Abengoa. La Guardia Civil registra la sede en Sevilla
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registran la sede central de Abengoa en Sevilla tras un mandato de la Audiencia Nacional
La Guardia Civil, a través de la Unidad Central Operativa (UCO) registra esta mañana la sede central de Abengoa, situada en el Campus Palmas Altas de Sevilla. El mandato llega desde el Juzgado central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional y se encuentra bajo secreto de sumario.
La información fue adelantada por la agencia EFE y confirmada a finanzas.com por fuentes cercanas a Abengoa. El registro se inició a primera hora de la mañana del martes, cuando los trabajadores iniciaban su jornada laboral y se les ha pedido que abandonen sus puestos de trabajo y se identifiquen.
Los agentes responsables de la intervención, que fueron desplazados desde Madrid, prohibieron a los trabajadores, según entraron en las instalaciones, tocar ningún dispositivo y fueron directos a los departamentos de financiero, administración y contabilidad, según las mismas fuentes.
Su objetivo, señalan, hacerse con equipos informáticos como ordenadores y solicitar a varios empleados, presentes en el registro y que corresponden a estos departamentos más los de informática, información financiera del grupo de varios ejercicios pasados.
La investigación, bajo secreto judicial
Las fuentes presentes en el registro relatan que decenas de agentes llegados de Madrid han decido tomar por completo el edifico clave de Abengoa, llamado Edificio D, donde tienen sus despachos el consejo de administración y los directivos de la compañía y donde se encuentran también los departamentos investigados además del jurídico y el de informática.
La noticia llega en el momento más crítico para la compañía, que se encuentra en concurso de acreedores, mientras su administrador concursal tiene dos ofertas sobre la mesa de 200 millones de euros para hacerse con los activos y negocios valiosos del grupo aglutinados bajo la filial Abenewco1.
Ambas opciones, por un lado la de los hermanos Amodio y los accionistas minoritarios y por otro la del fondo TerraMar apoyado por el consejo de administración, pide al Estado 249 millones de euros en forma de rescate a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Financieras (SEPI).
Las dudas del Gobierno y la Junta de Andalucía saltan a la palestra
El caso es que el Gobierno y la Junta de Andalucía siempre se mostraron en contra de apoyar económicamente a la multinacional y ninguno de los dos Gobiernos, nacional y regional, querían entrar al rescate sin la participación del otro.
El Gobierno andaluz siempre dejó claro que sus motivos residían en que, además de no poseer mecanismos legales y jurídicos para realizar la ayuda, no querían verse sentados ante la justicia.
La ingeniera les solicitaba 20 millones de euros, mientras que al Gobierno de Pedro Sánchez se le pedía 530 millones de financiación repartidos entre el ICO y CESCE, 230 millones al primero en forma de créditos y 300 al segundo a través de avales.
