los trabajadores por cuenta ajena,. 1.500 euros más otros 8.500 euros, siempre y cuando provengan de contribuciones empresariales del empleador a instrumentos de previsión social empresarial.

Cree, no obstante, que este aumento del límite no va a suponer que los autónomos comiencen a ahorrar automáticamente, ya que falta cultura financiera, pero sí que es un comienzo. Especialmente es favorable para los trabajadores profesionales independientes con mayor capacidad financiera. 

Otro aspecto que valoran positivamente es que se incentiva fiscalmente a las empresas esta contribución a planes de pensiones.  

El proyecto incorpora una desgravación en el Impuesto sobre Sociedades del 10 por ciento de la cuota íntegra por las aportaciones en favor de trabajadores con salarios inferiores a 27.000 euros brutos, y una parte proporcional a partir de este umbral. 

Para Menéndez, este es un punto favorable, porque si no hubiera un incentivo fiscal las empresas no tendrían ningún atractivo para implicarse en estos planes. 

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