Las petroleras aflojan entre amenazas de desinversión

“La economía de los combustibles fósiles ha llegado a su límite”. Así de tajante se mostró este miércoles Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, al explicar el nuevo paquete de medidas legislativas del Ejecutivo comunitario de cara a la reducción de emisiones en 2035. Y hay sectores que ven, especialmente, ‘las orejas al lobo’, como el de los fabricantes de coches pero, sobre todo, el ligado a esos combustibles contaminantes.

En este caso, además, las compañías viven la creciente presión de los inversores ESG que van a dar pasos atrás -o desprenderse por completo- de todas las participadas vinculadas a los combustibles fósiles. Así lo ha anunciado, por ejemplo, el Estado norteamericano de Maine.

En su caso, el Maine Public Employees Retirement System -el fondo de pensiones estatal- suma cerca de 1.300 millones de dólares en inversiones en empresas petroleras y gasistas (entre otras, Exxon). Un movimiento que Maine se ha comprometido a dar en los próximos cinco años y que puede abrir la puerta a que otros Estados -básicamente, Demócratas- avancen en la misma dirección, así como fondos de inversión, pensiones y soberanos.

Fecha de caducidad a los vehículos de combustión

Mientras, en Europa, la Comisión, en ese paquete de medidas denominado ‘Fit for 55’ -dado que aspira a la reducción de emisiones de un 55 por ciento en 2050-, ha puesto fecha de caducidad a los vehículos de combustión, que no podrán comercializarse a partir de 2035 y, como derivada, las petroleras que los ‘alimentan’ ven tambalear su negocio tradicional.

Las petroleras perciben cómo sus activos ligados al crudo ya tienen limitada su supervivencia a medio plazo y que, además, ya acumulan a sus espaldas una corrección en bolsa significativa a lo largo del mes de julio que, de media, se sitúa en el 10 por ciento; mientras que el crudo se mantiene plano respecto a sus máximos del año.

¿Qué está haciendo el crudo en bolsa?

Este contexto de negocio puro se produce en un entorno de precios del crudo al alza en el conjunto del año, pero de estabilidad en el último mes.

El barril de Brent, el de referencia en Europa, supera los 74 dólares, con una cotización estable a lo largo de los últimos 30 días.

En cambio, en lo que va de 2021, acumula un alza de más de un 30 por ciento; y deja atrás los históricos precios bajos de 2020, motivados por la pandemia de coronavirus y el frenazo de la movilidad. Una crisis del sector que dejó el barril de Brent ligeramente por encima de los 22 dólares.

De cara a los próximos meses, el mercado de futuros mantiene el Brent por encima de los 70 dólares a principios de 2022. Sin embargo, de cara a diciembre de 2025, cuando sólo quedaría una década para poner en la carretera nuevos vehículos de combustible, ese precio se rebaja hasta los 59 dólares el barril.

¿Están aprovechando este alza las petroleras?

Las compañías se están resintiendo en bolsa, especialmente a lo largo del último mes, justo cuando se ha estabilizado el Brent.

La media del sector acumula una caída media este mes de más del 10%, según los datos recopilados por la agencia Bloomberg. Por ejemplo, las compañías como Total Energies y Exxon, donde el activismo accionarial ha sido muy intensos en los últims meses, arrastran una caída del 10 por ciento y del 7 por ciento, respectivamente.

También es significativo es el retroceso de grupos como Galp, superior al 14 por ciento; o de BP; de casi el 11 por ciento; y la italiana ENI, de cerca del 8 por ciento.

Sin embargo, en este último mes, la corrección más severa entre las principales petroleras mundiales la está ‘sufriendo’ Repsol, que acumula una caída del 18 por ciento.

Acelerar la transformación

Los inversores están virando sus preferencias en el mercado energético, metiendo así presión a las compañías para que aceleren sus procesos de transformación, de desinversión en activos ligados a los combustibles fósiles y eleven el peso en su actividad de los negocios renovables.

Un proceso que no sólo se circunscribe a las exigencias legales que está marcando Bruselas, sino que también tiene un trasfondo de presión accionarial. Aunque, en el momento en el que abandonen las inversiones, como sucederá con Maine, esa presión interna aflojará.

Basta recordar lo ocurrido este año con las junta de Exxon, que se saldó con la ‘revolución’ en su consejo impulsada por el pequeño fondo activista Engine No.1, que logró colocar a tres miembros en su dirección, proclives a acelerar el cambio hacia el negocio verde.

También, la tensa junta del grupo francés Total, que tenía que aprobar su nueva hoja de ruta hacia las renovables. “No podemos dejar de invertir en refinerías, de aquí a 2050 porque va a seguir habiendo coches, de gasolina y diésel”, aseguró en esa junta su presidente y consejero delegado Patrick Pouyanné.

Hoy, el CEO de Total y todo el sector ya saben que, en la Unión Europea, a partir de 2035, ese negocio tiene los días contados y, como el resto de petroleras que operan en la UE, tiene 15 años para reinventarse.

Con una fecha de caducidad marcada, además, sus activos petroleros, tienden a ir perdiendo valor a largo plazo.

Un mes de luces y sombras para Repsol

En el detalle de Repsol, de momento, estos inversores activistas no se han hecho acto de presencia en su capital.

Mientras, la acción del grupo energético se sitúa a mediados de julio en los 9,3 euros. Precio que está un 18% por debajo de los máximos alcanzados hace sólo un mes, cuando rebasó la barrera de los 11 euros, su mejor valoración en el parqué en el año y comparable a los niveles previos a la pandemia.

En lo que va de año, Repsol sigue en positivo, con un repunte de más del 12% respecto al cierre de 2020. Ese año, marcó mínimos de los últimos ejercicios, quedándose ligeramente por encima de los 5 euros por acción.

Desde entonces, la compañía dirigida por Josu Jon Imaz ha recuperado terreno. En abril comunicó que dejaba atrás los ‘números rojos’, tras ganar 648 millones de euros en el primer trimestre, frente a las pérdidas de 487 millones reportadas en el mismo periodo del año pasado.

Y este 7 de julio abonó dividendo, de 0,3 euros por acción, que le ha conllevado un desembolso de 458 millones de euros, y cuyo descuento ya se refleja en la acción. Este mes también ha sido clave para la energética porque ha lanzado el primer bono vinculado a la sostenibilidad de las cotizadas españolas (‘Sustainability Linked Bonds’ o SLB en sus siglas en inglés) por un importe total de 1.250 millones de euros, aunque su demanda alcanzó los 2.900 millones.

Un bono que está directamente vinculado a que Repsol consiga transformar su negocio porque, el SLB incluye el objetivo de reducción del Indicador de intensidad de emisiones de carbono del 12% para 2025, de un 25% para 2030 y de un 50% en 2040.

Repsol tiene así que pisar el acelerador en renovables, pendiente también de definir su plan estratégico, que contempla inversiones de 18.300 millones de euros de aquí a 2025. No todas en renovables porque, a iniciativas bajas en carbono, destinará el 30% del total de esa cifra, 5.500 millones de euros.

Y, en este mes, la compañía también ha visto en cuestión su ESG, en concreto la G del buen gobierno corporativo, con su imputación, como sociedad, por los presuntos trabajos de espionaje encargados al excomisario de policía José Manuel Villajero. Una situación en la que ya se encontraba su presidente no ejecutivo, Antonio Brufau.

La próxima cita con los inversores, salvo cambios, será este 29 de julio, cuando presente sus resultados de la primera mitad del año y arroje, previsiblemente, luz sobre le marcha de sus planes de transformación hacia las renovables.