Investigada la concejala de Movilidad de Barcelona por la adjudicación de las motos eléctricas
La empresa Global Mobility Sharing es la que ha presentado denuncia ante el Ministerio Público por delitos de prevaricación o malversación, entre otros
Las demandas a la Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona por su gestión en la adjudicación del servicio de motos eléctricas y actuaciones judiciales se siguen sucediendo y ahora es la Fiscalía la que ha abierto diligencias de investigación para determinar si existe delito en la actuación de Rosa Alarcón, concejala de Movilidad, y Manuel Valdés López, gerente adjunto de Movilidad e Infraestructuras, a la hora de conceder las licencias y favorecer, presuntamente, a algunos de los operadores.
La empresa Global Mobility Sharing es la que ha presentado denuncia ante el Ministerio Público por delitos de prevaricación, falsedad documental, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
En la denuncia interpuesta se considera que existen "irregularidades referentes a las actuaciones y omisiones engañosas y fraudulentas llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Barcelona desde el año 2016 hasta hoy, al haberse omitido de forma dolosa actuaciones para beneficiar a empresas del sector de la movilidad personal, así como actuaciones llevadas a cabo para intentar blanquear actuaciones ilícitas y provocando actos ilícitos a favor" de estas sociedades e "impidiendo de este modo el acceso a nuevas empresas en el sector".
En la demanda, representada por el abogado José María Fuster-Fabra, se apunta que Ecooltra y Acciona son las empresas "que gozan de una posición de dominio abusivamente privilegiada", ya que "desde el 2016 venían operando en el ámbito de la obra pública, y que en los últimos años habían saltado al ámbito de la movilidad eléctrica compartida, en concreto al de las motos, pero de forma ilegal gracias a la actuación fraudulenta de determinados empleados públicos del Ayuntamiento de Barcelona, que les han permitido circular y aparcar sus vehículos eléctricos sin exigirles licencias y sin pagar tasas por la ocupación lucrativa de las calles de Barcelona".
La denuncia de Global Mobility Sharing también recoge un presunto trato de favor y argumenta que, durante este tiempo, el Consistorio tampoco sancionó a estas empresas "por incumplir la prohibición de estacionamiento que recoge la Ordenanza municipal". "Al mismo tiempo, desde finales de 2018 hasta la actualidad, en flagrante contraste, y de forma discriminatoria y arbitraria, la Gerencia sí sancionaba y decomisaba masiva y sistemática los vehículos de otras empresas de sharing, las de patinetes eléctricos, por no tener las mismas licencias de ocupación que nunca exigió a las empresas de sharing de motos", añade.
Por ello, considera que la actuación tanto de Alarcón como Valdés ha servido "para proteger un oligopolio ilegal de determinadas empresas que empezaron a operar en Barcelona con motos de uso compartido con anterioridad a la adjudicación de licencias".
Más licencias de las adjudicadas
La empresa denunciante también señala que desde el Ayuntamiento se permite presuntamente que las grandes empresas mencionadas puedan operar con un número de licencias superior a las adjudicadas y que la resolución emitida por Movilidad de aumentar el número de licencias para motos compartidas en más de 3.000 solo son un “blanqueo” para consolidar este "fraude" que la ordenanza castiga como "sanción grave".
Este aspecto se suma al recurso que también presentó Tucycle Bikesharing contra dicha resolución y del que el juzgado de lo contencioso número 13 de Barcelona ha admitido las medidas cautelarísimas solicitadas.
En la denuncia también se considera que los grandes operadores disfrutaron de una “situación privilegiada” durante cuatro años lo que les da una ventaja competitiva.
"Estas empresas, que con el beneplácito del Ayuntamiento en contra de la legalidad, tienen una mayor flota, acaban imponiéndose eliminando al resto de empresas, alcanzando una situación de monopolio u oligopolio, sin competencia real, la calidad de los servicios cae, se produce una elevación de los precios en perjuicio directo al interés general y a las arcas públicas", se destaca y añade que el Consistorio permitió cuatro años la "forma fraudulenta de operar a estas empresas".
