La oferta por Sniace contempla una inyección inicial de 32 millones

La oferta por Sniace capitaneada por Clemente Fernández, y que contaría con dos fondos de inversión como futuros máximos accionistas de la compañía de celulosa, va “cogiendo forma”, según cuentan a finanzas.com fuentes de la negociación. 

Los nuevos interesados en la compañía, que cuentan con el apoyo de los accionistas minoritarios a los que se les otorgaría el 35% del capital social, estiman que será necesario una primera inyección de 32 millones de euros en OPEX y CAPEX para que la planta de Torrelavega, Cantabria, vuelva a funcionar. 

El cálculo se desprende de las reuniones que estos inversores han tenido con técnicos, ahora despedidos, de Sniace y es que muchos de los extrabajadores forman parte de la plataforma de accionistas minoritarios que cuenta, según pudo saber este medio, con unos 350 accionistas. 

Sin intervención pública 

Se trata de una estimación inicial y no de la oferta en sí, explican las fuentes, pues la propuesta definitiva no está aún cerrada ya que aún no se ha revisado toda la documentación necesaria ni se han tenido las reuniones suficientes con todas las partes implicadas. 

Lo que sí contemplará la oferta es que no será necesaria la intervención pública. Ni ayuntamiento, ni Gobierno cántabro, ni Gobierno español. Así se lo han hecho saber a las administraciones públicas que han recibido esta noticia “con alivio”, aseguran fuentes de los ofertantes. 

“Cuando te acercas a un gobierno y a unas administraciones y les dices que no vas a precisar de intervenciones públicas ya miran la oferta por una compañía con muy buenos ojos”, comentan. 

Posible cesión de terrenos públicos 

Además, como muestra de que la oferta “no tiene objetivos especulativos”, estos inversores estarían dispuestos a ceder hasta dos tercios de los terrenos que tiene Sniace para el consistorio de Torrelavega o el Gobierno de Cantabria. 

El caso es que Sniace solo usa un tercio de los terrenos que tiene en propiedad y las administraciones “no quieren que lleguen nuevos propietarios que puedan especular con los dos tercios de terrenos excedentes de los que dispone la sociedad”. 

De todos modos, la cesión de dichos espacios no es simple. Se trata de parcelas en las que se deben derribar las instalaciones construidas y descontaminar la zona dado que se trata de una compañía química. 

Tres ofertantes 

Las otras dos opciones de compra que hay por la cántabra, que según explican estas fuentes son también fondos de inversión, no contemplarían ninguna de las opciones que ofrecen Clemente Fernández y sus dos fondos de inversión. 

Este hecho, esgrimen miembros de estos inversores, también ha sido del gusto del Gobierno regional, aunque también reconocen que “están muy receptivos a recibir cualquier oferta por la empresa con tal de salvar los empleos”. 

Pero, insisten, los otros interesados tampoco han puesto sobre la mesa unas ofertas en firme y únicamente están pidiendo información sobre el estado financiero del grupo y visitando las instalaciones. 

Dos fondos, un accionista 

Los nuevos fondos interesados pueden decidir lanzar una oferta en común en la que saliese un único accionista de referencia que controlase el 65% del capital social, aunque también existe la posibilidad de que se repartan dicho porcentaje en relación al capital que aporte cada uno si deciden actuar de forma individual. 

El 35% restante recaería directamente en los accionistas minoritarios con el objetivo final de que la sociedad volviese a cotizar en el Mercado Continuo tras su exclusión de cotización el pasado julio tras declarase en quiebra y cesar su actividad. 

Anteriormente, en febrero, la propia compañía ya instó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que suspendiese la negociación de los títulos por la situación que atravesaba la compañía para volver a realizar una nueva petición, la definitiva. 

Febrero y junio, meses claves 

Esas peticiones coincidieron con los hechos fundamentales para la quiebra de la empresa. En febrero solicitó la liquidación por la imposibilidad de “mantener la viabilidad financiera y atender en tiempo y forma las obligaciones de pago”. 

Tras esto, en junio, el titular del Juzgado Mercantil número 2 de Madrid dictó un auto en el que se estipulaba que toda la plantilla, 350 trabajadores, quedaban despedidos. Anteriormente, en marzo, los 420 empleados temporales terminaron su contrato. 

Así, el 14 de julio, dejó de cotizar tras comenzar la liquidación marcando un último precio de 0,046 euros el título y una caída acumulada en el año del 53%.