Cómo frenar las ‘guerras del agua’

Oeste de Estados Unidos. La batalla ha comenzado. La falta de lluvia, las escasas nevadas de la primera parte del año y las altas temperaturas están provocando lo que los expertos llaman una “megasequía”, la más severa en décadas.

La lucha por el control del agua se intensifica. De momento, las disputas se mantienen en el plano legal. ¿Salvar los salmones o las patatas? Toca tomar decisiones difíciles y la lista de agraviados crece.

En la cuenca del río Klamath, entre California y Oregón, las autoridades federales han decidido desviar agua para proteger la diezmada población de salmones silvestres, amenazados por la sequía.

Al hacerlo, productores de patatas y de alfalfa han visto peligrar sus cosechas. Esto es sólo un ejemplo de lo que ocurre ahora mismo en Estados Unidos. Una situación que podría empeorar si no se buscan soluciones de largo plazo al problema del agua.

El Senado estadounidense aprobó recientemente la Ley de agua potable e infraestructuras de aguas residuales de 2021, por la que se autoriza la asignación de 35.000 millones de dólares a inversiones en materia de aguas residuales, pluviales, agua potable y reutilización del agua en todo el país. Es uno de los pocos temas que concita el apoyo de Demócratas y Republicanos.

Es un esfuerzo importante, pero insuficiente. Solo en 2019, la brecha de inversión acumulada en infraestructuras hidráulicas fue de 81.000 millones de dólares. Otros cálculos sugieren unas necesidades anuales de más de 100.000 millones de dólares durante los próximos 20 años.

Los 35.000 millones de dólares previstos en la nueva ley, por ejemplo, no alcanzarían ni siquiera para cambiar las tuberías de plomo que aún existen en EE. UU., algo que podría llegar a costar unos 45.000 millones. Según cálculos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), hay entre 6,5 y 10 millones de líneas de servicio de plomo en funcionamiento.

La eliminación de las tuberías de plomo contribuye a una mejor salud pública, al prevenir enfermedades crónicas graves, lo que alivia en última instancia la carga financiera del sistema sanitario. Por otra parte, probablemente dará lugar a una oportunidad de inversión en fabricantes de tuberías eficientes.

La inversión relacionada con la mejora del suministro, de la calidad y de la eficiencia del agua tiene el potencial de ofrecer resultados positivos desde el punto de vista financiero, medioambiental y social. Cada dólar invertido en infraestructuras rinde entre 4 y 6 dólares en la actividad económica de una comunidad, según cálculos de GHD.

Oportunidades de inversión

Los sistemas públicos de agua potable, aguas residuales y aguas pluviales de Estados Unidos recuerdan a una vieja alfombra de retales formada por tuberías y conductos de diferentes siglos y con distintos grados de funcionalidad.

Muchas tuberías tienen casi cien años de antigüedad y están funcionado a una capacidad mayor que para la que fueron originalmente diseñadas; han superado su vida útil y pierden enormes cantidades de agua.

Los municipios se enfrentan a la duda de si renovar, sustituir o reforzar estos sistemas y de cómo preparar para el futuro las infraestructuras hidráulicas, con el fin de que puedan afrontar los graves fenómenos meteorológicos que plantea el cambio climático. Por otra parte, se enfrentan al desafío de conectar todos los hogares estadounidenses a un sistema hidráulico regulado y seguro.

Actualmente, en torno a una quinta parte de los hogares depende de fosas sépticas, y más de dos millones carecen de sistemas de saneamiento y agua potable correctamente conectados. Aproximadamente una cuarta parte de los estadounidenses están muy preocupados por la calidad del agua potable de su comunidad.

Algunos ejemplos ilustran las malas condiciones de las infraestructuras hidráulicas estadounidenses. Según un informe de 2021 de ASCE, la asociación de ingenieros civiles de EE. UU., cada día se produce una pérdida de unos 22,7 millones de m³ de agua tratada debido a roturas de tuberías, lo que supone una pérdida anual de unos 8 billones de m³.

Hay más de 2.300 presas estatales de alto riesgo en condiciones malas o insatisfactorias. En los próximos cuatro años, casi tres cuartas partes de las presas tendrán más de 50 años de antigüedad y se irán deteriorando gradualmente. Y el 15% de los planes de tratamiento de aguas residuales ha alcanzado o superado la capacidad para los que fueron diseñados.

No cabe duda de que la Ley de agua potable e infraestructuras de aguas residuales de 2021 refleja un primer paso decisivo para cerrar la brecha de financiación existente. La participación del sector privado será crucial para contribuir a cubrir el resto de las necesidades.