La subida de tipos atropella a España con 12.000M€ más en intereses por su deuda pública

La deuda pública de España tendrá consecuencias para los presupuestos generales del Estado. De acuerdo con la AIREF, teniendo en cuenta los tipos implícitos actuales de la deuda española (los que se pagan en mercado), el efecto del encarecimiento de los bonos supondrá una carga de intereses adicionales para España de 12.000 millones hasta 2025.

Éstos se suman a los 20.000 ya comprometidos por el mismo concepto entre 2022 y 2025.

Son los cálculos que este martes compartió la presidenta de la AIREF, Cristina Herrero, durante su intervención en el Curso de Verano de la APIE y de la Universidad Menéndez Pelayo en Santander; en un contexto más complicado para la economía española por la presión inflacionista y el encarecimiento de la financiación.

Así, respecto a su último informe, la AIREF ya percibe un aumento en el tipo medio de emisión por encima de los 100 puntos básicos elevaría 3 décimas la previsión del tipo implícito (hasta el 2,3 por ciento) y en cuatro décimas de PIB la carga financiera (hasta el 2,4 por ciento).

La carga financiera subirá hasta el 2,4% del PIB con el encarecimiento de la deuda

Aunque la inflación está permitiendo también aumentar la recaudación (por cada punto adicional de inflación los ingresos del Estado se incrementarían en unos 2.000 millones), el incremento de la carga financiera es un factor que debería acelerar los esfuerzos por reducir la deuda, pero no es el único.

De acuerdo con la AIREF, la crisis ha incrementado el déficit estructural en 0,5 puntos; y las previsiones fiscales actuales "evidencian una posición de fragilidad y vulnerabilidad que puede resultar insuficiente para estabilizar la deuda pública".

Para la AIREF, es necesario que se tomen medidas adicionales para que la corrección del endeudamiento sea efectiva.

De hecho, cree incluso que el saldo a pagar podría elevarse más a partir de 2025, "en un escenario de políticas constantes", de acuerdo con el supervisor. Así para estabilizar la ratio de deuda en el entorno el 100 por cien del PIB en 2040, según la AIREF se requeriría una reducción del saldo primario de, al menos, una décima de PIB al año.

Situar la ratio en el 80 por ciento del PIB en 2040 requeriría una reducción mayor, de 0,35 puntos, alcanzando el equilibrio presupuestario en 2035 y manteniendo un gasto en intereses contenido en torno al 2,5 por ciento del PIB.

Y no hay que olvidar el efecto positivo que adoptar medidas puede generar.

"Es muy importante contar con credibilidad en los mercados", insistió Cristina Herrera, que puso como ejemplo la intervención del Banco Central Europeo (BCE) que, tras anunciar que actuaría contra la fragmentación de la deuda española, logró una relajación de los intereses exigidos en mercado la semana pasada.

Justo el día antes, Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Economía, había dejado en manos de la recuperación económica la reducción del endeudamiento público.

Mensajes de sobriedad

La AIREF no ha sido la única institución que ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que plantee reformas para asegurar que la deuda se reduce.

El lunes fue el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien pidió un esfuerzo adicional de contención del gasto público, sin que necesariamente haya que afectar a los servicios.

Garamendi cifró en 60.000 millones los ahorros que podrían lograrse con la reducción de duplicidades entre ayuntamientos y comunidades; es decir, con una optimización del Estado.

El presidente de los empresarios españoles cree que son medidas especialmente necesarias "en un momento en que necesitamos financiarnos en el mercado y cuando el BCE ha estado comprado un 50 por ciento de nuestra deuda".

Garamendi duda de que Alemania u Holanda vayan a respaldar una subida de las pensiones del 8%

Por ello, también recomienda contención con las revisiones salariales y de pensiones.

"Veo muy complicado que mis colegas de Alemania o Holanda vean con buenos ojos un incremento de las pensiones del 8 por ciento", señaló Garamendi. "No podemos hacerlo si queremos que nos financien", insistió.

El gasto en pensiones podría elevarse en 18.000 millones anuales si se traslada la subida de la inflación a las pensiones y se tiene en cuenta la incorporación de los baby boomers jubilados.

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